POLÍTICA

La Fiscalía cita a declarar a 12 personas por caso mochilas II


Los investigadores allanaron dos direcciones de la Secretaría de Desarrollo Humano. El fiscal departamental Óscar Vera dijo que hay funcionarios y particulares convocados

El martes, fiscales y policías irrumpieron en oficinas de una Secretaría de Cochabamba
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10/05/2018

No pasó ni un mes desde que el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, recibió medidas cautelares de un juez por el proceso que le iniciaron a él y a otros funcionarios por presuntos delitos de corrupción en el caso mochilas, una compra de más de 91.000 bolsos con útiles escolares para distribuir en 2018, y ya existe una segunda convocatoria a declarar ante la Fiscalía para funcionarios municipales y personas particulares por el caso mochilas II. 

Así lo confirmó ayer el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, que, sin embargo, no reveló los nombres de los citados.
“En cuanto a la denuncia que ha sido presentada y ha sido admitida, se tiene un total de 12 personas sindicadas”, informó Vera.
El 23 de abril, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una segunda demanda penal ante la Fiscalía contra el alcalde Leyes, entre otros, por la compra de 91.300 mochilas escolares durante 2017, supuestamente, con sobreprecio.

Asimismo, respecto a quienes son los procesados del caso mochilas II, además de Leyes, el Ministerio de Justicia ha señalado que incluso a entornos familiares. “Todas las personas involucradas (como) familiares cercanos o cualquier particular que tuvieron influencia en los procesos de contratación tienen que ser citados. En algunos casos en grado de autoría o cómplices encubridores”, explicó el representante regional del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga.

En el caso de Oruro

Pero el caso de Cochabamba no es el único: el alcalde de Oruro, Édgar Bazán, también tiene un proceso por la adquisición, presuntamente irregular, de mochilas y será cautelado mañana. 

Sobre el caso, el director de la Procuraduría Departamental de Oruro, Raúl Serrano, recordó que el alcalde fue imputado por un supuesto daño al
Estado de Bs 2.761.360 y  que, con el objetivo de precautelar los recursos económicos del país, se pidió ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N.º 2, la aplicación de medidas cautelares que contemplan la incautación, retención de fondos y anotación preventiva de los bienes de la autoridad municipal. 

Al mismo tiempo, la Procuraduría será coadyuvante en la imputación del Ministerio Público y la solicitud de la detención preventiva del alcalde ante los riesgos de peligro de fuga y obstaculización, informó Serrano.

El caso mochilas de Oruro comenzó con la denuncia de Severo Tórrez por un supuesto sobreprecio en la adquisición de 40.000 bolsos, los cuales se dice que fueron adquiridos de China y no fueron confeccionados en el país.

En el tintero

Caso Mochilas I
El fiscal Óscar Vera informó que se citará por dos edictos a los funcionarios municipales y empresarios que aún no se presentaron a dar su declaración informativa por la denuncia de la compra que hizo la Alcaldía de Cochabamba de útiles y mochilas escolares para este año, con presunto sobreprecio. 

Denuncia amedrentamiento
El dirigente Severo Torrez, que denunció al alcalde de Oruro, Édgar Bazán, dijo que le hacen la “vida imposible” porque el munícipe le inició cuatro procesos judiciales y sufre constante amedrentamiento como represalia.



 




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