Firma mexicana fue contratada para hacer spots y artes del mar

El Gobierno delegó la producción de 50 artes gráficas, 15 spots y dos videoclips para la campaña por la reivindicación marítima a Neurona Consulting, una firma mexicana a la que le pagó $us 223.175: los trabajos tomaron seis y ocho días en terminarse. Por estas contrataciones, el 29 de junio la oposición pidió un informe escrito a la ministra de Comunicación, Gisela López, quien respondió la semana pasada, aunque Micaela Nina, diputada que pidió el informe, dijo no haber recibido ninguna respuesta.

El Día del Mar, el 23 de marzo de 2018, mientras en Bolivia se realizaban los desfiles recordando al héroe Eduardo Abaroa y en La Haya los representantes del Gobierno chileno presentaban sus alegatos orales, el Ministerio de Comunicación suscribía dos contratos con la empresa mexicana Neurona Consulting.

Ambos documentos están colgados en la página web del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y han sido identificados por la diputada suplente de Unidad Nacional (UN) Micaela Nina Orellana en su Petición de Informe Escrito (PIE) remitido al presidente Evo Morales, a través de la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, como consta en la nota oficial PIE 640/2018-2019, de fecha 29 de junio.

López, autoridad estatal encargada de la comunicación, reivindica de entrada que la estrategia y las campañas #MarParaBolivia y #ElMarNosUne, “que han sido exitosas, según la misma prensa chilena, las hemos elaborado en el país, profesionales bolivianas, con mi persona a la cabeza” y que se diseñaron en febrero de 2017, con hincapié en la demanda presentada en la Corte de La Haya.

La oposición critica dos cosas: que un tema de fuerte interés nacional se hubiese dejado en manos de una firma extranjera y que se lo hubiese hecho por contratación directa, planteando dudas sobre la transparencia de los procesos.

Nina afirmó que la respuesta a la petición de informe no llegó a su poder, pese a que el reglamento de la Cámara Baja estipula un término máximo de 10 días hábiles. La diputada señaló que podría solicitar al pleno que, bajo conminatoria, obligue a López a entregar el reporte en 48 horas.

Sin embargo, la ministra demostró con el proveído de recibido que entregó la respuesta el martes 14 de agosto.

En sus antecedentes, el contrato MINCOMDGAJ-UGJ 081/2018 establece que el Ministerio requirió la contratación por “la trascendencia histórica de la demanda marítima en contra de Chile junto con la unidad del pueblo boliviano a escala nacional e internacional, y la generación de un posible fallo a favor de un acceso a la reivindicación marítima nacional”. Por ello, señala más adelante, el objeto específico en este caso “es la producción de ocho spots y un videoclip” a un costo de Bs 718.098 ($us 103.175)”.

Mientras que el contrato MINCOM-DGAJ-UGJ 080/2018 advierte que se enmarca dentro de la estrategia comunicacional Mar para Bolivia, “que lleva adelante el Gobierno” y especifica que será divulgada “a través de las redes sociales”. Consta de 50 artes gráficas, siete spots y un videoclip a un costo de Bs 835.200 ($us 120.000).

El pago tenía un plazo máximo de 30 días, pero la entrega establecía tiempos muy cortos, seis y ocho días, respectivamente.

Ambos documentos sostienen que es imprescindible la contratación de una empresa especializada con equipamiento de alta tecnología y de última generación, “servicio que no existe en el país y no puede ser prestado por empresas constituidas en el mismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo 26685, de 5 de julio de 2002”.

Ese decreto autoriza esas contrataciones “cuando se justifique que esos bienes y servicios no están disponibles en el mercado nacional y que no se pueden recibir ofertas en el país.

La oposición duda que en Bolivia no existan firmas capacitadas para el trabajo. El diputado de UD Wilson Santamaría cuestionó por qué una empresa extranjera hizo este trabajo y reveló que fueron varias las peticiones de informe enviadas por este tema. “¿No había una empresa nacional, con buen nivel y solvencia para preparar este proceso?”, increpó.

Además, resaltó que un decreto establece que el tema de la demanda marítima debe llevarse adelante de forma reservada, “y nosotros le permitimos a Neurona inmiscuirse en asuntos que atingen a la seguridad nacional, esas son algunas interrogantes que debe responder Gisela López”, aseveró.

El senador Óscar Ortiz, en la misma línea, aseguró que nadie mejor que profesionales bolivianos que conocen y sienten la reivindicación marítima podían hacer un mejor trabajo.

López explicó que “siendo redes sociales nuevas formas y tecnologías de las comunicaciones, la experticia y tecnicidad de las mismas no es abundante en el país. El mundo de las comunicaciones se transforma permanentemente en el planeta. En esta coyuntura vivimos un cambio de paradigma comunicacional donde Bolivia está ingresando”.

Otra observación de los opositores fue que la entidad, en este caso el Ministerio de Comunicación, adopta en ambos casos la modalidad de contratación directa. Sustenta la legalidad en un reglamento de contratación de bienes y servicios en el extranjero, aprobado mediante Resolución Ministerial 063/2017 de 31 de mayo de 2017.

Esta modalidad tiene problemas, apuntó Ortiz, porque aparte de no ofrecer transparencia no permite apreciar los méritos que podría tener esta empresa. “Una vez más se ve un desprecio del gobierno por nuestros profesionales, y se ve nuevamente la discrecionalidad con la que actúa el Ejecutivo, del dinero que finalmente sale de los impuestos de los bolivianos”, acotó.

La ministra López replicó que las contrataciones, en sus diferentes modalidades (directa o mediante licitación) se han hecho en el marco de la norma y respetando absolutamente cada uno de sus preceptos.

La cláusula décima del contrato establece que “el monto consignado en la propuesta ofertada y aceptada no incluye el impuesto a la transferencia… por lo cual este costo lo asumirá la entidad (el Ministerio), a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas”.

La fiscalización del tema impositivo “le corresponde a otra instancia”, comentó la ministra de Comunicación. “Los contratos firmados por esta ministra son remitidos inmediatamente a la Contraloría, como primer paso de ‘transparentación’ de las acciones que tienen que ver con recursos públicos”.

El rostro principal de Neurona es César Hernández Paredes, quien en su página de Facebook se identifica como “General Mánager” de la empresa. Tiene entre sus contactos en esa red social a personas cercanas al Gobierno y suele comentar la política boliviana con mucha cercanía, como lo hace con la venezolana.

Los opositores lo ubican, sin embargo, como un asesor del Gobierno que tendía a reemplazar al asesor peruano Wálter Chávez. El senador Óscar Ortiz dijo que “eso claramente demuestra que no hay un criterio objetivo sobre los criterios de selección, sino podemos presumir que hay alguna amistad de alguna autoridad con esta persona”.

La ministra de Comunicación dijo que ni él ni nadie asesoran la imagen del presidente Morales.

Petición del informe

Primera pregunta

¿Cuál es la base legal que respalda la contratación de bienes y servicios especializados que realiza el Ministerio de Comunicación en el extranjero? Pide además que detalle cuántos se suscribieron desde la gestión pasada a la fecha.

La segunda

Le solicita que informe con relación a cuatro contratos que fueron suscritos con Neurona Consulting S.A. Dos de ellos relacionados con el tema de la reivindicación marítima.

La tercera

“Señale qué funcionarios pú- blicos participaron en los procesos de contratación directa de servicios especializados en el extranjero adjudicados a la empresa Neurona Consulting S.A. y a los que supervisaron el proceso”. Solicita que adjunte la documentación respaldatoria.