Fiscalía investiga en Santa Cruz dos denuncias por delitos electorales
Los casos se produjeron en San Miguel de Velasco. Una dirigente indígena acusa una obstrucción de inscripción. El alcalde del municipio dice que hay traslado de personas
El Ministerio Público de Santa Cruz recibió las dos primeras denuncias por presuntos delitos electorales. Por un lado, el alcalde de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado, inició un proceso en contra de los responsables del traslado de personas de otros municipios para que se inscribieran para votar en San Miguel. Por otro, una dirigente indígena acusó a los trabajadores municipales de impedir la inscripción de electores. La Fiscalía tiene tres días para admitir o rechazar el caso.
El proceso comenzó el lunes 24 de junio. Ese día la gran cacique de San Miguel de Velasco, Aida Gil, acudió a la oficina del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de la capital cruceña para sentar una denuncia en contra de funcionarios de su municipio por la comisión de los presuntos delitos de obstaculización de procesos electorales, previsto en el artículo 238, inc. h) de la Ley de Régimen Electoral.
“El motivo de la presente es para denunciar las irregularidades en las que incurren funcionarios municipales que están coartando el derecho a los hermanos de las comunidades indígenas y campesinas de inscribirse en el padrón electoral, ellos quieren cambiar de residencia para las elecciones generales”, dice la denuncia sentada por Gil.
Dos días después, el alcalde de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado, se presentó ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para presentar una acusación en contra del autor o los autores por traslado fraudulento de personas para que se inscriban en el padrón de votantes. No pronunció nombres.
Según el asesor jurídico de la Alcaldía de San Miguel de Velasco, Carmelo Céspedes, las autoridades originarias pretendían inscribir en San Miguel a personas que no viven ni residen en ese municipio. Además, dijo que quienes impidieron el registro no fueron funcionarios municipales, sino ciudadanos de control social.
La directora del Sereci, Jhanett Sevilla, informó que ambas denuncias fueron unificadas en un solo proceso, y que al ser delitos electorales, pasaron a conocimiento del fiscal de San Ignacio de Velasco para su investigación.
El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Eulogio Núñez, informó que en el departamento fueron habilitados 54 jueces electorales para que atiendan las denuncias que surjan durante esta etapa.
