POLÍTICA

La UPEA se radicaliza y presiona por anular una ley presupuestaria


Desde su encierro, el oficial Casanova alega que no disparó. Dos diputados apoyan que el cardenal sea mediador

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reapareció junto al presidente Evo Morales en un acto en Santa Cruz
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07/06/2018

La asamblea de docentes y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) radicalizó su postura, ratificó que solo dialogará con el presidente Evo Morales y ahora pidió involucrarse a los dos presidentes de las cámaras legislativas. Según la UPEA, la cita debe darse en los predios de la universidad. Los universitarios piden que se anule la Ley N.º 195, que limita los ingresos que perciben por coparticipación.

Los cuatro puntos de la asamblea son: diálogo con los presidentes de las dos cámaras en la UPEA; la renuncia de los ministros de Gobierno, Economía y Educación; la renuncia del Alto Mando policial de El Alto; y ‘socializar’ los problemas con las juntas de vecinos y no con la dirigencia de COR ni Fejuve.

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Pero el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, calificó como un fracaso la movilización y dijo que la docencia y dirigencia de la UPEA debe negociar sin condiciones y que los ministros designados escucharán las demandas universitarias.
Al mismo tiempo, ayer los diputados Édgar Montaño (MAS) y Gonzalo Barrientos (UD) sugirieron que sea el cardenal Toribio Ticona quien oficie de mediador en el conflicto, para avanzar en la solución del tema.

Sin embargo, el ministro de Economía, Mario Guillén, descartó cambios en la Ley N.º 195 y dijo que cualquier modificación significaría la reducción de los presupuestos del resto de las universidades. Esta ley promulgada en 2011 manda a compartir recursos entre la UMSA y la UPEA.

Los indicios de la Felcc

Paralelamente a las acciones de la UPEA, en la Felcc, el director de esta entidad, coronel Jhonny Aguilera, detalló que ellos tienen cinco indicios que colocan al subteniente Cristian Casanova como el único responsable del disparo que acabó con la vida del estudiante Jonathan Quispe.

“Esta patrulla solo tenía una escopeta y el subteniente era el que portaba el arma; la escopeta que le entregaron tenía adosado un tromblón que hubiera impedido la eyección hacia fuera de un proyectil; las pruebas de hematología refieren que el disparo fue en la calle Martín Cárdenas; el estudiante es socorrido dentro, eso significa que fue herido fuera; finalmente se hicieron pruebas y se constató que la única forma de hacer ese daño es con disparo de arma de fuego”, explicó el coronel Aguilera, hundiendo más a Casanova.





Explicó también que existen videos y fotos de cuando Casanova se bajó de la moto en la que estaba y cruzó la avenida Juan Pablo II, ingresó a la calle 11 de Junio y salió hacia la calle Martín Cárdenas, donde realizó el disparo letal.

Pero la prueba más concluyente, según él, es el informe que realizó Casanova ante la propia Policía, donde indicó que no había disparado todas sus canicas y admitió que él fue el autor del disparo el 24 de mayo, durante la represión policial en El Alto. 

Inocente
El oficial acusado, Cristian Casanova, desde su encierro ratificó las declaraciones de su abogado: “Yo ya le dije a mi abogado mi versión, eso es”, atinó a decir cuando fue consultado sobre el disparo. El joven oficial está recluido en la sección Posta del penal de San Pedro.

No es posible ingresar porque no es día de visitas, entonces la breve entrevista se realiza en la reja que separa la sección de la gente que llega; afirma que no hará ningún tipo de declaración y en menos de tres minutos agradece y vuelve a su nueva rutina de prisión.

Los detalles

Juicio a Romero
El director jurídico del Ministerio de Gobierno desmintió que la Fiscalía hubiera admitido la querella de la familia.

Querella adelantada
El director jurídico del ministerio, Filemón Sandoval, dijo que Carlos Romero presentó la denuncia de ese hecho cuatro días antes de señalar a Casanova como responsable.

La fiscalía
La Fiscalía decidió cerrar la información sobre este caso y el fiscal departamental Edwin Blanco evitó todo contacto con los medios y provocó protestas.





 




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