Los dueños de Mane Comp. y de MSPC S.R.L. fueron trasladados a Cochabamba. En dos años consecutivos proveyeron material escolar a la Alcaldía valluna

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8 de junio de 2018, 9:00 AM
8 de junio de 2018, 9:00 AM

María René Ramírez y Juan de Dios Morales, propietarios y socios de Mane Comp. y de MSPC SRL, respectivamente, fueron aprehendidos ayer cuando recogían a sus hijos de un colegio en Santa Cruz de la Sierra. Así lo anunció Henry Pinto, su abogado defensor, al diario Los Tiempos. Los empresarios fueron los que importaron más de 180.000 mochilas en dos años para la Alcaldía de Cochabamba y cuyos contratos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de corrupción. 

Por estos casos, el alcalde cochabambino José María Leyes está detenido en su domicilio desde el 21 de abril y, en los siguientes días, cuando su salud se lo permita, podría quedar detenido. Según la investigación en curso, Mane Comp. y MSPC SRL ganaron por dos años consecutivos 

las licitaciones para proveer mochilas y material escolar a Cochabamba. En la primera licitación, el documento base fue supuestamente cambiado para adaptarse al material que ya  habían comprado los empresa-rios, empeorando las condiciones inicialmente exigidas, justo un día después de que ambos compraran las mochilas en China. 

En la segunda licitación, correspondiente al material de este año, los materiales finalmente entregados fueron adquiridos con 104 días de antelación al lanzamiento de la licitación. Pese a que el proceso de adjudicación cumplió con las normas y que el contrato finalmente no fue pagado, la Fiscalía Anticorrupción considera que el proceso fue simulado y dirigido a favorecer a ambos empresarios, que en Santa Cruz de la Sierra se dedicaban a la venta de materiales de computación. 

La compra, que sumó más de Bs 24 millones, derivó en dos procesos judiciales por los cuales está detenido y apartado de su cargo José María Leyes. La Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado lo acusa de cinco delitos de corrupción pública. El alcalde, en su defensa, aseguró que suspendió el pago del segundo contrato para evitar daño económico y que los empresarios no exigieron el pago del material escolar, que ya había sido entregado.

Este caso surgió de la indagación de la concejala Rocío Molina, que descubrió que Ramírez y Morales habían pagado Bs 2,4 millones por el material escolar, y lo vendieron en 12 millones.