POLÍTICA

Gobierno denuncia a un oficial de matar a Quispe por cuenta propia, pero la UPEA no le cree


El ministro de Gobierno retrocedió, se disculpó y admitió que un subteniente mató al estudiante, pero que lo hizo de forma personal. Dudan de que la cadena de mando se hubiera roto

El subteniente Cristian Casanova fue presentado ayer en La Paz
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01/06/2018

El Gobierno denunció al subteniente Cristian Casanova Condori como el autor de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila, y deslindó de responsabilidad al afirmar que aquel disparó, “de manera personal y aislada”, la canica que perforó su corazón y pulmón a través de una escopeta. La dirigencia de la UPEA y los opositores no le creyeron y pidieron tres cabezas.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ofreció una conferencia de prensa en la que cambió su versión anterior. Mostró la orden de operaciones que rigió el operativo policial y leyó que ese documento prohibía terminantemente el uso de balines o “agentes fumígenos”. De la misma manera, aseveró que en el acta de entrega de los equipos policiales no se encontraba ningún tipo de “proyectil atípico de fibra de vidrio, una canica”.

La autoridad justificó que con esos datos fue inducido a un error y se disculpó por las anteriores versiones oficiales.  Una semana antes, él mismo había informado que el estudiante perdió la vida “por acción de los propios manifestantes con esa canica”, que supuestamente habían disparado mediante cartuchos de petardo a los policías desde la parte superior del puente distribuidor de la Ceja.

Videos de cámaras de seguridad y de testigos demostraron luego que Quispe estaba medio kilómetro más allá, y  la última vez que se lo vio con vida fue cuando ingresó a un domicilio en la avenida Martín Cárdenas, frente al edificio de la Procuraduría. El infortunado falleció en su interior 13 minutos después.

El inspector general de la Policía, general Juan Lizeca, declaró el lunes que esas imágenes demostraban que el estudiante, efectivamente, ingresó con vida a esa casa y denunció con mucha seguridad que lo mataron en el interior de ese inmueble.

La versión indignó a la familia del joven y sus padres anunciaron que recurrirían a un estudio pericial independiente para demostrar que la Policía le disparó.

No fue necesario, porque la investigación de la Policía y el Ministerio Público lo esclareció exactamente una semana después del fallecimiento.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Johnny Aguilera, explicó que un grupo de la UTOP La Paz llegó al lugar. El subteniente Casanova y otro efectivo ingresaron con sus motocicletas hasta la intersección de la calle Martín Cárdenas esquina 11 de Junio, y ahí se produjo el disparo acompañado por otro de un rifle lanzagás.

Esos dos estruendos fueron claves y coincidieron con que segundos después, se produce el ingreso del joven a la casa donde murió, por lo que se pudo esclarecer, según Aguilera, que entró con la herida en el pecho.

El comandante de la Policía, Faustino Mendoza, lamentó el hecho y recalcó que la Policía hace uso de agentes químicos no letales, como rifles lanzagás, granadas lacrimógenas y escopetas de fogueo. “Se estableció la responsabilidad del subteniente Casanova y que realizó una actuación evidentemente personal”. Advirtió que por ello debe responder en el ámbito penal y enfrentar las sanciones de la Ley 101 de la Policía boliviana.

Romero complementó que el efectivo tendrá que explicar en su declaración ante la justicia “por qué introdujo el dispositivo (la canica) en el estopín del impulsor de gas”. 

El rechazo

La revelación, en lugar de calmar la situación, desató más indignación. La UPEA emitió anoche un comunicado cuyo artículo cuarto exige al presidente Evo Morales la destitución inmediata del ministro Romero, pero también de su colega de Economía, Mario Guillén, y del viceministro de Presupuesto, Jaime Durán Chuquimia, y pidió justicia para Quispe, “asesinado cobardemente por la Policía y que se sancione a los responsables materiales e intelectuales de este hecho criminal”.  

El documento especifica: “Si bien se ha identificado al autor material, exigimos que se identifique a los autores intelectuales, así como el uso de armas no convencionales utilizadas en todas las represiones sociales”, acota.

Más contundente fue el asesor jurídico de la UPEA, Edwin Campos, quien afirmó a ANF: "Nadie puede actuar de manera autónoma. El licenciado (póstumo) Jonathan Quispe Vila ha fallecido como consecuencia de un disparo letal, (hecho) por una escopeta, a través de ese grupo de policías”. “No olvidemos que hay una cadena de mando”, recordó Edwin Campos y añadió que buscarán establecer la responsabilidad penal no solo contra el autor material, sino también contra los autores intelectuales. 

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, dijo que “toca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados y al Gobierno asumir la responsabilidad política". El senador opositor Óscar Ortiz comentó que “se confirma que utilizan canicas para disparar contra manifestantes para después negar la responsabilidad del Gobierno”. Alertó que quienes ordenaron disparar las canicas son los responsables y deben ser procesados.  



 




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