La ONU aplaza a Evo porque hay más coca en Bolivia

La Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNODC) presentó ayer en La Paz el informe anual 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que en su contenido aplazó el aumento de cultivos de coca concedido por la nueva ley de la hoja, la alta incautación de precursores y la presencia de laboratorios de cristalización de cocaína, lo que se reforzó con la admisión del Gobierno de que Bolivia se ha convertido en un centro de purificación de esa droga para la exportación a Brasil y a Europa.

La JIFE instó al Gobierno a aplicar políticas eficaces y a ser “proactivo en la eliminación de cultivos excedentarios de coca, dado su carácter ilícito, así como adoptar medidas decisivas para hacer frente a la producción y tráfico de cocaína”, recomendó el informe.

Manifestó preocupación porque con la nueva ley de la coca, aprobada en 2017, la producción casi se ha duplicado con relación a lo que estipulaba la ley 1008. Denunció que la racionalización se ha reducido en la última gestión, y que consecuentemente aumentó la cantidad de la hoja para fines ilícitos.

El Gobierno, a través del viceministro de defensa social, Felipe Cáceres, defendió el trabajo de interdicción y prometió que este mejorará. Admitió el incremento de cultivos en el último año pero lo endilgó a los productores yungueños.

La JIFE hizo notar que aunque lejos, pero el país sigue a Colombia en la incautación de precursores para su elaboración. Ante eso, Cáceres admitió que Bolivia es país tránsito de cocaína base, pero que los narcotraficantes  han convertido el territorio nacional en un centro de purificación de esta droga para exportarla a Brasil y también a Europa.

El informe fue presentado por el encargado de la oficina de la Unodc en La Paz, Thiery Rostan. La JIFE  reclamó porque los cultivos de coca llegaron hasta 23.000  hectáreas, cuando la ley 1008 establecía un techo de 12.000 a escala nacional.

El viceministro señaló que el Gobierno tomó nota sobre esta observación, pero recalcó que no es correcto tomar como parámetro la medición que se realizó para la ley 1008. 

“Parecería que de 12 mil a 23 mil registradas el año pasado hubiera un enorme incremento del 90%, pero en realidad esa norma se basa en estudios técnicos de 1978. Llevamos adelante un estudio integral financiado por la Unión Europea y concluido por aportes del Tesoro, que el 2014 arrojó que en el país se requieren 14.700 hectáreas, pero de acuerdo a proyecciones realizadas por el observatorio boliviano de drogas, el año pasado en el país, por el crecimiento demográfico, requerimos más de 17.160 para satisfacer la demanda”.

La JIFE, en su informe, sí tomó en cuenta ese estudio, y resaltó que la cantidad de hoja de coca que en 2012 se consideró suficiente para satisfacer la demanda para el consumo tradicional era de 23.219 toneladas anuales, que podían obtenerse  de las 14.700 hectáreas.

Por ello, la junta reportó que en 2016 “la superficie total de cultivos para fines ilícitos se estimó en 23.100 hectáreas, lo que supone un incremento del 14% con respecto a 2015”, y que “en 2016, la producción potencial de hoja de coca secada al sol se estimó en 38.000 toneladas”, 14.781 toneladas más que las fijadas en el estudio, “con lo que el volumen total de hoja de coca comercializado en los mercados para usos tradicionales alcanzó 21.952 toneladas, 751 toneladas más que en 2015”.

Cáceres replicó: “reconocemos que hubo un aumento de cultivos de coca de 22.100 hectáreas el 2015 a 23.100”.

Sin embargo, apuntó a un sector cocalero paceño que en el último tiempo se alejó del oficialismo y pasó al bando opositor. “Hablo de la federación de La Asunta, en Yungas de La Paz. Esta es la gran diferencia que confrontamos actualmente con los dirigentes de la asociación de productores de esa zona, aglutinados en Adepcoca”. 

Resaltó que sus dirigentes, especialmente el principal, Franklin Gutiérrez, “desconoce las leyes bolivianas y exige que se reconozca a esos nuevos productores, cosa que no haremos”.

Anunció que en La Asunta se instalaron seis campamentos con 700 militares erradicadores y 120 policías que darán seguridad a la erradicación que comenzará el martes próximo.

Este medio intentó comunicarse con Gutiérrez, pero el dirigente no respondió su celular.

Centro de purificación

16 países notificaron, según la JIFE, incautaciones de permanganato potásico por un total de 858 toneladas en 2016.
Colombia representó más del 99% de la cantidad incautada. “En Bolivia ascendieron a dos toneladas el año pasado, mientras que en los demás países no superaron los 100 kilos”.

En el país, “el número de laboratorios de cristalización desmantelados disminuyó ligeramente, de 73 en 2015 a 68 en 2016, agregó el reporte.

El viceministro Felipe Cáceres aseveró que la nueva ley 913 sobre el tráfico ilícito de sustancias químicas ya tiene reglamentación, “y en este momento la cartera que dirijo elabora el procedimiento de actualización de la lista de sustancias prohibidas. Tras actualizarla, el grupo de investigación especializado iniciará la fiscalización de los precursores”, aseveró.

Sin embargo, dijo que Inteligencia informó que en los laboratorios, con el uso de precursores, se obtiene cocaína de máxima pureza. “Hoy somos un país tránsito, pero esa droga se refina en la Amazonia boliviana, se refina y de ahí sale para Brasil y Europa”, confesó. Aseveró que su despacho “no mira este hecho de palco, adoptamos medidas bajo cooperación con países limítrofes”, con operativos para evitar los puentes aéreos que transportan esa droga.

PARA CONOCER

¿Qué es?
La JIFE es un órgano independiente encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas.

Pedido
La JIFE ha pedido la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) para la difusión de su Informe 2017.

Acción
El Informe 2017 examina la situación mundial del control de drogas, centrándose en el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social por trastornos relacionados con el consumo de drogas como componentes esenciales de la reducción de la demanda.