POLÍTICA

La Cidob orgánica determina crear defensoría de pueblos indígenas


Originarios disidentes afirman que las consultas previas son manipuladas por los gobiernos de la región. Otro sector denuncia fines políticos y le quita legitimidad


El representante de la Coica, el ecuatoriano Tuntiak Katan, participó del acto. Estuvo acompañado por Adolfo Chávez (izq.) y Tomás Candia (der.). Foto: JORGE IBAÑEZ
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17/05/2019

La Confederación de pueblos indígenas de Bolivia (Cidob) orgánica y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica) determinaron ayer, en Santa Cruz de la Sierra, la creación de un equipo jurídico nacional e internacional para la defensa y restitución de los derechos de pueblos indígenas y originarios. La medida se replicará en los nueve países que conforman la Coica.

La reunión, denominada Encuentro nacional de derechos de pueblos indígenas y consulta previa, libre e informada, tendrá su última sesión hoy en el Coliseo de la Villa Primero de mayo. De ella participan dirigentes indígenas de todo el país.

El coordinador del evento y encargado de Relaciones Internacionales de la Coica, Adolfo Chávez, aseguró que el encuentro responde a una preocupación de los indígenas, porque los gobiernos de la región han minimizado los estándares de la consulta previa y persiguen a los líderes y lideresas indígenas.



Para Pedro Vare, presidente de la Cidob oficialista, la que congrega actualmente a la mayor cantidad de dirigentes, el encuentro no tiene representación orgánica y legítima de los pueblos. “Hemos avanzado con el proceso de cambio y lo continuamos haciendo con políticas de desarrollo sostenible en favor de los indígenas”, dijo.

Decisiones

En uno de los puntos, los participantes del evento acordaron la creación de la defensoría de derechos indígenas, que estará conformada por un equipo de profesionales abogados especializados en derecho indígena para la defensa y restitución de derechos de líderes y lideresas, derechos individuales y colectivos de pueblos y naciones originarias en procesos de consulta previa.

Según Chávez, en el caso de Bolivia, la normativa vigente posibilita al Estado usar mecanismos para manipular a su conveniencia los procesos de consulta.



“Nos dan el plazo de 40 días para que lleguemos a un acuerdo y, en caso de no llegar a un consenso, el Gobierno tiene herramientas represoras para hacer una consulta forzosa”, denunció Chávez, que se encuentra en Ecuador donde se refugió después de enfrentar un proceso judicial por la rendición de cuentas de proyectos del Fondo Indígena.

De la misma manera, el representante de Ecuador y vicepresidente de la Coica, Tuntiak Katan, aseguró que “las consultas previas en los países de la región, lejos de ser libres e informadas, como establecen las leyes y tratados internacionales, son inconsultas, impuestas, maniatadas y no responden a los requerimientos y decisiones de los pueblos indígenas, imposibilitando el ejercicio de su autodeterminación, basada en su cosmovivencia”, explicó Katan.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apbhb), Amparo Carvajal, adelantó que al término del evento se firmará un documento donde los asistentes reafirmarán su lucha por la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de la región.



 




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