POLÍTICA

Ejecutivo de la CIDH contradice a plataformas sobre la opinión consultiva


Paulo Abrao, secretario de la Comisión, asegura que no recomendó nada a los opositores, pero Eduardo Gutiérrez, activista, ratifica que les explicó que sería más rápido si se solicitaba a través de los estados garantes de la Constitución


La CIDH realizó una sesión abierta para que quien lo solicite tenga dos minutos y pueda expresarse
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14/02/2019

Era una reunión reservada y el protocolo le exige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a no pronunciarse sobre los temas internos del país que los recibe. Por eso, tras publicarse que las plataformas que defienden el voto del 21-F habían decidido recurrir a los países garantes de la Constitución boliviana para que consulten a la Corte Interamericana si la reelección indefinida era parte de los derechos políticos de su Carta Democrática, Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la comisión, usó el Twitter para aclarar que ellos no se lo habían recomendado. “Recibimos hoy la Plataforma 21F #Bolivia. Explicamos que la CIDH sigue evaluando la propuesta de Opinión Consultiva. Ante consulta sobre la pertinencia de que otros países la soliciten, se les informó que no cabe a la CIDH hacer recomendación al respecto”, tuiteó casi a la medianoche del martes. Sin embargo, Eduardo Gutiérrez, cabeza de la delegación de las plataformas que se reunió con Abrao, aseguró que sí les explicó los dos procedimientos.

Ya desde Santa Cruz, Gutiérrez explicó que le dijeron a Abrao que no se limitaban a los documentos ya presentados a la Comisión para lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dé su opinión sobre las reelecciones sin restricción a través de la Carta Interamericana, una a través de los documentos que estaban presentando y otra tratando de convencer a Iván Duque, presidente de Colombia, o a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Según Gutiérrez, Abrao les explicó que por carga procesal y procedimientos, lo que le lleva años a la comisión (tratar los temas en plenarias que se realizan cada tres meses y luego pasarlos a la Corte), los presidentes, con sus equipos, lo podían conseguir en dos o tres semanas.

“Me imagino que le han de haber llamado la atención”, dijo.
No fue la única controversia que se levantó ayer por la mañana. Héctor Arce, ministro de Justicia, aseguró que los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe no habían tenido una reunión con la presidenta de la Comisión. Desde La Paz, Arce aseguró que ninguno de los siete comisionados de la CIDH recibió a dirigentes de la oposición y pidió a los diputados que no falten a la verdad. La noche del martes, Santamaría y Quispe se encontraron en el lobby del hotel con la presidenta de la Comisión e intercambiaron palabras por unos minutos. Los diputados salían de su reunión con Abrao, al que preguntaron por un recurso presentado ante la comisión en 2017 y una copia del cómputo final del referendo del 21-F.



Guerra de posiciones

La controversia se coló ayer a la sesión abierta de la Comisión Interamericana. Para el final de la tarde estaba prevista la audiencia pública de la CIDH, un encuentro con la sociedad en el que cualquiera que lo solicitara iba a tener dos minutos para hablar ante los siete comisionados. Se inscribieron 90 personas. Lo que tenía que durar 90 minutos, se extendió por tres horas y fue un escenario en el que la oposición política a Evo Morales se enfrentó contra las organizaciones sociales que forman parte de Pacto de Unidad.

En la otra sala estaba Manuel Saavedra, de Bolivia Dice No, denunciando la vulneración de la voluntad popular del referendo del 21-F ante la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera; estaba también Eduardo León, que aseguró que, por haber sido abogado de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Morales, se lo persiguió políticamente, se lo encarceló y que hasta ahora le devuelven su título de abogado. Estuvo Juan Cardoso, hermano de José Luis, uno de los universitarios muertos en La Calancha el 24 de noviembre de 2007, cuando se escribía la Constitución. Denunció que el caso de violencia política no pasó de la etapa investigativa.

Cada tanto, aparecía un dirigente indígena, campesino o laboral para resaltar los logros del Gobierno. Hubo quien hizo una relación de cuánto había subido el salario mínimo durante las presidencias de Morales. Fue Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la COB. El apumallku del Conamaq utilizó su minuto y medio para declarar al presidente el candidato de su organización para las elecciones de octubre, mientras otros dirigentes, antiguos masistas que cayeron en desgracia, denunciaban persecución judicial, discriminación y falta de acceso a la tierra y al territorio. Cada tanto salía de la sala un grupo de activistas del 21-F protestando: “Vivimos en el país de las maravillas”, “esto no sirve para nada”, decían quejándose por el espacio dado a los oficialistas.



Hubo un solo momento en que todo el auditorio se unió. Fue cuando un grupo de niñas de Cochabamba expuso las cifras de abusos sexuales a niñas y adolescentes menores de 18 años: una de cada tres. Reclamaron la extinción de las causas a los tres años, ya que las víctimas no se extinguen, tienen que vivir con ello el resto de sus vidas. Ahí hubo un aplauso unánime, de pie, cerrado. Fue el único y fueron las únicas que consiguieron una promesa de la Comisión: Hacer seguimiento a los casos.

Sacando la política, los temas recurrentes de los que hicieron uso de la palabra fue la violación de derechos indígenas y campesinos para megaobras, como las represas El Bala, Chepete y Rositas, la explotación de petróleo en parques como el Abaragüe y Rositas y la poca atención del Estado boliviano a los derechos de la población LGTBI. Los reclamos no solo fueron contra el Gobierno central, de quien reclaman que adopte la convención interamericana contra toda forma de discriminación, una ley de uniones civiles y que sancione el acoso y la discriminación que vienen de grupos religiosos, sino también que bajó a niveles subnacionales, como la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Un activista denunció al Concejo, por haber desechado un proyecto de ley que presentaron porque no iba con sus costumbres.

Cuando terminó todo, a las 21:00, los activistas de derechos humanos estaban que echaban fuego por la boca. La más molesta de todos era Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La mujer, de 80 años, bastón en mano, aseguraba que la sesión era una vergüenza. “Una vergüenza que la Comisión interamericana haya terminado concluyendo que esto es la democracia, que esto es la libertad de expresión. Realmente ha sido una experiencia vergonzosa para el pueblo. Dijeron que estábamos en el país de las maravillas. Todo lo que he escuchado han sido mentiras. Ha sido una reunión masista realmente. Una comisión internacional no está siendo libre y para mí es fundamental”, dijo, mientras otra activista repetía detrás que había sido un saludo a la bandera.