POLÍTICA

Imputan al albañil que le gritó a Evo Bolivia dijo No; hay indignación en Potosí


Moisés Montero Chambi es acusado de atentar contra la integridad del presidente y de otras autoridades de Estado. Ese delito se paga con entre cinco y 10 años de cárcel. En la oposición califican el hecho como un abuso de poder


Moisés Montero insiste en que no arrojó agua ni coca al presidente; gritó Bolivia dijo No
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10/11/2018

Moisés Montero Chambi, el albañil de 30 años que gritó Bolivia dijo No cuando el presidente Evo Morales salía ayer de un acto público en la ciudad de Potosí, fue imputado por los presuntos delitos de atentado contra la integridad del mandatario y de otras autoridades de Estado. El Código Penal contempla una pena de entre 5 y 10 años de reclusión.

La decisión sorprendió a los pobladores de la Villa Imperial que esperaban, a las 18:00, la liberación del joven trabajador, que fue detenido por la Policía en horas de la mañana y que fue acusado por autoridades del oficialismo de agredir al primer mandatario nacional.

Inicialmente, el diputado David Ramos, jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, aseguró que Montero arrojó un vaso con agua en contra del jefe de Estado al momento de salir de una reunión con autoridades de 40 municipios potosinos, pero después el legislador masista Víctor Borda denunció que el hombre lanzó coca masticada contra la humanidad del mandatario.

“Independientemente si fue lanzado un vaso de agua o coca masticada, lo cierto es que censuramos esta clase de acciones porque fue obra de delincuentes pagados por la derecha. Cualquiera que fuera el objeto, lo que se cuestiona es la ausencia de garantías y la falta de respeto hacia la primera autoridad del Estado”, afirmó Ramos.

La otra cara de la moneda presenta la oposición. El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata, calificó la detención y posterior imputación del albañil como un abuso de poder. “Lo aprehendieron solo por gritar Bolivia dijo No”, insistió el parlamentario, que estuvo en la sede de la Felcc abogando por la liberación de Montero.

Por su lado, el representante legal del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Germán Jorge, aseguró que el joven trabajador insiste en que fue conducido a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) simplemente por gritar Bolivia dijo No, en alusión al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos votó en contra de la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que imposibilita la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para los comicios generales del próximo año.

Justamente, el día anterior el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Ricardo Centellas, dijo que en el país nadie puede conformarse con solo observar el constante debilitamiento de la democracia ante la existencia de muchos signos de “arbitrariedad y abuso de poder”.

Esta misma semana, el comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, agradeció en un acto público al presidente Evo Morales y afirmó que más de 37.000 policías respaldan el proceso de cambio impulsado por el MAS. La posición del jefe policial fue bien vista por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Reacciones

En criterio del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, la detención y posterior imputación de Montero Chambi se constituye en un acto de represión política, de violación del derecho a la libertad de las personas, así como un atentado a la libertad de expresión y de pensamiento que están garantizadas por la Constitución Política del Estado. Además, según Albarracín, este hecho deja en evidencia que en Bolivia no estamos viviendo en un sistema democrático.

Consultado, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, afirmó que la detención e imputación de un ciudadano de Potosí por gritar Bolivia dijo No representa un antecedente funesto para la democracia del país porque, a su juicio, el mensaje está dirigido a atemorizar a los ciudadanos para que se abstengan de defender el resultado del 21-F.

Aspecto legal

El exfiscal del distrito de Santa Cruz y abogado constitucionalista William Herrera explicó que no existe ninguna figura legal en la que se pueda encuadrar un grito Bolivia dijo No. “Esa es una legítima protesta de la ciudadanía frente a un abuso del Gobierno. Qué es más grave, protestar o generar la protesta, en este caso el que genera la protesta es el Gobierno con sus actos torpes que están intentando burlar la voluntad popular, la soberanía popular que está por encima de todo”, cuestionó el jurista.

Por su lado, el abogado y exfiscal Joadel Bravo afirmó que la figura de atentado contra la integridad del mandatario, por la cual fue imputado Montero Chambi, exige que haya una verdadera acción en contra de la vida o seguridad del presidente. “La tarea del Ministerio Público y de la Policía consiste en demostrar al juez y a la población que el acusado, al echarle agua al jefe de Estado, lo puso en un latente riesgo de muerte. En este caso, la vida del señor presidente no estuvo en peligro”.

Evo no irá al acto oficial

Pocas horas después del incidente, el vicepresidente Álvaro García Linera informó de que en la cúpula del Gobierno se decidió que ni el presidente Morales ni él asistirán hoy a la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por ocasión de los 208 años de la efemérides de Potosí, porque sectores de oposición prepararon actos de hostigamientos.

El diputado oficialista David Ramos justificó la decisión al afirmar que “no existen las garantías para que el presidente esté en los actos oficiales”

Sin embargo, el expresidente del Comité Cívico Potosinista Johnny Llally afirmó que la ausencia de las dos principales autoridades del país pasarán desapercibidas porque en los últimos años no han asistido a los actos de la efemérides departamental.

En julio de 2015, el Comcipo lideró una protesta que se extendió por más de 20 días para exigir al Gobierno que cumpliera con las obras que se habían comprometido a ejecutar en 2009. Entre las demandas existía la resolución del conflicto entre Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí), la instalación de una fábrica de cemento, la preservación del Cerro Rico de Potosí, la construcción de un aeropuerto internacional.