BOLIVIA

El MAS evita hablar del caso Uelicn y la oposición plantea una comisión sin oficialistas


El ministro Romero se molesta y no quiere hablar de la denuncia. Transparencia dice que aún no tiene posición. La presidenta del Senado descarta que el MAS convoque a la autoridad. Los opositores aseguran que llegarán al fondo del asunto


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18/03/2019

Tras la intervención de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), una repartición desconcentrada del Ministerio de Gobierno, el oficialismo optó por evitar el tema y desestimó cualquier investigación o que el MAS convoque al ministro Carlos Romero en la Asamblea. Los opositores anunciaron que aunque el MAS no participe, promoverán la conformación de una comisión que indague este caso y con la información que se consolide presentarán una demanda ante el Ministerio Público.

El hecho fue denunciado por la diputada de UD, Rose Marie Sandoval, quien aseguró que un grupo de empresas se había adjudicado millones en contratos (según consta en el Sicoes, son $us 61 millones). Al hacer una revisión en el Sicoes se pudo constatar que este conglomerado de empresas que comparten accionistas entre sí se adjudicó 42 de 46 procesos de contratación, mientras que los otros cuatro, correspondiente a los últimos dos intentos de contratación para el mantenimiento de 2019, fueron declarados desiertos.

El ministro Carlos Romero, quien en una entrevista publicada ayer admitió que tenía en sus manos una denuncia de las supuestas irregularidades en la Uelicn desde el año pasado y que “se suspendió la contratación de este año, porque los que se han presentado son los mismos que se presentan siempre”, ayer no quiso contestar a este medio.



“Qué pena que no les interese la captura de narcotraficantes, qué pena que les interese hacer daño al Gobierno. No me voy a prestar a su juego, no voy a hablar, ya hablé ayer (el sábado), no voy a hablar todos los días. Están perdiendo su tiempo”, dijo.

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, cuando se le preguntó qué acciones se tomarán en la investigación, respondió: “En este momento no le puedo informar hasta que tomemos una posición”.

Se le consultó hasta cuándo esa repartición dependiente del Ministerio de Justicia tendrá una posición, y señaló que será “de acuerdo a cómo proceda el Ministerio de Gobierno, tomando en cuenta que su autoridad ha tomado una determinación” y recalcó que no podía facilitar una entrevista en ese momento.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, consultada si es que se conformará una comisión para indagar el caso, advirtió que “esa es tarea del Ejecutivo, yo no tengo por qué responder a eso”. Este medio recordó la misión de fiscalización de la Asamblea y ella dijo que no hay ninguna indagación en curso.



Sobre una posible convocatoria al ministro Romero, promovida desde el oficialismo, advirtió: “Pero por qué si el propio Ministerio denunció. Yo no voy a responder a ese tema, hay un ministro y hay personas encargadas de realizar ese proceso”.

La diputada denunciante, que ayer no contestó su celular, sugirió la conformación de una comisión equilibrada entre oficialismo y oposición para indagar este tema a fondo.

El senador de UD, Arturo Murillo manifestó que la salida es que como ocurrió en casos como Lava Jato, se promueva la conformación de una comisión “paralela”. En este caso, sin asambleístas opositores. “Ese es el camino. Hay mucha gente del Estado metida en corrupción, y el oficialismo siempre intentará tapar. La gente que denuncia es la gente de adentro, porque está cansada de la corrupción. Servirá para abrir canales para que llegue información. De otra forma es imposible avanzar”, manifestó.

En la misma línea, el diputado Gonzalo Barrientos, aseguró que un trabajo conjunto a través de una comisión, ayudaría a obtener más datos.

“De todas formas, tanto los diputados como los senadores, de acuerdo al mandato de la Constitución, tenemos la función y obligación de fiscalizar el manejo de los recursos y la adjudicación de los contratos. Y además, tenemos la potestad de iniciar proceso judicial cuando se identifiquen las irregularidades”, aseveró el legislador.



Confirmó que ese trabajo podría terminar con una demanda en la Fiscalía. Ambos coincidieron en admitir que el Ejecutivo “maneja la justicia”. Murillo señaló que “tendremos mucho trabajo cuando haya cambio de Gobierno”, mientras que Barrientos acotó que cuando eso ocurra “los jueces y fiscales que hacen buena letra rendirán cuentas”.



 




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