El Ministerio de Justicia también pide cárcel para el alcalde, aunque en el proceso figura como coadyuvante y no como querellante. Los concejales afirman que el edil recurre a chicana jurídica para evitar responder

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8 de mayo de 2018, 7:00 AM
8 de mayo de 2018, 7:00 AM

La abogada que patrocinó a los acusadores del caso Porvenir contra Leopoldo Fernández, Mary Carrasco, es ahora abogada del principal acusador del caso mochilas de Oruro, Severo Torres. Carrasco, en diálogo con EL DEBER, manifestó ayer que el alcalde Édgar Bazán es responsable de tres delitos y por tanto debe ser encarcelado, pidió a la justicia actuar como en otros casos similares, en una clara alusión al caso mochilas de Cochabamba, que ha impedido al alcalde José María Leyes seguir en sus funciones; la audiencia cautelar de Bazán se realizará el viernes, a las 9:00, en Oruro.

“La comisión de los delitos está clara, es un contrato lesivo al Estado porque no respetó el decreto 181; hay una conducta antieconómica por el precio de las mochilas y su naturaleza; finalmente, hay un incumplimiento de deberes porque el responsable es la máxima autoridad y en este caso es el alcalde, y todas las personas que participaron de este proceso deben ser investigadas y, en su caso, cauteladas”, dijo la abogada.

Carrasco negó que su rol en el caso Porvenir (Pando) la hubiese vinculado al Gobierno, pues ella trabajó con los padres de los estudiantes fallecidos en 2008 y nunca tuvo apoyo de Evo Morales. Recordó que los acusadores fueron las familias, Derechos Humanos, el Capítulo Boliviano, Asofamd y la Fiscalía, y que su vínculo con el Gobierno fue una versión de la prensa “que no tienen asidero”.

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El rol del Gobierno

Pero no solo la abogada va tras la cabeza de Bazán: ayer el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, dijo que su despacho estará en la audiencia que se realizará el viernes y, al igual que la parte acusadora, pedirá la detención preventiva de Bazán. Según él, habrá la misma conducta que en el caso de Cochabamba.

No obstante, el 12 de abril este despacho presentó un  memorial en Oruro ante el juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Sergio Vásquez, en el que se presenta como coadyuvante y no en calidad de querellante, como se hizo en el caso de José María Leyes.  

Ayer, EL DEBER se contactó con los responsables de Comunicación de la Alcaldía para conocer la versión del alcalde. Prometieron consultar a la autoridad, pero luego no fue posible hablar con ellos.

El juicio

Frente a este panorama, Bazán presentó el 26 de abril una querella criminal en contra del proveedor de las mochilas, Marco Murillo, por incumplimiento de contratos pues, según él, el punto 3 del Documento Base de Contratación (DBC) establecía que las mochilas debían ser de procedencia nacional y luego se enteró que las mismas fueron importadas desde China y refiere que el proveedor ofreció mochilas de la empresa Líder Sport, que serían de fabricación nacional.

En la declaración que Murillo prestó ante la Fiscalía, el 9 de octubre de 2017, señaló que fue imposible cumplir con el plazo de los 29 días que puso el municipio y que por esa razón decidió la importación de las mochilas desde China.

En Cochabamba investigan contratos de consultoría
Dos denuncias de los concejales Edwin Jiménez y Carlos Coca sobre contrataciones irregulares en el municipio de Cochabamba serán investigados por la gestión de la alcaldesa interina, Karen Suárez, quien dijo que sancionarán los actos irregulares que se presenten, de acuerdo con un reporte de Los Tiempos.

El concejal Edwin Jiménez denunció que una sola persona se benefició con una consultoría de cinco días por un monto de 49.800 bolivianos.

Otra denuncia del concejal Carlos Coca señala irregularidades en la contratación de bienes y servicios en la empresa municipal de agua Semapa.