La CEPB y Anapo aseguran que la relación no es condicionada al apoyo político. Los pequeños empresarios están en crisis y demandan atención. La ministra Prado destaca que el 15% del doble aguinaldo fue para beneficiarlos

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27 de marzo de 2019, 4:00 AM
27 de marzo de 2019, 4:00 AM

En la balanza empresarial, el peso político se inclina a favor del sector agroindustrial. Así lo reflejan las reuniones que desde inicios de año sostiene la cúpula del sector privado con el Gobierno liderado por el presidente Evo Morales. Se demuestra también en los proyectos consolidados, como la producción de etanol, la aprobación del proyecto del nuevo Puerto Busch, la aprobación del uso de biotecnología y biocombustibles. Sin embargo, hay sectores que se sienten excluidos de los resultados de la alianza público-privada, que se consolida en año electoral; es el caso de los textileros, comerciantes y ganaderos.

“La relación es permanente; conforme se resuelven los problemas aparecen otros que también se los va atendiendo”, destacó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, tras la aprobación del convenio de producción de etanol de sorgo entre Anapo, YPFB y Granosol, con la participación de Morales.

Los biocombustibles son una de las primeras propuestas puestas sobre la mesa a inicios de año. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, descarta que la coyuntura política sea el principal detonador de su aprobación. Lo atribuye “al cambio de la matriz productiva” y a que la inversión pública resulta insuficiente para dinamizar la economía.

En ‘números fríos’, la destilación del sorgo para combustible representa una inversión de $us 12 millones en la planta, el compromiso de otros $us 25 millones para la construcción de cuatro destilerías en los siguientes años y un ahorro de $us 38,64 millones anuales en la importación de gasolina, en el primer año de comercialización.

Del otro lado de la balanza, Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, no habla de inversiones sino de necesidades desatendidas, como el acceso a créditos, la lucha contra el contrabando y un fondo de incentivo, tal como lo contempla la Ley de Mypes. Argumenta que el sector de las pequeñas empresas genera casi el 80% del empleo en el país y que se encuentran en crisis debido a la carga tributaria y laboral que crece cada año. “Las microempresas están sufriendo mucho; en 2018 se registraron más de 100 cierres en nuestra organización, en su mayoría de manufactura y comercio”, indicó.

Para el expresidente de la CEPB Roberto Mustafá Schnor, la interacción público-privada es positiva, pero se debe incluir a otros sectores, como el ganadero, del cual proviene, y que demanda la recuperación del mercado internacional. Afirmó que el doble aguinaldo, el incremento salarial y las altas tasas de créditos en los bancos están ‘asfixiando’ a las empresas. “No se debe exprimir del mismo limón. Se espera a que florezca el árbol”, añadió.

La mirada del Gobierno

La ministra de Planificación, Mariana Prado, afirmó que la relación con los privados no es nueva ni responde a un interés electoral. Recordó los acercamientos a la primera gestión de Daniel Sánchez en la CEPB, en 2010.

“El Gobierno ha mantenido un diálogo fluido con diferentes directivas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Las presididas por Sánchez o Ronald Nostas, por nombrar algunas. Estamos seguros de que la situación será similar con el señor Barbery”, manifestó.

Con relación a la alerta de las ‘micro’ señaló que también se implementaron medidas para ayudarlos. Puso de ejemplo el 15% del segundo aguinaldo, que, de acuerdo con su reglamentación, debe ir destinado al consumo de productos nacionales. “Esto inyecta una importante cantidad de recursos a la circulación económica interna”, dijo.

Para reforzar esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Productivo organizó ferias del segundo aguinaldo en todo el país. 
De la misma manera, dijo que el sector industrial cuenta con una tarifa de electricidad preferencial menor a la de consumo domiciliario, y los que trabajan desde sus casas tienen la posibilidad de recategorizar sus medidores de energía, lo que significa un ahorro en su producción.

Sobre este punto, Vargas reconoció que se firmaron varios acuerdos para reactivar a su sector; pese a esto, recordó que por ejemplo la Ley de Mypes surgió sin recursos, lo que es una tarea pendiente.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, respondió de manera puntual al llamado de estos sectores al señalar que “espera que le hagan llegar un pronunciamiento de manera oficial”.

Peso político

Para el politólogo Marcelo Arequipa, las reuniones del presidente Morales con los privados en un año electoral responden a sumar sectores en favor de la continuidad del modelo económico y su sostenibilidad, un tema que formará parte de los tópicos en época de campaña. Mencionó también que es significativo para Morales debido a que se muestra junto a representantes del aparato productivo, algo que también hizo el senador y candidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, y no así el candidato por la Alianza Ciudadana, Carlos Mesa.

En la agenda de propuestas de los privados en las reuniones con Morales queda pendiente la liberación de las exportaciones y la ampliación de la frontera agrícola. Aspectos sobre los que ya anunciaron que van a trabajar.

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