El director nacional del Sereci, junto al vicepresidente del TSE dejaron la denuncia en manos de la Fiscalía. El director del Sereci, Pardo, indicó que la notaria actuó sola, pero luego el director nacional consideró que deben haber otros implicados

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18 de junio de 2019, 8:00 AM
18 de junio de 2019, 8:00 AM

Ante el caso de la notaria que empadronó a votantes pandinos en territorio beniano, las instancias regionales del Órgano Electoral salieron a ‘dar la cara’ y dar un informe de lo denunciado en redes sociales. Ayer por la tarde, el director nacional del director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), José Antonio Pardo, admitió que puede tratarse de un caso de traslado fraudulento de personas, y que quien debe investigar y determinarlo es el Ministerio Público.

“Queremos recalcar y afirmar a toda la población boliviana que el Sereci no va a permitir, no está permitiendo, la comisión de delitos de traslado fraudulento de personas. Nosotros estamos actuando inmediatamente, denunciando a la autoridad competente estos hechos y esperamos que la investigación nos permita identificar, si los hay, a los responsables, autores, partícipes o cómplices, de este evento aislado que sucedió en la ciudad de Riberalta el sábado pasado”, expresó Pardo, acompañado por el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

Pardo hizo un recuento de los hechos, explicó que el sábado pasado se conoció el video “que denotaba la posible comisión de un delito electoral, que es el traslado fraudulento de personas”. Acotó que, tras la verificación ejecutada por personal de los Sereci de Beni y Pando, “evidentemente constataron” que una notaria operadora de Pando registraba en la localidad de Riberalta a ciudadanos para que voten en Pando.

El director nacional del Sereci recalcó que “no podemos afirmar aún que esta persona hubiera realizado algún registro irregular de personas, o ajeno a los procedimientos”.

Por ello, anunció que se pasó el caso a la justicia penal ordinaria. “Derivamos la denuncia ante el Ministerio Público de Cobija y a la Felcc de Riberalta, como establece en el artículo 239 de la Ley 026 de Régimen Electoral”.

Costas añadió que esta denuncia que se generó en Riberalta “es procesada de manera inmediata y nosotros obviamente seremos parte del proceso”.

Pardo se refirió en plural a los denunciados, y no contestó las dudas de los periodistas sobre si la notaria Gleizi Nakashima Brito, quien fue denunciada en Riberalta, operó sola o si se sospecha que tuvo cómplices.

El director del Sereci de Pando, Kalil Arab, en un encuentro con medios ayer por la mañana, advirtió que si bien es una acción que la realizó una sola persona, “afecta sin lugar a dudas el trabajo que veníamos realizando en forma absolutamente transparente y de cara a la sociedad”.

Recalcó que la actuación de la notaria “es de carácter absolutamente personalísimo”, por lo que pidió que no se menoscabe el trabajo que realiza la totalidad de esta unidad en Pando. “No podemos controlarlos uno a uno, como si fueran personas que no tuvieran la capacidad de entender y razonar”, lamentó.

Pese a eso, la notaria no fue detenida. El director del Sereci de Beni, Adolfo Suárez, dijo a este medio que la abogada Nakashima debió ser conducida a una celda, porque se la halló en flagrancia. “Usted sabe que es un delito electoral el registro y el traslado fraudulento de los votantes. Cuando fuimos, la persona ya no estaba en el lugar”, dijo.

Arab relató que el domingo por la noche, más de 24 horas después de la denuncia, la acusada entregó la computadora, y pese a eso, no fue detenida.

Además, aclaró que el equipo no se quedó en oficinas del Sereci, sino que, por instrucción de la señora fiscal, fue entregado (el domingo, un día después) para la investigación a las autoridades competentes.

En ese punto el director Arab, quien había señalado que el delito solamente recaía en la funcionaria, posteriormente advirtió que “todos sabemos bien que la señorita no se ha movido sola”, por lo que se encuentran investigando a su entorno. “Ella no ha querido verter ningún tipo de información, ha declarado que se presentará en calidad de testigo ante la Fiscalía departamental. Necesita un abogado y nosotros no podemos privarle de ese derecho”, explicó.

Acotó que están solicitando a la Fiscalía y a la Policía que se investigue a todos y cada uno de los involucrados en este caso, en los hechos suscitados en Riberalta.

En conferencia de prensa, se le preguntó a Costas sobre supuestos 400 registros que se encontraban en esa máquina, sobre este tema el vocal fue categórico al rechazarlo. “Es una especulación. No sabemos si es esa cantidad, se hará un peritaje en la computadora que ya está bajo custodia del Ministerio Público. Sabremos exactamente cuántos registros se hicieron en esa máquina”.

El vocal, además, explicó que la contratación de la notaria se realizó a través de una convocatoria pública. Los postulantes deben cumplir una serie de requisitos, que están dispuestos en la ley: No tener militancia, estar inscritos en el padrón y no tener sentencia ejecutoriada en ningún caso.

Recalcó que Nakashima “formaba parte de una brigada móvil. Y éstas son monitoreadas a través del sistema de supervisión” y recalcó que se hacen reportes diarios. “Si hay alguna situación o contingencia, equipos dañados o algún accidente, ya tuvimos uno con el deceso de dos personas y otro con daños materiales, se hace una supervisión y está garantizado todo el procedimiento”.

El senador opositor Yerko Núñez, denunció que tiene datos que apuntan a que los electores que se registran se les pagaba unos Bs 50 a cada persona que se inscribía y que después de las elecciones se les ofrecía cancelarles Bs 250. El Ministro de Comunicación, Manuel Canelas, lo instó a presentar y demostrar las denuncias que hizo públicas.

El fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuéllar Zurita, confirmó que recepcionaron la denuncia de Kalik Arab, a lo que señaló que a partir de este punto deberán investigar el hecho y emitir un posterior informe.