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La Nueva Santa Cruz

Sobre el megaproyecto de la Nueva Santa Cruz, un concepto geopolítico describe lo siguiente: “La sangre y el suelo ejercen influencia sobre el destino de los pueblos”. Haciendo una comparación, se podría decir que cuando un inquilino entra a ocupar una vivienda en la que nada podrá alterar, independientemente de que esta tenga muebles lujosos o sencillos, sea cómoda o no, dependerá de la posición económica y del gusto de las personas que habitan en ella para determinar la morada; lo mismo sucede con el espacio de una ciudad o Estado.

Al respecto, en Santa Cruz la sociedad parecería estar huérfana de autoridades competentes, al estar sometida a un pequeñísimo sector inmobiliario, alarmantemente poderoso, que rebasó a los proyectos, programas y planes de desarrollo de las autoridades municipales y departamentales, y que está haciendo que los habitantes de esta gran ciudad estén obligados a vivir a guisa de inquilinos; es decir, allí donde no hay otra opción que la iniciativa del poder económico inmobiliario.

El departamento de Santa Cruz posee como patrimonio 370.621 kilómetros cuadrados y sus autoridades tienen la obligación de administrarlos para beneficio del pueblo, así como proteger la propiedad legada por nuestros ancestros.

La ciudad denominada “Nueva Santa Cruz” es un megaproyecto urbano cuyo objetivo, según sus ejecutivos, podría implicar que acoja a 370.000 habitantes, organizando al mismo tiempo un centro de actividad comercial, logístico y de turismo regional.

Sin embargo, este grupo empresarial debe realizar sus inversiones comerciales bajo ciertos parámetros: primero, con otro nombre porque Santa Cruz es una sola, no habrá dos ni tres.

Segundo, que invierta conforme a ley y en concordancia al proyecto de la “ciudad metropolitana”. Tercero, debe evitar que el megaproyecto sea para motivar una probable migración extranjera.

Por último, si bien es ponderable una inversión de esta naturaleza, también se observa que es cómodo fundar, edificar y levantar otra ciudad en la proximidad donde funcionan la mayoría de los servicios públicos esenciales o de “centros vitales” sostenidos con nuestros impuestos.