POLÍTICA

La Aduana nacionalizó el avión jet a existir un reclamo de su apoderado legal


La operadora de la nave nombró un apoderado legal que en marzo de este año envió una carta a la entidad para saber el motivo del precintado.  Esto contradice la versión oficial de que nadie reclamó el jet

Por instrucción de la DGAC, el parlamentario Tomás Monasterio no ingresó a El Trompillo
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Hace 4 días

El caso del avión decomisado por la Aduana la anterior semana se transforma en una ‘papa caliente’ para el Gobierno. Ayer, la administración aduanera confirmó la nacionalización del jet de lujo. La justificación fue que entre enero y marzo de este año ningún representante se acercó para regularizar la situación de la nave.

Sin embargo, unos documentos presentados por del diputado opositor Tomás Monasterio, fechados entre el 21 y 27 de marzo de 2018, demuestran que los representante legales del avión hicieron el reclamo formal para recuperarlo.

La nave, un Gulfstream GIII con matrícula N557JK, llegó al  país según registro oficial el 7 de abril de 2017. Ingresó al aeropuerto de Viru Viru, supuestamente transportaba a misioneros cristianos y llegó desde Cozumel (México).

Se preveía que despegaría el 9 de abril, pero no lo hizo por fallas de presurización, se quedó por más de un año en el país.
En ese tiempo la empresa, Global Exec Aviation, operadora del jet pagó el pernocte a Aasana.

Pero incluso la internación legal de esta nave, en primera instancia,  fue negada por las autoridades  que manejaron la tesis de que el avión entró ilegalmente al país.

Incluso un alto funcionario del Estado dijo que desde el  Gobierno se realizaría una denuncia internacional para saber quiénes eran sus propietarios.

Pero esta tesis se derrumbó con la aparición de facturas y documentos en los que figuran los apoderados legales de la aeronave. 
 
Cartas complican al Estado

Pero, ¿qué dicen las cartas enviadas por los apoderados del avión a la autoridades nacionales?
La primera fue enviada por  Ramón C. Manríquez, presidente de Global Exec Aviation LLC, el 21 de marzo de 2018. En ella nombra como apoderado legal de la compañía a Alberto Samuel Soto de La Vía, para que  se pueda apersonar ante la Aduana  para regularizar la situación de la nave. 

Además, con esta misiva, la compañía le da potestad a esta persona para que “lleve a cabo todas las gestiones necesarias para el retiro de la aeronave (...) que se encuentra en el aeropuerto El Trompillo en calidad de prenda aduanera”. El otro documento presentado por Monasterio, es  una carta que envía el representante legal Global Exec Aviation, en Bolivia, Alberto Samuel Soto La Vía el 27 de marzo de este año, dirigida al administrador aduanero de Viru Viru, Jesús Salvador Vargas.

En la misma, Soto hace notar que técnicos de la firma a la que representan fueron impedidos  de realizar reparaciones en el interior de la nave porque se encontraba precintada por la Aduana. 

Luego Soto cierra la carta pidiendo “respetuosamente” el motivo del precintado de la nave. 

“Si es que se inició algún tipo de procesos (...) me haga conocer el número de caso, el estado en el que se encuentra y en donde se tramitan los mismos”, dice el representante en la misiva. 

Y luego, sostiene que esta petición se hace amparado en el derecho a petición que está consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado.

Para Monasterio, estos documentos demuestran que la entidad aduanera miente y supo todo el tiempo el nombre de los titulares de la aeronave. 

“Seguimos en la lógica de mentirle a la población. Estos documentos están en los archivos y datos de la Aduana”, precisó.

Cuestionó que la entidad estatal afirmara que entre enero y marzo nadie se presentó a reclamar la aeronave. “Entonces, de donde sale este memorial al 27 de  marzo y la petición que hace el representante legal”,  matizó. 

Por otro lado, el legislador denunció que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) prohibió su ingreso al aeropuerto de El Trompillo para fiscalizar el jet lujoso varado desde abril de 2017.

“Hemos sido informados que por instrucción expresa y directa de la DGAC no podemos ingresar al predio”, denunció Monasterio, al salir del despacho del jefe de la terminal área de Santa Cruz. 

No responde sobre documentos
Se consultó a la Aduana sobre la aparición de estos nuevos documentos, pero desde la entidad evitaron responder la consulta.
Pero ayer, en horas de la mañana, el gerente de fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), José Blacud, señaló que el jet incautado en el aeropuerto El Trompillo ya fue nacionalizado y que un proceso iniciado por el Ministerio Público despejará las dudas sobre su estadía en el país. 

“En el proceso, que está en la Fiscalía, ellos (los dueños) tienen un periodo de investigación donde se les garantiza el debido proceso y seguro han debido presentar la documentación con la que cuentan y el fiscal es el que resuelve", explicó el personero.
Pese a que desde el Gobierno dan por zanjado el tema las interrogantes siguen en el aire.

¿Por qué un avión de estas características llegó al país?, ¿A qué vino?, ¿Quiénes son sus verdaderos dueños?
Desde el Gobierno central la respuesta se hace esperar.

Cronología

Viernes  6 de julio
La Aduana decomisó el avión y lo transfirió al Ministerio de la Presidencia (luego este lo remitió a la DGAC aduciendo que no tenía la capacidad de mantenerlo), el Gobierno dijo que no tenía conocimiento sobre la aeronave y que supuestamente había ingresado de forma ilegal. 

Sábado 7 de julio
El DEBER reveló que el avión llegó hace un año a Bolivia y que debía dinero a Aasana por el pernocte de la nave.
Domingo 8 de julio
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la Felcn investigaría si el avión tenía residuos de cocaína.

Semana de revelaciones
En lo que va de la semana, salió a luz el registro de ingreso legal de la nave, además de facturas que demuestran que la empresa operadora pagó la estadía por varios meses.

Más revelaciones
Mañana EL DEBER publicará otras revelaciones sobre este caso, puedes leerlas en el suplemento Séptimo Día.



 




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