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SEGURIDAD

Denuncian a juez, fiscal y otros por dejar 13 años preso a un sobreseído

Las autoridades que firmaron el documento de sobreseimiento tienen responsabilidad según el ministerio, pero también los diligencieros, la Policía, Régimen Penitenciario, Consejo de la Magistratura y el abogado de la víctima

Según el Servicio Departamental de Defensa Pública (Sepdep), el ciudadano J.C.C.O. tiene 34 años, lo que significa que cuando tenía 21 fue encerrado preventivamente en Palmasola desde mayo de 2005 y, a pesar de haber sido sobreseído en octubre, una serie de negligencias hicieron que se ‘olviden’ de él y permanezca 13 años preso injustamente.

Ante esta situación, el director de Justicia y Derechos Fundamentales, Roberto Quiroz, señaló que “pasaron años sin que nadie se dé cuenta del caso, hay negligencia”, por lo que ya han sentado una denuncia ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades de este hecho.

Quiroz indicó que hasta el momento se tienen identificados al juez A.S.R., que estaba a cargo del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, y al fiscal W.M.S., aunque se están solicitando informes al Tribunal Departamental de Justicia y al Ministerio Público.

Sin embargo, también señaló que corresponde indagar responsabilidades de otras personas, como los diligencieros del juzgado y de la Fiscalía, además de funcionarios que han pasado por el Consejo de la Magistratura, Régimen Penitenciario y Policía, puesto que estos brindan informes anuales y en 13 años no detectaron este caso.

Así también señaló que se indagará al abogado defensor particular de J.C.C.O., quien, aunque según las indagaciones documentales previas no fue notificado con el sobreseimiento por parte del fiscal, también tenía la responsabilidad de hacer seguimiento al caso, explicó Quiroz.

Al respecto, el fiscal departamental, Freddy Larrea, señaló a EL DEBER que el fiscal W.M.S. ya no es funcionario del Ministerio Público, pero que corresponde una investigación por parte de la institución que está a su mando. Adelantó que se hará una evaluación exhaustiva de los antecedentes y del cuaderno de la investigación. “Haremos un análisis para ver las posibles responsabilidades y daremos una posición”, aseveró.

Por su parte, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, no se ha pronunciado al respecto pese a que se le hizo el requerimiento desde el martes.

Ayer, la directora nacional de Defensa Pública, Wilma Blazz, señaló que el caso se detectó el 18 de julio por el Sepdep, que le asignó un abogado defensor y en seis días gestionó un mandamiento para que J.C.C.O. recupere su libertad.

La autoridad dijo que puede haber más casos como estos en las penitenciarías del país, pero que no tenía el dato en el momento.

A su vez, la directora departamental de Defensa Pública, Ivette Morales, indicó que una vez conocido el caso de J.C.C.O., lo que se hizo fue acelerar el proceso de su liberación y que recién se está trabajando con un equipo multidisciplinario para conocer los pormenores de la vida personal y familiar del afectado.

Según el cuadernillo de investigaciones, J.C.C.O. fue sindicado de tentativa de homicidio e intento de robo y fue sobreseído luego de cinco meses.

Proceso de resarcimiento

Quiroz también manifestó que corresponderá, en su momento, que el Estado asuma un resarcimiento económico en favor de la víctima. Actualmente se está trabajando en la parte sicológica y en la reinserción a su familia, luego de 13 años.

Adelantó que en lo que corresponde al resarcimiento económico, un requisito es que haya una sentencia contra los responsables de su injusto encierro y reconoció que esto puede demorar un buen tiempo.

Esta situación, la demora del resarcimiento, ha quedado expuesta en el caso de Reynaldo Ramírez, quien estuvo dos años preso siendo inocente y que fue liberado hace un año y un mes. Hasta la fecha, señaló Ramírez, sigue buscando cómo pagar las deudas que contrajeron él y su familia durante los dos años que estuvo preso injustamente. Luego de recuperar la libertad tuvo un trabajo eventual en una dependencia del Ministerio de Justicia en Santa Cruz, pero no pudo continuar pues no hizo el servicio militar y, según aseguró, no contaba con recursos para tramitar la libreta de redención por haber sobrepasado los 24 años.

Melvy Jaramillo, directora de Transparencia en Santa Cruz, manifestó que el caso de Ramírez está en etapa de ampliación de imputación y que el afectado había decidido buscar un abogado particular para tramitar el resarcimiento.

Siles: ‘Justicia libera asaltantes’

El comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, manifestó que 
en el último trimestre fueron liberados 767 reclusos de Palmasola, de los cuales 226 estaban encerrados por los delitos de robo y robo agravado.

“Lo peor es que de estos 226, solo 79 cumplieron su condena y el resto, 147, fueron beneficiados con medidas sustitutivas”, dijo Siles, que recordó los continuos casos de bandas de atracadores que captura la Policía, en su mayoría integradas y lideradas por exreos con antecedentes por el mismo delito.

“Como institución cumplimos con la aprehensión de los antisociales; la liberación de los mismos corresponde a otras instancias que tendrán que dar su respuesta a la sociedad”, concluyó el jefe policial.