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CRISIS MIGRATORIA

Justicia de Ecuador pospone el caso de los venezolanos

Un tribunal de Ecuador suspendió la audiencia prevista para hoy y la aplazó para el próximo viernes

Un tribunal de Ecuador, encargado de analizar las medidas cautelares solicitadas para frenar una decisión del Gobierno de exigir pasaporte a los venezolanos que quieren ingresar en el país, suspendió la audiencia prevista para hoy y la aplazó para el próximo viernes.

Mientras, decenas de venezolanos seguían su trayecto por las carreteras ecuatorianas para intentar cruzar desde la zona fronteriza con Colombia y llegar a Huaquillas, ciudad limítrofe con Perú, país donde también se pondrá en vigor, el próximo sábado, la exigencia del pasaporte para aceptarlos.

El viacrucis de los migrantes venezolanos, no obstante, también se ha topado con la ayuda de ecuatorianos que, más allá de la normativa, observan el drama humanitario que le ha tocado a ese país.

La jueza Judith Naranjo, que lleva el caso de las medidas cautelares, dispuso que la audiencia se reinstale el próximo viernes para garantizar un tiempo suficiente para presentar los alegatos.

La Defensoría del Pueblo pidió que no se suspenda la audiencia ni se la traslade al viernes, por considerar que "se está vulnerando el derecho a la legítima defensa de personas venezolanas".

La exigencia de pasaporte a los venezolanos anunciada por Ecuador, entró en vigor el pasado sábado y pese a ello, muchos venezolanos que ingresaron sin el documento iniciaron el domingo una caminata por carreteras ecuatorianas en su camino a Perú.

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Para la Defensoría del Pueblo, la medida del Gobierno ecuatoriano atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.

El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, ha defendido la medida que, según él, busca "garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado" y evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Pero la defensora del Pueblo, Gina Benavides, cree que este tipo de medidas de restricción fomenta la migración irregular, por lo que teme que aumenten los delitos que se pretende evitar.

No obstante, la realidad de los venezolanos que intentan llegar a Perú por mejores oportunidades de empleo o por reunirse con familiares ha generado actos de solidaridad entre los ecuatorianos.

Y a las donaciones voluntarias y asistencia desinteresada que realizan muchos en las calles, hoy se sumó una acción del Consejo Provincial de Pichincha, cuya capital es Quito, que creó un "corredor ciudadano" para trasladar en autobús a los venezolanos desde la frontera con Colombia hasta Huaquillas.

Así lo informó Sebastián del Salto, asesor de la Prefectura de Pichincha, al precisar que son seis autobuses con 42 migrantes cada uno los que en caravana viajaban este martes hasta la frontera sur.

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Los autobuses han sido facilitados por la empresa de transporte privada Pullman-Carchi, que llevan un total de 252 venezolanos a través de este "corredor ciudadano", explicó Del Salto.

"Esto va más allá del tema de movilidad, es un tema humanitario", remarcó el asesor, al destacar la iniciativa generada por el prefecto (autoridad civil) de Pichincha, Gustavo Baroja.

La directora de Movilidad Humana de dicha Prefectura, Giovanna Tipán, dijo a Efe que el "corredor" se podría mantener de forma indefinida, siempre que se tenga "el apoyo de otras instituciones".

Según Tipán, la Prefectura intentó crear el "corredor" desde hace algún tiempo, pero remarcó que este tipo de iniciativa no sólo debe suponer el transporte, sino un conjunto de acciones que, además, tengan un carácter y ámbito regional.

Por ello, destacó la reunión que ha planeado convocar la Cancillería ecuatoriana para los próximos días, con el objetivo de analizar el inusual flujo de migrantes venezolanos por varios países del continente.

El "corredor ciudadano" es una medida que se va "a mantener, con o sin apoyo", mientras persistan las precarias condiciones por las que deben transitar los migrantes venezolanos, remarcó Tipán.

Recordó que la Constitución del país garantiza la libre movilidad y dijo que la exigencia del pasaporte es una medida injusta para migrantes que, muchas veces, viajan sin los recursos económicos suficientes.