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Inestabilidad y tensión social en Argentina

Argentina está al borde de la quiebra nuevamente. Tres años de ajustes graduales impulsados por el presidente Mauricio Macri para encarar el multimillonario déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento externo heredados de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner no fueron suficientes para sacar al país de una de las crisis financieras más grandes de su historia.

Una deuda externa de más de 150.000 millones de dólares, vencimientos por 24.000 millones para 2019, un país sumido en una inflación de más del 40% y un déficit fiscal de más del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) son el caldo de cultivo para la actual crisis de confianza en el Gobierno de Macri y las razones para que el precio del dólar se haya disparado por encima del 40%. El propio Ejecutivo prevé una caída en el crecimiento de la economía del 2,4% para este año, lo que coloca a Argentina a un paso de la recesión.

Hoy, la gestión de Macri depende lastimosamente de un nuevo préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 50.000 millones de dólares para aplacar el desbarajuste fiscal que enfrenta Argentina mientras crece el malestar social en las calles por el incremento de precios en bienes y servicios básicos.

El costo social del ajuste impulsado por Macri, que se traduce en miles de despidos, recortes presupuestarios en sectores estratégicos como la educación pública, la ciencia y la tecnología, muestra la dificultad objetiva que tiene la salida del hermano país de esta profunda crisis financiera.

Incluso, a través de un reportaje publicado por este medio, los miles de migrantes bolivianos han dado fe de la asfixia económica que afecta a sus negocios.

El impacto de esta crisis trasciende, incluso, las fronteras argentinas. Debido a la devaluación de hecho del peso argentino (que se suma al que sufre el real en Brasil), los precios relativos de los bienes de esos países se reducen sensiblemente, lo que lleva a un aumento en la presión del contrabando y a una posible fuga de dólares hacia esos mercados.

Esto pone en jaque a la ya frágil industria boliviana, que comienza a sentir los costos de una moneda, el boliviano, sobrevaluado respecto de los vecinos.

Frente a este escenario, los empresarios locales demandan del Gobierno de Evo Morales que adopte medidas rápidas y contundentes para proteger la producción boliviana y equilibrar la pérdida de competitividad del país en los mercados internacionales.

Hasta el momento, la respuesta boliviana ha sido débil. Las acciones de la Aduana y las Fuerzas Armadas se muestran insuficientes frente al poder enorme que tienen los cárteles del contrabando.