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7º DÍA

Las víctimas van por el cobro de una tercera indemnización

Los afectados de octubre recibieron $us 11 millones por una ley de Evo Morales. Luego ganaron un juicio a militares y ahora están cerca de otro resarcimiento

Son cifras muy diferentes, pero los resultados son satisfactorios en lo legal. Las víctimas de octubre de 2003 suman su segunda victoria jurídica y logran una tercera compensación económica. El primer caso se desarrolló en Sucre y entre 128 afectados  se repartieron una indemnización de Bs 1.069.691. El segundo proceso tiene un monto muy superior y llega a $us 10 millones, que aún puede ser revertido –aunque es mínima la posibilidad– por el juez estadounidense James Cohn. Un tercer beneficio lo recibieron a través de una ley promulgada en 2008 por el presidente Evo Morales.    

La primera compensación para las víctimas de la denominada ‘guerra del gas’ fue promovida por   Evo Morales, a través de una ley promulgada el 6 de noviembre de 2008. La norma estableció el pago de Bs 143.750 para los herederos en primer grado de los fallecidos de febrero, septiembre y octubre de 2003. También fueron entregados Bs 2.875 para los heridos gravísimos, mientras que para los heridos leves y graves se asignó un monto de cinco hasta 10 salarios mínimos nacionales de ese entonces. 

Juana Valencia es una de las víctimas y certifica que este es el único pago que hizo el Estado a favor de las víctimas de octubre de 2003. Detalla que el pago se hizo y que sirvió para cubrir gastos. “Muchas personas quedaron sin padres, otros no pueden trabajar porque están inválidos; estos pagos sirven de alguna manera”, dice Valencia.    

Celima Torrico ejercía como ministra de Justicia cuando la Ley 3955 fue promulgada. La exautoridad recalca que fueron destinados $us 11 millones para las víctimas y explica que ese monto fue financiado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). “Se procedió al pago único a los heridos gravísimos, graves, leves y familiares herederos hasta el primer grado de consanguinidad. En la ley se aprobó un presupuesto que ascendió a Bs 82 millones, es decir, cerca de $us 11 millones”, destaca Torrico.  

La Ley 3955, además del pago único, establece el apoyo académico y reconocimiento público a favor de las víctimas de la ‘guerra del gas’. 
“Perseguir una reparación más allá de que sea un derecho era muy complicado, peor por la complejidad de la administración de justicia, con la cárcel para los sentenciados se cumplió el objetivo”, destaca Rogelio Mayta, uno de los abogados de las víctimas. 

Una segunda indemnización ocurrió el 12 de febrero de 2016. En Sucre, el juez Primero de Sentencia, Eduardo Gonzales, estableció que seis imputados por los hechos de octubre de 2003 debían pagar un monto de compensación a favor de las víctimas. La justicia decidió un resarcimiento de Bs 1.139.986 a favor de los heridos graves y familiares de los fallecidos. Este monto fue apelado y los imputados deben pagar Bs 1.069.691, cifra que fue dividida entre 128 personas. 

“Se ha hecho una calificación individual, caso por caso, analizando el daño sufrido, el núcleo cesante, el daño emergente de cada una de estas personas y la vinculación que tuvieran que tener con el juicio penal”, explica el juez Gonzales, desde Sucre.    

Militares implicados

Los imputados que deben pagar el monto son los cinco miembros del Alto Mando Militar de 2003: Roberto Claros Flores, Juan Veliz Herrera, José Osvaldo Quiroga Mendoza, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado. Además del exministro Érick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, quien recuperó su libertad en diciembre de 2011.

Roberto de la Cruz fue el líder de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto cuando ocurrieron los hechos de 2003. El exdirigente recuerda que el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca declaró probada la demanda de resarcimiento económico para las víctimas disponiendo el pago de Bs 1.139.986.

“Eso fue gracias al trabajo del abogado Freddy Ávalos y al esfuerzo propio de las mismas víctimas. Se ha podido llegar a esa conclusión de resarcimiento económico, monto que no reemplazó las graves heridas y las secuelas y tampoco reconfortó a las familias destruidas a consecuencia de la masacre”, indica De la Cruz.

En este proceso las víctimas exigieron por cada fallecido Bs 1 millón como indemnización; por  heridos con lesiones gravísimas, Bs 400.000; para lesiones graves, Bs 200.000; y lesiones leves, Bs 100.000. Estos montos fueron rechazados por la justicia en el caso contra los cinco militares y un exministro.

El abogado Ávalos rechazó en su oportunidad el monto de compensación que se estableció en la justicia chuquisaqueña. El jurista dice que esta cifra es muy baja y desconoce si se efectuó la repartición entre las víctimas. “Fue una noticia agridulce. Primero se estableció culpabilidad y se creó un antecedente contra los seis imputados (cinco militares y un exministro), pero lo amargo es el monto que se estableció, que a mi parecer fue muy poco ante los problemas que enfrentan las víctimas por la masacre”, reclama. 

Ávalos desconoce si los Bs 1.069.691 fueron repartidos entre las 74 víctimas, pero recuerda que no todos los imputados pudieron pagar la parte obligada. 

En junio de 2007, un Tribunal de Apelación en Sucre confirmó el resarcimiento de daños civiles en un monto de Bs 1.069.691 a las 128 víctimas y no con los más de Bs 10 millones que reclamaban.

En octubre del año pasado aún se tramitaba el proceso de ejecución del resarcimiento. A principios de 2018 los imputados tramitaban la venta de sus propiedades para que sean monetizadas a favor de las víctimas. 

Debido a las demandas contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, exministros y militares, las 35 propiedades anotadas de los cinco uniformados que tienen sentencia ingresaron al proceso de remate para indemnizar a las víctimas. 

La decisión millonaria

El último logro jurídico para las víctimas sucedió en Fort Lauderlade, Estados Unidos. Si bien el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín todavía no concluyó, los jurados ciudadanos decidieron declarar responsables a los acusados determinando el pago de $us10 millones a favor de los nueve demandantes.  

Thomas Becker es uno de los abogados estadounidenses que asesora a las víctimas en el juicio civil. El jurista explica que el caso de Sucre de 2016 es un proceso aparte que no fue utilizado en el juicio en Florida. “Son procesos muy diferentes. El nuestro sucedió en Estados Unidos y fue contra los dos principales actores de los hechos de octubre de 2003. El caso de Bolivia, si no me equivoco, fue contra los militares y exministros”, remarca Becker. 

Tyler Giannini, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, llegó a La Paz junto a las víctimas. El abogado explica que el proceso puede demorar unos dos años más, pero remarca que la ‘batalla principal’ fue ganada. Se refiere a la decisión del jurado. Al final, el 4 de mayo el juez James Cohn decidirá si se ratifica o no lo establecido por diez personas. 

La extradición está lejos

Las víctimas de octubre de 2003 lamentan que el Gobierno no haya avanzado en la extradición de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín. El canciller Fernando Huanacuni dice que se cumplió con los requisitos 

La extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín todavía está muy lejos de ser una realidad. Los casos civiles –tanto en Bolivia como en Estados Unidos– no cuentan como insumos legales para que Washington decida el envío de las exautoridades a La Paz.  

El abogado estadounidense Thomas Becker remarca que el juicio civil suscitado en Estados Unidos no tiene similitud ni peso en la tratativa de extradición. El jurista ve que este caso debe ser resuelto con decisiones políticas. 

“El tema de la extradición es un tema más político, eso debe tratarse entre gobiernos y nosotros no somos parte de ese proceso. Lo que hicimos nosotros solo buscaba la indemnización económica y no la cárcel, que eso es un proceso penal”, explica el abogado Becker. 

Teófilo Balcázar es una de las víctimas de los hechos de octubre de 2003. Él perdió a su esposa, que estaba embarazada, por una bala perdida en la ciudad de El Alto. “Este es un paso más que damos en busca de justicia. No ganamos la extradición, pero ese es el fin de nuestra lucha.
Por ahora debemos conformarnos con este triunfo”, recalca Balcázar. 
Mientras que Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, lamenta que el Gobierno no haya avanzado en el proceso de extradición de Sánchez de Lozada ni de Sánchez Berzaín. 

“No hay avances ni logros. El Gobierno hizo muy poco para que las víctimas logren justicia. Y eso que Evo Morales subió al poder gracias a nuestra lucha”, destaca Quispe. 

Por su parte, el canciller Fernando Huanacuni remarca que el Gobierno cumplió con “todos” los requisitos para que las exautoridades sean extraditadas. El ministro recalca que la decisión está en manos de EEUU.