Fiscalía llegará al límite para pronunciarse sobre el futuro de Mesa
El Ministerio Público decidirá el lunes si el expresidente va o no a un juicio de responsabilidades. Ven afanes políticos.
La Fiscalía General del Estado decidió pronunciarse al límite del plazo de los 30 días -que se cumple el lunes 9 de julio- sobre la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos de Mesa y dos de sus exministros, a quienes responsabiliza de la pérdida millonaria del laudo con la empresa Quiborax. El exmandatario pidió la ampliación de la investigación contra los ministros Héctor Arce, de Justicia, y César Navarro, de Minería, además del procurador Pablo Menacho y la exministra Elizabeth Arismendi.
Ayer, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Edwin Aguayo confirmó que el 9 de julio concluye el plazo para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado, dando curso a un juicio de responsabilidades o rechazando la denuncia para que quede archivada.
Aguayo remarcó que si la Fiscalía confirma la proposición acusatoria se daría lugar al inicio del juicio contra el expresidente, aunque primero se debe solicitar, mediante el TSJ, autorización de juicio a la Asamblea Legislativa y después iniciar la investigación hasta llegar a un eventual juicio.
La diputada opositora Lourdes Millares advirtió que hay una decisión política por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) de culpar a Carlos de Mesa como el único responsable de la pérdida millonaria de recursos que afectan al Estado boliviano.
“El MAS pretende eliminar a Carlos de Mesa de una posible carrera electoral, liquidarlo civilmente para inhabilitarlo e incluso privarlo de su libertad”, señaló Millares.
Denuncia opositora
La legisladora acotó que el MAS “activó” toda la supuesta estructura estatal, desde el Ejecutivo, Ministerio Público, Asamblea Legislativa y Órgano Judicial, para procesar solamente a Mesa y negarse a incluir en la investigación al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, actual agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y el presidente Evo Morales, quienes fueron parte de este proceso arbitral.
“Hay una decisión política que está a pocos días de ser consumada y ejecutada por el Ministerio Público, de iniciar un juicio de responsabilidades contra Mesa, tenemos que ser claros que no se puede fragmentar la investigación y si hay juicio de responsabilidades, este debe contemplar a tres gestiones de gobierno”, enfatizó.
Mientras, el diputado oficialista Elmer Callejas descartó que el MAS tenga intenciones políticas en el proceso de Quiborax y dejó en manos de la justicia el futuro de Mesa. “Todo depende de la justicia, este tema está en manos de la justicia”, remarcó.
