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OPINIÓN

El viejo dilema económico boliviano

Uno de los debates que más pasiones desata en Bolivia (no es necesariamente el caso de otras regiones del mundo), pertinaz y anclado en la discusión entre estatismo y privatismo, sigue basado en el blanco y el negro de buenos y malos, arrastrando pasiones en torno a la definición cada vez más inasible de populistas versus estadistas.

En los tiempos del nacionalismo revolucionario, sobre todo en su etapa de “institucionalización”, se acuñó la idea nunca concretada de verdad, de la economía mixta, siguiendo los modelos intermedios denominados “terceristas” que buscaban guardar equidistancia de los dos grandes bloques de la Guerra Fría que luchaban a brazo partido para imponer el capitalismo o el socialismo.

La base de la discusión se fundamentaba en otro viejo debate, en una de cuyas puntas estaba el nacionalismo que se suscribía a las cualidades del Estado como empresario, por una parte, y en la hipótesis de la naturaleza expoliadora de las empresas privadas transnacionales como brazos ejecutores de una política imperial de vaciamiento de los recursos de los países periféricos, por la otra. El único camino para garantizar el desarrollo y el progreso de un país, se decía, es el control por parte de este de sus recursos naturales, sumado a la generación de una industria propia que le dé valor agregado a sus exportaciones.

Estas premisas marcadas a fuego en la llamada izquierda nacional y, con variantes más o menos radicales, compartidas por el conjunto de una izquierda casi siempre fragmentada y empeñada en largos y estériles debates de carácter conceptual, ha alimentado por décadas una de las líneas de pensamiento y acción de partidos y gobiernos en Bolivia. Sobre estas premisas que son las que en buena medida predica el actual Gobierno, hagamos algunas reflexiones.

El escenario económico internacional de hoy es el de la globalización basada en la economía de mercado, una fuerte interconexión y una política general de bloques de integración. Las naciones más poderosas, sea como bloque o individualmente, ejercen en la práctica políticas de subsidios para sus sectores más vulnerables y no modificarán ese comportamiento independientemente de su prédica liberal. La industrialización superada ya en su fase tradicional, la de la llamada industria pesada, ha segmentado y trasnacionalizado la estructura productiva. Las decisiones de inversión y de aporte tecnológico están condicionadas por la competitividad jurídica, salarial, impositiva y logística.

La extracción y transformación de materias primas no es ajena a esa realidad. Un país productor debe garantizar las condiciones adecuadas de cumplimiento y “entrega a domicilio” en los términos y condiciones pactados, al margen de su realidad interna. Esa provisión será más rentable en la medida en que su valor agregado sea mayor. Para ello el exportador deberá garantizar volumen y calidad en escalas competitivas en los mercados que atiende o en los mercados que pretende abrir. Ese desafío debe ser respondido con inversiones adecuadas, sumadas a tecnología creciente y una relación eficiente entre costo de inversión, costo operativo y renta.

El comprador del producto no pregunta cómo se ha desarrollado la operación, le interesa contar con el producto en las condiciones pactadas. El proveedor, si tiene una mínima racionalidad, debe buscar que su ecuación costo-beneficio sea razonable. En este escenario debe evaluar si la premisa del Estado empresario es la ideal, o si lo es la asociación en condiciones de beneficio mutuo con inversionistas internacionales, si es posible esa asociación con inversionistas locales (la opción más compleja, porque el Estado no ha hecho otra cosa que debilitar a la empresa local, o mal acostumbrarla a la droga del subsidio), o si eventualmente una inversión totalmente privada es una buena opción.

Las premisas no negociables en este contexto son tres: transparencia, beneficio económico y, como corolario, bienestar para los ciudadanos.

De lo que se trata es de entender que el galimatías ideológico que enredó, sobre todo a la izquierda boliviana desde los albores del siglo XX, debe desenredarse con acciones que estén basadas en el Estado de derecho y en la búsqueda de la felicidad de los ciudadanos, los únicos y verdaderos dueños del Estado y de la noción de un patriotismo republicano. La respuesta, por tanto, podrá ser disímil en cada caso que se analice y podrá y deberá ser flexible y desprejuiciada según lo imponga la realidad.

El siglo XXI, además, propone algo que está ya en otra dimensión en la era posindustrial y vertiginosa de cambios que cuestionan de raíz premisas sobre desarrollo y progreso, a las que hay que sumar el desafío de la sostenibilidad y el respeto a un entorno ambiental que nos pone en serio riesgo de vida.