Investigan al director de la Felcn por presunta extorsión a empresario
El empresario que denunció al coronel Maximiliano Dávila, señala que le pidieron 200 mil dólares extra para cerrar una denuncia por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Otro uniformado con rango de capitán también es procesado
Maximiliano Dávila, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) está siendo sometido a una investigación, luego de ser denunciado por extorsión por el empresario Wilson Sahonero. La Fiscalía ha prohibido al uniformado salir del país.
Parte del requerimiento fiscal de la Policía establece como medida preventiva, que Dávila no podrá gozar de vacaciones, ni ser declarado en viajes de comisión, para garantizar su presencia para que se sustancie el proceso disciplinario.
El requerimiento además dispone que el acusado sea destinado a una unidad de Cochabamba para que se someta a las investigaciones de este caso.
La Fiscalía de la Policía d... by Gustavo Jiménez on Scribd
La denuncia
Dávila y otros efectivos antidroga fueron denunciados por cobrar 300 mil dólares a Sahonero a cambio de cerrar un proceso, supuestamente armado, por legitimación de ganancias ilícitas. El caso había sido abierto el 2015, cuando Dávila era director departamental de la Felcn de Cochabamba.
El empresario asegura que pagó el monto acordado y además le secuestraron otra suma importante de dinero.
El proceso se cerró, pero después Dávila habría influido para que se reabra el caso y supuestamente solicitó 200 mil dólares adicionales para dejar sin efecto la causa, señaló Ludwin Ledezma, abogado de Sahonero.
El empresario se habría negado a ser nuevamente extorsionado y procedió a denunciar el hecho. De ese modo, acusó a Dávila y otros uniformados por consorcio y extorsión en la vía penal. Además, interpuso la denuncia en la vía disciplinaria.
Proceso disciplinario
El fiscal de la Policía abrió investigaciones contra Dávila y otros policías por faltas graves con retiro o baja definitiva (artículo 14 de la Ley 101).
Los uniformados son sindicados por recibir como consecuencia de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales; ordenar, instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos; destruir, modificar, alterar, extraer o utilizar de forma dolosa información de la Policía Boliviana, sea en medios físicos o informáticos; y expedir o presentar certificados o copias legalizadas de documentos falsos o alterados en su contenido.
"Se cita personalmente a los investigados, coronel Maximiliano Dávila Pérez y capitán Luis Prieto Marañón para que presten su declaración informativa en compañía de su abogado defensor", refiere el requerimiento del fiscal policial.
La Fiscalía de la Policía inició la investigación de este caso, y según norma se tiene un plazo de 15 días calendario, que podría ampliarse, para la colección de indicios contra los sindicados.
La resolución fiscal fue emitida el 5 de agosto y el plazo corre, desde el momento de la notificación de las partes.
También te puede interesar:
