Bolivia
OCTUBRE NEGRO
Evo se pronuncia en Twitter tras fallo de la justicia sobre 'octubre negro'
Goni y Sánchez Berzaín no asistieron a la lectura del veredicto de los diez miembros del jurado en el tribunal civil de Fort Lauderdale presidido por el juez James I. Cohn.
Este martes, un jurado de EEUU, dentro de un juicio civil, responsabilizó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín por las muertes de ocho personas en protestas sociales registradas en Bolivia en octubre de 2003 y fijó compensaciones por $us 10 millones.
El presidente Evo Morales se pronunció al respecto, a través de Twitter, y manifestó su respeto y admiración de los familiares de las víctimas fatales de aquellos disturbios que desencadenó la destitución de Goni y su repentina fuga a los Estados Unidos.
"Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de octubre de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia" (sic), escribió Morales en Twitter.
Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de Octubre de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 3 de abril de 2018
Los familiares de las víctimas de Octubre Negro, tras conocer el veredicto del jurado, manifestaron su beneplácito y consideran que gracias a lo mediático del caso, todo el mundo conocerá la historia que tiñó de luto a las familias bolivianas.
BREAKING: In landmark decision, former president of Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada and his defense minister Carlos Sánchez Berzaín found responsible for extrajudicial killings of Indigenous people in 2003. Stay tuned for a LIVE streaming out of the courthouse on our FB page. pic.twitter.com/KVfxbAgVlS
— Human Rights Program (@HmnRghtsProgram) 3 de abril de 2018
Sánchez de Lozada dijo durante su testimonio en el juicio que agotó los recursos para dialogar con los manifestantes durante los disturbios y bloqueos de vías y que nunca dio una orden a los militares de matar civiles para reprimir las protestas.
Los demandantes, sin embargo, buscaron responsabilizarlo a él y a su ex ministro de las muertes como jefes de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EEUU por ejecuciones extrajudiciales.