Hay iglesias que valoran el proyecto de ley porque otorga personería jurídica; otras la rechazan porque los equipara con ‘santeros’. Un proyectista explica que la ley garantiza disentir con cualquier obligación que contravenga su fe

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22 de marzo de 2019, 5:00 AM
22 de marzo de 2019, 5:00 AM

El proyecto de ley de libertad religiosa, organizaciones religiosas y creencias espirituales, que se aprobó el miércoles en la Cámara de Diputados, generó un debate que se calienta al interior de las iglesias cristianas. Hay grupos que la apoyan, porque podrán acceder a beneficios como una personería jurídica, y otros que la consideran un espaldarazo al MAS y no admiten la “convivencia pacífica” en la misma norma con amautas o santeros porque consideran que practican actividades ‘diabólicas’, incluso ven que les impide rechazar las prácticas homosexuales, que para ellos son “reñidas con la fe”.

Alberto Salcedo, pastor de Eklessía, iglesia evangélica que tiene más de 20.000 fieles, es un defensor de la norma y señaló que se la consensuó en mesas de trabajo que se realizan en la Cancillería desde 2014. Sostiene que no representa una sola denominación religiosa, sino que es un trabajo muy profundo y que tomó mucho tiempo para llegar a acuerdos. “Nadie nos impuso una ley, sino que esta se trabajó entre todos”, explicó.

En el otro lado de la vereda, el pastor Luis Aruquipa, fundador del Consejo Nacional Cristiano (CNC) ve un objetivo político y que los beneficiados con esta ley serán “el MAS y sus amautas”.

El exmagistrado de justicia, Iván Lima apuntó que si hay un punto criticado por muchas iglesias evangélicas es el concepto de tolerancia. “Molesta estar en una misma ley con otras cosmovisiones diferentes a la de esa religión, eso está marcado en la ley”, dijo.

Salcedo destacó que la ley se trabajó de manera consensuada, y relató que en el proceso hubo reuniones con los ministros de Educación, de Economía, de Justicia, de Culturas, sus representantes y sus asesores. También se reunieron con Impuestos Nacionales, la Aduana y el Viceministerio de Tributación para construir una norma que, en el caso particular de los cristianos, les permita ser reconocidos como lo que son: “organizaciones religiosas en general, y una iglesia en lo particular”.

El pastor Aruquipa marca distancia desde la redacción de la exposición de motivos, que señala textualmente que las “organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituirán en fuerzas vivas del proceso”. “Lo que el MAS quiere hacer es someter a la iglesia, nos están diciendo que nuestro dios debe ser el proceso de cambio”, consideró.

Tanto el pastor Aruquipa como el diputado opositor Julio Grover Huanca reclaman que la ley ponga en la misma bolsa a los cristianos con amautas, chamanes y santeros. “En el artículo 7, inciso b, se indica que se debe promover la convivencia pacífica con distintas religiones, cultos y creencias espirituales”, dijo Aruquipa.

Luego recalcó que “cuando predicamos en las calles, hablamos contra la herejía, brujería, hechicería, homosexualidad, aborto. A partir de esta ley me llaman a una convivencia pacífica con el brujo, no le voy a poder decir al pecado que es tal, me coartan la libertad de expresión”.

El pastor Salcedo replicó que en esas palabras “hay un tremendo problema de interpretación y falta de conocimiento. No hay una sola ley en el mundo que se divida por cada creencia, sería una discriminación quitar a los amautas”, afirmó.

El pastor Fabricio Roca, uno de los proyectistas, explicó que el artículo 6, inciso k, les garantiza disentir con cualquier obligación contraria a sus creencias religiosas. El artículo en cuestión garantiza el derecho a “disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación que contravenga sus convicciones religiosas o de creencias espirituales, con excepción de las obligaciones establecidas en la Constitución”.

Desde lo espiritual, Roca añadió que “como cristianos no podemos obligar a cambiar de creencia. Eso tampoco dice la biblia. Podemos reprender pero no obligar a otras personas a creer”, aseguró.

En su oportunidad, el presidente de la cámara baja, Víctor Borda, desmintió que el proyecto tenga por objetivo regular los diezmos o controlar los manejos económicos de las iglesias.

Tras su aprobación en Diputados, se prevé que la ley pase hoy a la Cámara de Senadores para su tratamiento y aprobación en grande y en detalle.

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