No hay de dónde quitar recursos, hay para generarlos, alega tajante el Gobierno. Las autoridades opositoras anuncian que no irán a ninguna convocatoria sobre propuestas

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25 de diciembre de 2017, 10:42 AM
25 de diciembre de 2017, 10:42 AM

Impuesto a la sucesión hereditaria; impuesto a las aeronaves y motonaves; impuesto al juego; esos son los tres ingresos alternativos que se registró en el diálogo para avanzar en el pacto fiscal que debatió con las regiones, pero las gobernaciones opositoras –Santa Cruz, La Paz y Tarija– calificaron como risibles dichas propuestas.

El responsable técnico de Tarija para el pacto fiscal, Rubén Ardaya, dijo que el impuesto a la sucesión, en el caso de las regiones del eje central, puede significar algún ingreso por ser las más pobladas; aseguró que el impuesto a las aeronaves y motonaves causó la risa de los técnicos porque todos se preguntaron a qué aeronaves y qué motonaves cobrarían las regiones donde no hay ese tipo de maquinaria; sobre el impuesto al juego, dijo que Santa Cruz fue la que lo planteó y que en otras regiones se desconoce la existencia de este tipo de actividad, además que existe un conflicto sobre ese tema con los municipios.

El director del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz, Fabián Yaksic, indicó que los impuestos ofrecidos por el Gobierno no tienen ningún asidero económico para salvar las economías de las regiones y dijo que las autoridades gubernamentales se centraron en atacar la propuesta de redistribución de la coparticipación tributaria y relegaron la discusión de los recursos del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), uno de los principales ingresos.

Sobre estos dos temas, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, explicó que el dinero de la coparticipación tributaria quiere ser redistribuido por los tres departamentos y contó que su respuesta fue que esos ingresos están destinados al pago de salarios de educación, salud, pensiones, FFAA y Policía; por tanto, el Gobierno pidió que las regiones expliquen a qué sector quieren quitarle el dinero para que pase a sus regiones. Dijo que nadie supo responder. 

Sobre el IDH, afirmó que son recursos nacionales y que corresponden a todos los bolivianos y no a las regiones específicamente, por tanto, se determinó que esos recursos tampoco pueden moverse. “No se puede mover nada, lo que se puede hacer es generar nuevos ingresos para las regiones”, resumió la autoridad de Gobierno.

En su opinión, la creación de algunos impuestos y la transferencia de otros puede mejorar significativamente los ingresos que tienen las regiones y aseguró que los departamentos no tienen logística ni el sistema para generar impuestos que les permita recaudar fondos y que se debe trabajar en esas dos áreas.

Para el representante de la Gobernación de Santa Cruz, el asesor general José Luis Parada, las 25 opciones planteadas por el Gobierno son las que siempre fueron trabajadas en el pacto fiscal y dijo que se debió “aterrizar” en medidas concretas por la crisis económica que atraviesan todos los gobiernos departamentales; además, criticó que en año y medio de trabajo y debate no se avanzó.

Avanzar sin regiones
Siles dijo que, desde enero de 2018, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) avanzará en los acuerdos alcanzados en la última reunión de noviembre, acuerdos que fueron refrendados por los gobernadores que asistieron a la última reunión de Consejo y aseguró que se avanzará con los que asistan, porque ya existen documentos firmados.

Pero el representante de La Paz aseguró que los documentos que fueron firmados son solo actas de reuniones y no un documento que pueda ser calificado como pacto fiscal, porque no existe; asimismo, dijo que las actas de las reuniones deben ser de conocimiento de los gobernadores y de las autoridades nacionales que conforman el Consejo autonómico.

Tarija dijo que ya enviaron una carta al presidente Morales –lo mismo que Santa Cruz– haciendo conocer su disconformidad sobre la forma cómo se planteó este diálogo entre distintas entidades y ahora quieren forzar un supuesto acuerdo. También aclaró que ellos no acudirán a ninguna convocatoria, aunque eso represente marginarse de los acuerdos.

Los temas que se desarrollarán están ligados a la reforma de la Ley Marco de Autonomías para el traspaso de competencias y la 1178 o Ley Safco, que también están en los documentos que suscribieron; el Gobierno ofreció una nueva ley de Administración de Bienes que debe reemplazar esta norma, que tiene una antigüedad de 27 años.

Las propuestas
Las tres regiones opositoras proponen que el Gobierno deje de confiscarles los recursos del IDH a través del traspaso de competencias sin traspasarles el dinero necesario; observaron, principalmente, el pago de la Renta Dignidad y el 12% que les quitaron unilateralmente para invertir en tareas de exploración de hidrocarburos.

Parada dijo que las regiones subvencionan al Ministerio de Gobierno con los prediarios y que se debe tomar en cuenta que el 80% de los reos no tiene sentencia; asimismo, dijo que el Ministerio de Salud también es subvencionado por las regiones porque se transfirieron los hospitales de tercer nivel a las gobernaciones. 

A esto, el viceministro Siles dijo que no se trata de una confiscación, que es un uso de dineros de las regiones para la exploración y que la norma que lo autoriza indica que una vez descubierto algún yacimiento, las regiones reciben cuatro veces más del dinero que invirtieron en esa tarea.

De acuerdo con Yaksic, los departamentos no productores, como La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando, objetan ese mecanismo porque no tienen ninguna posibilidad de que retornen los recursos que les confiscan.

En cuanto a la coparticipación tributaria, las autoridades nacionales afirman que no es posible modificar la actual estructura de distribución y que las regiones proponentes deben explicar cómo se reemplazarán esos recursos.

El representante de Tarija precisó que el Gobierno central tiene la potestad de crear otros ingresos y no habría problema en sustituir los dineros que entreguen a las regiones. Afirmó que de continuar esta situación, las regiones corren el riesgo de convertirse en gobernaciones inviables por la ausencia de recursos para financiar los proyectos regionales que tienen.