Un apoderado del ministro Arce presentó la solicitud en Sucre y la Magistratura anunció la investigación. El Colegio de Abogados de Santa Cruz considera que el Gobierno no ve las regalías, sino la repostulación

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4 de mayo de 2018, 7:00 AM
4 de mayo de 2018, 7:00 AM

El Ministerio de Justicia lanzó la ofensiva anunciada y ayer jueves requirió en Sucre al Consejo de la Magistratura la destitución del juez Alberto Guzmán por la comisión de faltas gravísimas por dar curso a una acción de cumplimiento que autorizó el descongelamiento de regalías por el campo Incahuasi a favor de Santa Cruz. Mientras tanto, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Égüez, aseveró que lo que busca el ministro Héctor Arce es blindar la repostulación presidencial.

La solicitud fue presentada por un representante legal del ministro Arce. La consejera de la Magistratura Dolka Gómez, informó que están pidiendo informe a su delegado distrital en Santa Cruz para establecer cuál fue la actuación de este juzgador para posteriormente tomar las determinaciones que correspondan en el tema disciplinario. 

“Si se observa una falta el Consejo de la Magistratura accionará el proceso disciplinario y si se observa un delito pasará a las instancias correspondientes”, aseguró la autoridad judicial.

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Por su parte, el consejero Omar Michel acotó que una posible suspensión del juez dependerá del resultado de la investigación. A las críticas que habían realizado la jornada del miércoles los representantes de los jueces, que emitieron un pronunciamiento en el que su presidente, Emerson Figueroa, advirtió que el Gobierno desmanteló el sistema de independencia judicial, se sumó ayer el Colegio de Abogados de la capital cruceña.

Su máximo dirigente, Julio Égüez, en una entrevista con EL DEBER Radio, apuntó que el Ejecutivo tiene un objetivo político concreto al procesar al juez.

Escucha lo que dijo Julio Égüez en EL DEBER Radio

 

 

 
 

“Creo que la acción del ministro de Justicia no va por el tema de la devolución o el descongelamiento de las regalías para Santa Cruz, tiene un cálculo político que va más allá de eso. Puede ser que Arce piense que a través de este antecedente cualquier ciudadano podría interponer una acción de cumplimiento del fallo por la reelección y podría ganar, y perjudicar el proceso de repostulación del presidente Evo Morales”, expresó el abogado.

La respuesta no se dejó esperar. El ministro de Gobierno, Carlos Romero contestó que se busca politizar el conflicto. 

“Lo que buscamos es el mayor blindaje jurídico, hay abogados que ante la falta de fundamento sustantivo recurren a la chicana y hay que blindar los pasos que se den para que se consolide la resolución de este problema y no siga expuesto a una judicialización innecesaria”, dijo.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, se pronunció ayer y, en los hechos, advirtió que el Gobierno no está dividido por este tema, “como se ha especulado”, y el consenso radica precisamente en lo que subrayó el presidente del Colegio Médico.

Llamarán a una asamblea de la cruceñidad

Rada aseveró que en el gabinete “hay una posición unánime. Todos coincidimos en que la sentencia constitucional que emitió el TCP debe cumplirse. Y esa sentencia establece que se debe realizar un proceso de delimitación que está terminado y que debe realizarse un estudio de YPFB que está en curso”, manifestó la autoridad.

Romero complementó que el fallo del juez cruceño fue más allá de la sentencia, porque en su parte considerativa establece que al existir un estudio anterior, cuando el TCP dispuso uno nuevo, igual se pueden descongelar las cuentas y en paralelo continuar con el nuevo estudio. 

Lo que dijo el juez



“Entonces eso generó problemas porque hace vulnerable la decisión. Nosotros dijimos que si nos alejamos en un centímetro del alcance de la sentencia constitucional, nos expondremos a que cualquier actuación administrativa se haga vulnerable judicialmente porque Chuquisaca, sobre todo, decidió llevar este problema al ámbito judicial”.

Ambas autoridades coincidieron en que Incahuasi está “muy lejos” de la delimitación de los 30 vértices que son los que forman el límite entre Villa Serrano y Pucará y concluyó que en la conciliación quedan “muy lejos” de Incahuasi. Sobre el estudio técnico estipulado en la segunda parte de la sentencia constitucional, advirtieron que estará listo en un plazo de 15 días.

Lo que ha dicho Romero


Romero se animó a adelantar, a título personal, que por los datos que existen hasta el momento, el reservorio está en territorio cruceño, aunque se deben esperar los resultados del estudio. Rada dijo que no se referiría a sus alcances. El senador opositor Oscar Ortiz, denunció que el MAS manipula la política. “Arce anuncia proceso contra el juez, y la semana pasada, los parlamentarios del MAS acudieron a él. ¿Acaso no se contrataron una banda a festejar porque ellos hallaron el camino para descongelar las regalías?, Miren la doble moral con la que actúan”, señaló.