Con presión del Legislativo, Landívar y Saavedra fueron enviados a prisión

Con la presencia y la participación de abogados de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y de la Vicepresidencia del Estado, la jueza anticorrupción de La Paz, Melina Lima Nina, ordenó ayer la detención en la cárcel de Palmasola de Humberto Landívar Pereira y de Roberto Saavedra Renjifo, que son acusados de recibir beneficios de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, que construyeron tramos de la carretera que forma parte del corredor Bioceánico.

Estos son los primeros sancionados por el denominado caso Lavajato.

Durante la audiencia, que se extendió por más de nueve horas, la jueza rechazó tres incidentes de libertad presentados por la defensa del empresario Saavedra y de Landívar, que fue gerente de Construcciones del Servicio Nacional de Caminos. Sobre el empresario, dijo que posee doble nacionalidad, que presentó facturas de servicios de más de una casa y que una de sus estancias agrícolas cuenta con pista de aterrizaje, lo que representa un riesgo de fuga.

En el caso del ex funcionario público, consideró que tiene relaciones con personal de la ABC, situación que podría interferir en la investigación. Su defensa reclamó porque no se tomó en cuenta su edad ni una enfermedad que lo aqueja.

La Fiscalía sostuvo que convenció a la jueza anticorrupción de que ambos tienen indicios de culpabilidad y que habrían sido beneficiados con dineros procedentes de empresas offshore relacionadas con las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

Ante eso, la defensa de Landívar adujo que los desembolsos de las constructoras vinculadas con el caso Lavajato se produjeron un año después de que él dejó de trabajar en el Servicio de Caminos. Mientras, Saavedra señaló que había recibido dos pagos por una deuda a través de cheques de gerencia por $us 100.000, y que nunca supo el origen de ese dinero. La Fiscalía precisó que hallaron indicios de que ambos cometieron el delito de legitimación de ganancias ilícitas, además de enriquecimiento ilícito para Landívar, y enriquecimiento de particulares con afectación del Estado, en el caso de Saavedra.

La defensa presentó tres incidentes: ilegalidad en la detención, porque ambos fueron interceptados y trasladados de Santa Cruz a La Paz sin previa notificación, nulidad de la imputación por vulneración de derechos y lo mismo de la declaración de ambos imputados. La jueza Lima desestimó los tres recursos.

Además del fiscal acusador, la jueza concedió la palabra, como parte acusadora, a los representantes de las cámaras de Senadores y de Diputados, así como al de la Vicepresidencia.

La abogada Audalia Zurita, defensora de uno de los acusados, hizo notar que los fiscales siguieron las directrices de los abogados del Legislativo.

LA DEFENSA RECLAMA LA PRESENCIA DE OTROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, PATRICIA BALLIVIÁN ENTRE ELLOS
La defensa de los acusados que fueron enviados ayer a la cárcel señalaron que otros implicados tenían mucha más responsabilidad y aún no están tras las rejas.

La abogada Audalia Zurita aseguró que Humberto Landívar fue implicado solamente porque fue vocal de la comisión.

“Aseguran que al serlo, pudo tener acceso a los documentos y participar en la comisión de los hachos. Pero hay en esa comisión calificadora otros integrantes que misteriosamente no están convocados”, manifestó.

Ella menciona a dos personas. “Era parte de la comisión calificadora un ingeniero de apellido Kukoc, presidente de esa comisión que no está convocado. La licenciada Patricia Ballivián, secretaria de la misma y que tampoco llamaron. Y lo recuerdo, el ingeniero Landívar era vocal”.

En el informe del Legislativo también se menciona a otras personas, como Carlos Eduardo Morales Landívar, quien fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.

También se mencionó a Jorge Nicolás Peredo Flores, quien fue gerente general del Servicio de Caminos, y también el documento menciona a Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras en la gestión de Eduardo Rodríguez.