La Defensoría del Pueblo señala que pudo existir manipulación de pruebas para mantenerla presa. El ministro de Justicia asegura que la extranjera, que esta tarde obtuvo su libertad, será protegida

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20 de marzo de 2019, 19:10 PM
20 de marzo de 2019, 19:10 PM

El juez público mixto de Rurrenabaque, Raúl Zárate, ordenó este miércoles la extinción de la pena por evasión de la brasileña E. C. de A., violada por policías en la carceleta de este municipio beniano, y ordenó su libertad. La extranjera también tiene la autorización de la justicia boliviana para retornar a su país.

La audiencia fue realizada en Trinidad, a donde fue trasladada la brasileña desde Rurrenabaque porque sus agresores están detenidos en la misma prisión donde abusaron de ella. Hasta la capital de Beni también se trasladó el juez Zárate para la audiencia.

La determinación de  Zarate surge, luego de que la directora nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), Wilma Blazz Ibáñez, presentara el lunes un incidente de nulidad contra la sentencia por el delito de evasión impuesta a la  brasileña.

El ministro de Justinia, Héctor Arce, este miércoles se volvió a referir sobre este caso en su cuenta de Twitter. "En la tarde de hoy la súbdita brasileña presunta víctima de violación ya recobró su libertad y asiste a una audiencia judicial en Trinidad, acompañada de la Viceministra y dos Directores del Ministerio de Justicia", escribió poco antes de que el juez emitiera su resolución.

Investigación por trata

La Defensoría del Pueblo, tras su investigación del caso, sostiene que "halló indicios de que también habría sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual", por lo que pide al Ministerio Público iniciar una investigación por este delito, además de los delitos de violación, vejaciones, tortura y aborto sin consentimiento.

Nadia Cruz, titular de esa institución, indicó que existen indicios de que E.C.A. ingresó de forma irregular a Rurrenabaque a desempeñar trabajo sexual en un local nocturno, situación que fue corroborada por su testimonio y otras averiguaciones realizadas por personal defensorial.

“Existen indicios de que esta ciudadana brasilera habría cometido el delito de robo, pues su denunciante no le pagaba por el servicio sexual prestado, situación que hace presumir la posibilidad de que la peticionaria haya sido víctima del delito de trata con fines sexuales; también se evidenció que la mujer policía involucrada en el caso de violación es hija de la dueña del local nocturno”, remarcó Cruz. 

Además, se evidenció la posible manipulación de prueba con la finalidad de mantener detenida a la peticionaria y aplicación errónea del derecho por  parte de las autoridades jurisdiccionales; por lo que se recomienda al Consejo de la Magistratura a iniciar procesos de fiscalización y auditoría a las actuaciones de los dos jueces que conocieron el caso.

Finalmente, el ministro Arce aseguró que la extranjera "será protegida integralmente por el Estado", mientras duren las indagaciones contra los uniformados que estaban a cargo de la seguridad de la carceleta.

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