Ambas partes están conscientes de que este proceso puede tomar mucho tiempo. La defensa de Sánchez de Lozada intentará anular la decisión del jurado, con un recurso ante el juez. Los de las víctimas dicen que calculaban que harían eso

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7 de abril de 2018, 6:00 AM
7 de abril de 2018, 6:00 AM

Mientras el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus abogados insisten en lograr que el juez James Cohn revierta el adverso veredicto del jurado y aplique la denominada Regla 50, los juristas de las víctimas se preparan para una larga batalla, que en sus cálculos tomará al menos tres años más.

La regla 50 es una norma que permite a un juez estadounidense anular un caso cuando  la evidencia en el caso es insuficiente.
En un comunicado emitido por  el bufete Williams & Connolly LLP, Stephen D. Raber y Ana C. Reyes aseveraron, en representación de Goni y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, que expresan su desacuerdo con el veredicto “porque creemos que la evidencia presentada es insuficiente para sostener el veredicto que emitió el jurado ciudadano”, que por unanimidad determinó la responsablidad de ambas autoridades en los hechos sangrientos de octubre de 2003. 

El abogado Tyler Giannini, contestó desde La Paz, en una entrevista con EL DEBER, que “estaba en los cálculos que ellos apelen a la Regla 50, estamos preparados para sostener una batalla legal, que prevemos que podría tardar al menos tres años más, ya van 13 años de trabajo en la preparación de este proceso y definitivamente el paso más importante ya se dio, porque el jurado que expresa la opinión del pueblo estadounidense representado en los diez jurados, ya dijo que estos señores son responsables de los hechos”.

El comunicado en nombre del expresidente expresa que “los abogados de los demandantes ya emitieron que no existieron órdenes de nuestros defendidos para disparar y matar civiles”.

Giannini replicó que no es así, “es su argumento, pero los hechos son muy diferentes”.

El segundo argumento, detallado en el comunicado advierte que “no existen evidencias de que hubiera habido un plan de nuestros defendidos para utilizar la fuerza letal contra la población civil”. Para el jurista Giannini, “el Plan República, que se firmó en enero de 2003, autorizaba al gobierno a militarizar el control público. Entró en vigencia en septiembre, poco antes de los hechos de Warisata, esto lo confirmó el exjefe militar, Juan Véliz”.

Este documento, complementa el abogado Thomas Becker, comprueba que sí había autorización  de utilizar fuerza letal, “el plan estuvo activo durante los hechos de septiembre y octubre porque las FFAA estaban listas para usar la fuerza militar contra el pueblo. Y cuando esto pasa, todos saben qué es lo que pasa porque su entrenamiento es para guerra, están preparados para matar, no para dispersar”.

El comunicado también expresa que el veredicto del jurado “es inconsistente porque ellos mismos encontraron que las muertes no fueron causadas de forma ‘deliberada o intencionalmente’ por un soldado boliviano... Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto del jurado será descartado cuando la ley sea correctamente aplicada”. 

Sobre esto, Giannini y Becker comentaron que hay dos alegatos, uno debajo de la ley contra la tortura internacional y otro sobre la ley boliviana. “El jurado decidió que son responsables, bajo el paraguas de la primera ley, pero no según la interpretación de la ley boliviana. Los abogados de Goni señalaron que esto es inconsistente. El juez les dijo que no son incompatibles”. Pero dirá su palabra final en mayo.

Pasos

¿Qué sigue?
A principios de mayo el juez de la causa podrá ratificar el veredicto del jurado, o aplicar la regla 50 y revertirlo.

Posibilidades
Ambas partes tienen dos instancias para apelar esa decisión: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de EEUU.

Características
En el primer caso, será un tribunal de tres jueces que revisará la decisión, y en el segundo serán cinco, pero muy pocos casos son aceptados.