Fiscal dice que Rodríguez agrava situación de Mesa y este ve tergiversación

Después de un silencio de tres días, el fiscal general, Ramiro Guerrero, explicó los detalles del requerimiento acusatorio en contra del expresidente Carlos Mesa y dijo que la declaración del también expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé coloca a su antecesor en una situación más comprometida y que refuerza los argumentos de la decisión que tomaron; mientras que en horas de la tarde y a través de su blog, Carlos Mesa lo calificó como “brazo operativo” del ministro de Justicia, Héctor Arce.

“Sería más lapidario para el expresidente Mesa porque el señor Rodríguez Veltzé informa de que él emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho, corrigiendo la ilegalidad que se había cometido; por supuesto que estos antecedentes se verán y se acumularán cuando se investigue si es que la Asamblea autoriza el juicio”, dijo Guerrero a los medios.

Indicó que las respuestas no fueron incluidas porque las mismas llegaron al día siguiente de que la Fiscalía presentara su requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sin embargo, en su respuesta, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé hace constar que el cuestionario llegó a su correo a las 17:45 del 7 de julio de 2018, eso significa que la Fiscalía mandó las preguntas dos días antes de que ellos presenten su requerimiento, aunque tuvieron un mes para mandar esas preguntas a la embajada de Bolivia en La Haya.

Asimismo, Guerrero manifestó que la ex subprocuradora Carmiña Llorenti no se presentó a declarar por un error de domicilio y explicó que ellos sacaron su dirección de los registros del Estado y luego la exautoridad les dijo que no fue notificada. El fiscal señaló que esa ausencia no la exime de responsabilidad porque en esta fase de preinvestigación no se requiere mayores elementos ni personas acusadas porque el único que tiene privilegio es Carlos Mesa.

Refirió que una vez que la Asamblea autorice el juicio se podrá incorporar al resto de las personas porque será la fase de investigación propiamente del caso, en ese sentido resaltó que ahí se podrá sumar a los dos exministros de Mesa y a los funcionarios que estuvieran comprometidos con este caso.

“Brazo operativo” 

“El fiscal Guerrero, brazo operativo del ministro de Justicia, no podrá falsear la verdad y menos usando a su antojo lo declarado por el exgobernante Eduardo Rodríguez Veltzé, cuando ya no tiene competencia en esta investigación preliminar”, refiere la última parte de la nota que puso en su blog el expresidente Mesa.

En su nota afirma que Guerrero ya no tenía ninguna atribución sobre este caso porque ya presentó su requerimiento y refiere que por el contrario la versión extemporánea de su sucesor ratifica su versión sobre la reversión de las concesiones a la empresa Quiborax.

“El verdadero sentido de esta declaración no es el que le asigna el fiscal general del Estado, por el contrario, el expresidente hace dos consideraciones; una sobre la forma y otra sobre el fondo”, afirma Mesa y señala que en la forma de estas respuestas repara el concepto de revocar por la de anular; sobre el fondo del decreto de Rodríguez, Mesa asevera que se ratificó la anulación de las concesiones y que refiere que hay un informe de la Superintendencia de Minas del 28 de octubre de 2004 donde se anulan las concesiones que tenía la empresa chilena Quiborax.

El informe del fiscal 

Más adelante, Guerrero apuntó que ya solicitó un reporte al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, sobre las razones del desistimiento que presentó el Ministerio Público en el caso de Allan Fosck dos días antes de que el Gobierno pagara 42,6 millones de dólares a los chilenos.

Pero dijo que él como autoridad asume que se aplicó la decisión del laudo arbitral del Ciadi y que esa decisión internacional figura en el ordenamiento como una sentencia ejecutoriada válida para el país; más adelante afirmó que el retiro de la acusación fiscal es una de las atribuciones que tienen los representantes del Ministerio Público y que no existe dolo.

En una breve entrevista con los medios, el fiscal de distrito de La Paz afirmó que ellos cumplieron el laudo del Ciadi y que si no cumplía, él podía ser acusado de incumplimiento de deberes y que por eso se decidió el retiro de la acusación contra Allan Fosck y otras ocho personas acusadas por cuatro delitos, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa, que al final quedó en nada.

Otros juicios

Los diputados de oposición Rafael Quispe y Wilson Santamaría lanzaron más acusaciones, el primero dijo que hubo un acuerdo entre las autoridades bolivianas y la empresa internacional para perder el caso y recibir comisiones y dijo que probará sus acusaciones.

Mientras el diputado Santamaría acudía al TSJ en la ciudad de Sucre, donde presentó una denuncia contra los ministros Héctor Arce y César Navarro; el procurador, Pablo Menacho; el fiscal Edwin Blanco; las exfuncionarias Elizabeth Arismendi y Carmiña Llorenti; además de Fabio Maldonado, Santamaría dijo que se puede detectar una actitud poco clara de las autoridades en la defensa de los intereses del Estado.

En el memorial exponen el préstamo de la computadora de Carmiña Llorenti al abogado chileno Rodrigo Gil que fue el inicio de las irregularidades; luego mencionan que la defensa del Estado fue deficiente porque no hicieron valer el acta de constitución de la empresa Quiborax, que fue el 13 de septiembre de 2001 y no el 11 de septiembre como hicieron constar los demandantes ante los tribunales internacionales.

Según explicó el expresidente Carlos Mesa, hasta el 13 de septiembre la empresa era enteramente boliviana y que esa acta de constitución de la sociedad Quiborax es lo que le abrió las puertas del tribunal internacional y que eso no fue lo que defendieron los abogados bolivianos cuando se realizó el juicio.

Pero en el punto 52 del laudo arbitral el Ciadi refiere, “el Tribunal está persuadido de que (...) (Quiborax) no (cometió) fraude ni (fabricó) pruebas para poder acceder al sistema de arbitraje del Ciadi”, algo que no comparten los que atacan el papel de la Procuraduría.

Enjuiciar al vocero

Pero las voces de defensa van más allá del juicio interno a Mesa; el jefe de Sol.Bo, Luis Revilla, alertó sobre el peligro que significa para el país llevar a un juicio a su propio vocero de la demanda marítima y que eso puede provocar problemas a la hora de las decisiones en el Tribunal de La Haya.

“Cómo es que los abogados de la empresa extranjera  tienen acceso a la computadora del Gobierno; cómo se logran acuerdos para desistir dos días antes del pago. Esperamos que la investigación esté alejado de todo interés político y que las autoridades convoquen a los involucrados y exautoridades, no se puede pagar una millonada sin que nadie sea responsable”, dijo el jefe de Sol.Bo.

No fue el único, nuevamente el exdiputado chileno Jorge Tarud se refirió al caso y publicó en su cuenta de Twitter: “Más del 95% de los chilenos deseamos diálogo y no cederemos territorio soberano. Cómo está su vocero?”, en referencia a Mesa.

En la jornada

La reunión
Ayer, en el Ministerio de Justicia se reunieron las autoridades judiciales, el ministro de Justicia, el fiscal general, el procurador y el ministro de Minería.

Coordinación
Las autoridades se negaron a revelar si esa reunión sería para evaluar el caso Quiborax y dijeron que era de coordinación de la Cumbre de Justicia.

La observación
Los medios observaron que en una reunión de coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial lleguen el procurador y el ministro de Minería.

Sin respuesta
El ministro de Justicia se negó a responder si en la reunión trataron el tema de Quiborax y solo habló de la reunión que tuvo con los magistrados.

La carga judicial debe resolverse

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, explicó ayer que la sala plena del ente judicial debe resolver la mora que dejaron los magistrados anteriores antes de asumir las causas que están llegando.

“Tenemos que acelerar el  mismo tratamiento, pero no es un caso prioritario, la sala plena está liquidando la mora qe había, nos falta un 20 por ciento y después tendremos que atender los otros juicios”, dijo la autoridad y refirió que la Fiscalía remitió 3.000 fojas de su requerimiento judicial y que eso tomará su tiempo.

Asimismo, recordó que existen al menos tres juicios anteriores y que al contar con el permiso de la Asamblea Plurinacional, deben ser atendidos en la forma cómo llegaron y los atenderán en forma cronológica. Luego dijo que tanto la sala penal como la sala plena no tienen plazos para tratar el requerimiento de la Fsicalía.