Entel, Chaco y Quiborax ¿violación a tratados o acuerdo?

Un rasgo común provocó el inicio de arbitrajes internacionales por las nacionalizaciones de Quiborax, Entel y la petrolera Chaco. Según se lee en los documentos de contratación de estudios jurídicos para la defensa del Estado, publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), las tres empresas argumentaron que el Gobierno boliviano violó tratados internacionales bilaterales de protección a las inversiones.

En respuesta, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, remarcó que Bolivia no incumplió ningún tratado internacional y explicó que en las nacionalizaciones de la telefónica Entel y la petrolera Chaco se emitieron decretos supremos que establecieron los pagos de indemnización a favor de las empresas extranjeras, lo que hace la diferencia -dijo- del caso Quiborax, en el que no hubo ese procedimiento legal. 

“Ambos casos (Entel y Chaco) fueron resueltos de manera amistosa y el Estado boliviano dio cumplimiento del derecho internacional. La diferencia con Quiborax es que con el decreto supremo 27589, emitido por el expresidente Carlos de Mesa, no se emitió el pago de una indemnización y el tribunal internacional encontró que la expulsión de la empresa fue por su nacionalidad (extranjera), y que fue una expropiación”, remarcó Menacho a EL DEBER.     

También puedes leer:

Bajo ese argumento, el procurador insistió en que Bolivia no incumplió tratados internacionales en los casos de Entel y Chaco. “Bolivia hizo uso de su derecho, que está establecido en la carta de Naciones Unidas sobre los derechos y deberes económicos de los Estados, de ver cuál es la mejor forma de utilización de esos recursos pagando siempre una indemnización justa”, sustentó. 

En el caso de Quiborax, la empresa sostuvo -y el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) lo confirmó en 2015- que se violaron artículos del Tratado entre Bolivia y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito por ambos países en 1994, durante la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por ese caso, Bolivia tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la firma chilena.

En el caso de la nacionalización de la telefónica Entel, el documento base de contratación para la defensa jurídica, establece como antecedente que en octubre de 2009, la empresa Euro Telecom Internacional (ETI) “inició un proceso de arbitraje internacional ad hoc contra Bolivia, cuya base y sustento legal son los artículos 9 (2) y 9 (3) del Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y Bolivia”. Por este proceso, el Estado boliviano pagó a la firma 100 millones de dólares.

Te puede interesar:

En el arbitraje iniciado por Pan American Energy, que fue el que más le costó al Estado porque terminó pagando más de 357 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera Chaco, el documento base de contratación de defensa legal apunta como antecedente que la firma presentó una solicitud de arbitraje “cuya base y sustento legal se refiere al tratado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Bolivia, sobre fomento y protección recíproca de inversiones”, que se firmó en 1998 por el Gobierno de Hugo Banzer Suárez.

Denunció 21 tratados

Menacho añadió que Bolivia denunció los 21 tratados bilaterales de inversión que fueron ratificados por el país hasta el 2002. Entre el 2006 y 2013 -señaló- se denunciaron todos los acuerdos, que promueven inversiones de otros países en territorio nacional.  

“Hay un punto clave. Los tratados dicen que las empresas extranjeras que hubieran estado en Bolivia trabajando bajo la protección de un tratado al momento de la denuncia, tienen todavía una protección adicional que va, según los tratados, a diez años, 15 años y otros de 20 años. Las nuevas inversiones ya no están protegidas por los tratados”, remarcó el procurador Menacho. 

Bolivia dejó de pertenecer al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) desde noviembre de 2007; sin embargo, Quiborax demandó a Bolivia antes del retiro del tribunal de inversiones. 

También puedes leer:

Los tres casos fueron asesorados por el consorcio internacional de abogados Dechert Llp, que fue contratado mediante licitación pública. La firma legal cobra 625 dólares por hora de trabajo con un límite de 450.000 dólares al año, este último monto es el que se acordó con Bolivia, según se lee en la documentación del Sicoes. 

Sin embargo, Menacho señaló ayer que ese fue el monto total pagado por todo el proceso. Por otra parte, el mismo documento, aclara que el Estado reconoce como gastos reembolsables “los relacionados a fotocopias, pasajes y reportes telefónicos que refieran a la prestación del servicio contratado”. Los montos, especifica la información del Sicoes, se pagan con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

Una abogada con experiencia en derecho internacional, cuyo nombre pidió mantener en reserva, explicó que Dechert Llp es uno de los estudios jurídicos con más prestigio en el mundo y que el precio que Bolivia pagó por sus servicios suele ser común cuando se trabaja en la defensa de un Estado. El mismo consorcio asesoró a Bolivia en el arbitraje del grupo Oiltanking-Graña Montero.

También puedes leer:

La figura legal

La especialista en derecho internacional Karen Longanic explicó que la mayor parte de la inversión extranjera se da bajo la protección de los tratados bilaterales sobre inversiones que suscriben los países para proteger a las empresas de su nacionalidad. “Bajo esa figura es que la empresa Quiborax se amparó en un tratado suscrito entre Chile y Bolivia”, explicó.

Por otra parte, la especialista señaló que los estados tienen la potestad de revertir las inversiones siempre que hagan un pago oportuno y justo a la empresa extranjera. “Bolivia tuvo 22 acuerdos de protección a las inversiones, pero el Gobierno de Evo Morales los denunció”, señala

Longaric y explica que, en virtud de la nueva Constitución Política del Estado, se terminó con los tratados con esos países y se les dijo que se los iba a renegociar.

Sin embargo, los acuerdos tienen una cláusula que sigue protegiendo a las inversiones que se han realizado bajo ese paraguas, por 25 años más. 

Te puede interesar:

Ayer se conoció que en el caso Quiborax, Bolivia cambió tres veces su defensa jurídica durante el proceso de arbitraje. Otros bufetes involucrados fueron Foley Hoag y Gomm & Smith, ambos con sede en Estados Unidos y especializados en inversiones internacionales. EL DEBER buscó los documentos de contratación de ambas firmas pero no encontró la información en el Sicoes. Desde 2016 rige un decreto que guarda en secreto las contrataciones los estudios jurídicos por parte de la Procuraduría General del Estado y la exime de presentar rendición de cuentas en orden de precautelar y defender los intereses del Estado, según uno de sus artículos.

Mientras, Menacho aseguró que el caso Quiborax pudo ser resuelto en la gestión del expresidente Mesa, ya que el consorcio minero chileno solicitó en tres oportunidades la resolución del conflicto de manera amistosa. La firma lo hizo el 22 de julio, el 14 de octubre y el 7 de diciembre de 2004. 

Esa petición no fue atendida por Mesa y el 24 de enero de 2005, Quiborax comunicó al Gobierno boliviano de ese entonces que iniciaría la solicitud de arbitraje ante el Ciadi.  

En detalle

Contratación
La persona responsable de los procesos de contratación, realizados en 2010, fue Carmiña Llorenti, que ese año fungía como viceministra de Defensa Legal del Estado. Esta abogada, cuando era subprocuradora, prestó su computadora a los abogados chilenos y estos enviaron a sus correos electrónicos documentación reservada de la Procuraduría. 

Consorcios presentados
Un promedio de diez estudios jurídicos se presentaron a las licitaciones para asesorar al Estado boliviano en 2010 por los casos derivados de las nacionalizaciones de Quiborax, Entel, Chaco y la Compañía Logística de Hidrocarburos en Bolivia. En los cuatro ganó Dechert Llp, que según expertos en la materia, es uno de los mejores bufetes de abogados en derecho internacional en el mundo. 

Nacionalizaciones
La empresa Quiborax fue retirada del país en la gestión 2004, durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa. La telefónica Entel fue nacionalizada el año 2008 y la petrolera Chaco en 2009, ambas durante el gobierno de Evo Morales.

La posición de Mesa
El expresidente Carlos de Mesa resaltó que en su gestión no se podía firmar ningún decreto de indemnización con la empresa Quiborax debido a que no cumplieron la normativa nacional. Además, la exautoridad volvió a insistir en que la Procuraduría no realizó una buena defensa en tribunales internacionales.