A 9 años del caso Rózsa, a la élite le cuesta regenerarse

Al cumplirse nueve años desde que el operativo del hotel Las Américas acabó con Eduardo Rózsa y su grupo, los actores y observadores  de ese entonces lanzaron una mirada sobre los sucesos y sus consecuencias políticas; entre cinco de estas fuentes hay coincidencia al señalar que las élites políticas del oriente de ese entonces fueron derrotadas y anuladas, pero que ahora hay un surgimiento de una camada de dirigentes políticos emergentes, muchos de ellos como parte de las denominadas plataformas ciudadanas críticas con Evo Morales, que exigen el respeto al voto del 21-F y que ven el caso terrorismo como herramienta para acusar al Gobierno.

Carlos Börth, que fue senador de la República  y uno de los negociadores de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), dijo que las élites políticas –del oriente principalmente– no aceptaron la elección de Morales y prepararon una forma de resistencia política y realizaron un “mal cálculo” que precipitó el enfrentamiento que estaba claro que sucedería tras la Constituyente.

Dijo que después de todos los sucesos, como el caso Porvenir en septiembre de 2008, y el caso terrorismo, en abril de 2009, la resistencia política que se había forjado desde 2006 quedó superada por errores propios de los opositores, que alentaron la violencia como método de toma del poder.

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Con ese criterio coincidió el politólogo Carlos Toranzo, quien señaló que fueron esos dos hechos los que marcaron la derrota de los primeros opositores al MAS; pero, en su opinión, ambos casos fueron alentados por el Gobierno.

Respaldó su análisis en los sucesos posteriores y en las mismas investigaciones que se revelaron con el paso del tiempo, además de la admisión del caso de violación de derechos humanos de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que pone en entredicho al Estado.

Un especialista en cuestiones de seguridad es Samuel Montaño. Él hizo una analogía: para él, el uso político del caso terrorismo se asemeja al que hizo la administración de George W. Bush con el ataque a las torres gemelas ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 (11-S). Para él, en abril de 2009, cuando todo pasó, el país asistía a una noticia cuyo antecedente más cercano era el de 1967, con la guerrilla de Ñancahuazú.

Y al igual que en EEUU, dijo, la gente vio que existen dos versiones y que una cobró fuerza en este tiempo, aunque el Gobierno insista en que “se defendió la patria”. También citó el caso estadounidense donde también cambió la percepción de quién fue el verdadero responsable del 11-S.

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Barridos
Los tres especialistas coincidieron en afirmar que estos hechos lograron desbaratar las acciones de una oposición regional y que tenía a figuras como el ex líder cívico Branko Marinkovic, hoy refugiado en Brasil, como uno de sus principales actores y a Santa Cruz como el respaldo que necesitaban. 

Pero, de esa época, todavía está en pie el gobernador cruceño Rubén Costas, hoy líder de un partido político con proyección nacional: el Movimiento Demócrata Social (MDS). Eso sí, distanciado de sus antiguos aliados, como Marinkovic, que han sido ‘barridos’ por la persecución judicial.

El exsenador Börth recordó que, en determinado momento, Morales no podía llegar a cinco departamentos y que los hechos de abril destrozaron la estrategia opositora que hacía que eso suceda.

Recordó que el DS 29322 fue el origen del  conflicto, porque el Gobierno emitió esa norma como un mecanismo para recortar los recursos que percibían las prefecturas de entonces y dijo que eso aceleró el enfrentamiento; ese decreto fue emitido en octubre de 2007 y debía entrar en vigencia en enero de 2008, justo para los debates de la nueva Constitución.
Toranzo dijo que luego de los hechos de Porvenir y del caso Rózsa, Morales consiguió las alianzas que necesitaba: el apoyo de las FFAA y el de la oligarquía agropecuaria del oriente; gracias a esos apoyos, según él, en este momento el poder del MAS aún subsiste.

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Una nueva generación
Tanto Toranzo como Börth consideran que los líderes políticos de entonces ya no podrán rearticularse, que son el pasado; sin embargo, en este momento lo que el país ve es una estructuración de la siguiente generación de dirigentes: los que huyeron difícilmente podrán retomar sus lugares mientras Morales siga de presidente, pero los actores de ahora no tienen la suficiente experiencia para enfrentar al MAS.

Börth recordó que el actual vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, fue elegido por solidaridad con su causa y que, aunque su padre, Zvonko Matkovic Fleig, estuvo vinculado a ADN, no cree en una rearticulación porque las condiciones políticas son distintas a 2009.  

La mirada oficialista
Para el exdiputado y actual ministro de Minería, César Navarro, se investigó lo suficiente. Para él, no existe la posibilidad de que el Estado hubiese cometido excesos en hechos violentos como este.

Recordó que, como parlamentario que investigó el caso, entregó a los fiscales todas las pruebas que recolectaron como las facturas originales de los hoteles, los pasajes aéreos del grupo de Eduardo Rózsa, los informes periciales de los técnicos de  balística del IDIF e incluso la mira telescópica que utilizaba Rózsa en sus prácticas.

Los sesgos políticos
Pero sus colegas de entonces, Pablo Banegas y Bernardo Montenegro, aseguran que el caso fue desde un principio “político” y el MAS consideró que ese caso era lo que necesitaba para descabezar a todo el movimiento político que se gestó en el oriente.

Montenegro recordó que él personalmente fue a entregar los resultados de la investigación que hicieron de forma paralela a la de la comisión especial a la CIDH y a la comisión europea, porque consideró que el informe elaborado y aprobado por mayoría por el MAS contenía un sesgo político.

Banegas recordó que, todo el tiempo, la directiva de esa comisión consultaba a alguna otra autoridad antes de considerar cada caso, incluso las declaraciones de las personas eran acordadas antes de que se reúna la comisión y dijo que aceleraron su  conclusión porque se acababa el periodo constitucional legal.-