Ayer, tras la confirmación del gobernador cruceño del descongelamiento de regalías, ni el líder cívico de Chuquisaca ni el dirigente de la COD dieron respuestas

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19 de mayo de 2018, 4:00 AM
19 de mayo de 2018, 4:00 AM

El presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Rodrigo Echalar; el ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Carlos Salazar, y otros que encabezaron la lucha en “defensa de Incahuasi”, ayer se quedaron en silencio y con la agenda de peticiones sin respuesta, luego de que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmaran que ya se hizo el pago del total de las regalías correspondientes a seis meses del megacampo Incahuasi.

En cambio, el conflicto por dicho yacimiento en Chuquisaca solo quedó en una pugna para medir fuerzas políticas internas. Tras dos semanas de paro cívico y de bloqueos, el movimiento cívico determinó en un cabildo abierto exigir la renuncia del gobernador Esteban Urquizu y del alcalde de Sucre, Iván Arciénega, y otros puntos de la demanda que quedaron en el discurso, tras conocerse los resultados a favor de Santa Cruz en el segundo estudio.

Los que sí salen a la palestra ahora son los parlamentarios oficialistas y opositores, unos para defender a las autoridades afines al MAS y los otros exhortando a Evo Morales no llegar a Sucre para el aniversario cívico del primer grito libertario de América el 25 de mayo porque hay un rechazo.

Elmar Callejas, del MAS, dijo que Urquizu no renunciará mientras no concluya su mandato constitucional y la opositora Yesenia Yarhui advirtió a Evo Morales con no llegar para estas fechas porque “con qué cara lo haría” después de parcializarse con Santa Cruz.
Lo que quedó claro, según algunos analistas, como el abogado y politólogo Germán Gutiérrez, es la unidad de los chuquisaqueños en torno a un tratamiento permanente de ‘revancha’ del Gobierno contra Chuquisaca desde la pelea por la capitalidad en 2007.

La lucha por Incahuasi, que comenzó con un Comité de Instituciones conformada por los cívicos y la Gobernación, nació fracturada en el fondo por los cálculos políticos, y la defensa de los límites terminó sepultada tras la supuesta agresión al gobernador, que, según los cívicos, también fue planificada y la celeridad con la que el Gobierno hizo aprobar el nuevo estudio de límites.