El jurado no se pone de acuerdo y el juicio a Goni podría repetirse

El juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín se hace eterno. Ayer, el jurado del caso no se pudo poner de acuerdo por cuarto día consecutivo y decidieron suspender su trabajo hasta el lunes. De acuerdo con fuentes consultadas, de mantenerse los disensos, el juicio podría interrumpirse al caer en la figura del derecho anglosajón denominada ‘mistrial’.

Eso implica que todo el proceso oral debe celebrarse de nuevo.

Los diez integrantes del jurado son los que determinarán si los familiares de ocho de las personas que perdieron la vida en las protestas que en 2003 derivaron en la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada tienen razón en responsabilizar al expresidente y al exministro de Defensa de sus muertes.  También, en caso de hallarlos responsables, fijarán las indemnizaciones que deberán pagar a los demandantes.

Al término de una larga jornada de más de 10 horas, el juez James I. Cohn, de los tribunales civiles de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami), consultó ayer al jurado si estaba dispuesto a trabajar hoy, viernes, día festivo para algunos sectores en Estados Unidos. La respuesta fue negativa, por lo que el juez fijó una nueva sesión para el lunes.

El jurado empezó a deliberar el pasado lunes 26, después de que ambas partes presentaran conclusiones finales y, según dijo el juez al cerrar la sesión de ayer, no le ha notificado que esté en un ‘punto muerto’, por lo que las deliberaciones deben seguir su curso sin su intervención.

Solo en el caso de que los jurados comuniquen que no pueden ponerse de acuerdo en un veredicto, el juez puede ayudarlos. 

Ni el dos veces presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) ni su ministro de Defensa en 2003 estuvieron ayer en el tribunal.

El juicio es consecuencia de una demanda civil presentada por Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.

El lunes los abogados de los demandantes y los de los demandados presentaron sus alegatos finales, en los que lógicamente discreparon en todo.

Mientras para Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, está probado que los dos demandados “precipitaron las muertes” de civiles al implementar el Plan República para sofocar las protestas con fuerzas militares, para Ana Reyes, abogada de la otra parte, es “irrefutable" que no hay evidencia alguna de que el expresidente y el exministro les ordenaran matar civiles.

Las protestas dejaron entre 50 y 60 muertos y unos 400 heridos.

Controversia por Mayta
Según informa Erbol, las declaraciones en Bolivia de Rogelio Mayta provocaron un áspero debate entre los abogados de la demanda y la defensa, y estos últimos pidieron una sanción económica porque Mayta vulneró el mandato del juez Cohn de restricciones con la prensa.
Steve Raber, el abogado de la defensa, leyó en la corte declaraciones de Mayta a las que consideró ofensivas y tendenciosas. Mayta dijo que “nadie puede cambiar la historia, ni dos jueces ni millones de dólares. Esos genocidas hoy son por fin juzgados". 

Raber preguntó cuál es el rol de Mayta. Dirigiéndose al equipo de abogados de la acusación, les dijo que Mayta es el abogado de las víctimas y, por lo tanto, no debería hacer declaraciones. 

Alta expectativa

Montaño pide sentencia
“Esperamos que la determinación que se marque en este proceso civil en Estados Unidos sea el inicio del final de una impunidad”, dijo Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara Baja.

Esperanza de extradición
Para la autoridad boliviana, una sentencia contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín podría precipitar la extradición o la expulsión de EEUU de ambos.

De vuelta a Bolivia
No todos los denunciantes aguantaron las cuatro semanas que lleva el juicio civil. Gonzalo Mamani y una mujer retornaron a La Paz, informó Urgentebo.