BOLIVIA

La CIDH admitió la demanda contra Bolivia por el caso terrorismo


El confuso episodio registrado en 2009 en el hotel Las Américas es un caso que aún la justicia boliviana no ha cerrado. El ministro Romero cree que la CIDH pretende juzgar a Evo por salvar la unidad de la patria


En el hotel Las Américas se realizó el operativo policial que terminó con la vida de supuestos separatistas. Foto: Archivo
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03/04/2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió la denuncia contra el Estado boliviano por la violación de los derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial de tres extranjeros en el denominado Caso terrorismo, que tuvo lugar en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la resolución de la CIDH fue rechazada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, con el argumento de que "es un caso de la justicia boliviana, que es la que actúa primero en resguardo del interés boliviano".

Este martes se conoció el informe de admisibilidad aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2018, cuya decisión fue notificada al Estado boliviano a inicios de marzo. El pedido fue presentado por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos, según publica Erbol. Tádic fue detenido durante el asalto al hotel y estuvo casi cinco años preso hasta que, mediante un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable y fue liberado.

La admisión de la Comisión puede derivar en la apertura de una causa contra el presidente Evo Morales, como máxima autoridad del Estado boliviano, por crímenes de lesa humanidad. No obstante, el ministro Romero aseguró que equivale a "pretender juzgar al presidente porque salvó la unidad de la patria, porque se enfrentó a peligrosos separatistas", según la agencia ANF.

El caso  

Según la CIDH existen elementos que señalan que en lo sucedido en el hotel Las Américas se incurrió en ejecución extrajudicial, detención indebida, secuestro judicial, precedida de torturas para obtener testimonios, confesiones que sumadas constituyen serias violaciones a los derechos humanos.

A su vez, Romero calificó los hechos del denominado caso terrorismo como "un pasaje negro de la historia de este país".

En Bolivia este confuso episodio registrado en abril de 2009 ha sido denominado por la justicia y conocido por los bolivianos como Caso Terrorismo. El 16 de abril de ese año agentes policiales tomaron el hotel Las Américas, ubicado a pocas cuadras de la plaza central de Santa Cruz, y en ese operativo fueron ejecutados: el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa; el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó fueron encarcelados y después de seis años, en 2015, obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado en el que se declararon culpables.

Cómo sigue el proceso

El exjuez Luis Tapia Pachi explicó, en contacto telefónico con EL DEBER, que las siguientes etapas son de orden procedimental. “Admitieron (la demanda) porque existen pruebas. La CIDH investigará, el Estado debe contestar y demostrar lo contrario”, indicó.

Las pruebas están en Bolivia y las partes también deben proveerla. En este caso, Tapia Pachi detalla que el victimador es el Poder Ejecutivo y las víctimas son los que fueron ejecutados. “El Estado tendrá que demostrar que la denuncia no es legal”, dijo.

El procedimiento es bastante largo, según explicó, a veces se llama a conciliación de la partes, pero el proceso continúa hasta una resolución, una sentencia. En el caso hipotético de hallar culpable al Estado bolivianos de las acusaciones, “habrá una sanción fuerte, económica y moral. El Estado es el paga”, detalló.

Sobre el denominado Caso terrorismo, Tapia Pachi, como juez natural de la causa, aseguró que existe una falla procedimental porque no se cumplió con los pasos legales, no se resolvió la jurisdicción de la competencia. “El ciudadano tiene derecho al juez natural y las garantías constitucionales”, dijo, porque el caso radica en un juzgado de La Paz.

 

 



 




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