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ECONOMÍA

Perdonazo tributario otorga más poder a Impuestos y a la Aduana

El documento prevé beneficiar con un descuento de hasta un 95% que incluye la deuda impositiva y las multas por los ilícitos tributarios. La oposición ve un afán por recaudar recursos y hacer frente al pago del doble aguinaldo en el ámbito público

El proyecto de ley de Regularización de Adeudos Tributarios (perdonazo) que se encuentra en la secretaría general de la unidad de revisión de Diputados prevé otorgar más facultades al Servicio Nacional de Impuestos (SIN) y a la Aduana Nacional (AN) cuando estas requieran información financiera sobre los contribuyentes que están cometiendo algún ilícito en el ámbito nacional como en el internacional.

Al respecto, desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hacen notar que el darles mayor poder a ambas instituciones puede provocar la vulneración del derecho a la reserva y confidencialidad de las operaciones de particulares con entidades financieras, apelando a la simple presunción de la existencia del incumplimiento de obligaciones tributarias.

En una carta enviada a Juan Evo Morales, presidente del país, la CEPB señala que esta disposición legal pretende ampliar las facultades de las autoridades tributarias y vigorizar el accionar discrecional del SIN, “a partir de una lógica de persecución de los contribuyentes registrados en el padrón tributario”, sostuvo Ronald Nostas, presidente de la CEPB, que aclaró que la determinación, no se justifica porque la propia Ley de Servicios Financieros en la actualidad, posibilita que estas autoridades puedan acceder a la información bancaria, en el caso de que se precisara en un proceso de verificación en curso a fin de conducir procesos de fiscalización certeros.

“La CEPB considera que una medida de esta naturaleza desalienta, profundamente, las inversiones en el país, perjudicando de esta manera el logro de los importantes objetivos económicos y sociales que nos hemos trazado como sociedad”, subrayó Nostas.

Sobre el tema, Jorge Zogbi, ex superintendente tributario, sostuvo que el proyecto de ley persigue tres objetivos en el siguiente orden de importancia: ampliar la facultad fiscalizadora de la Administración Tributaria (AT), tanto a personas naturales y jurídicas, las primeras aunque no estén inscritas en el registro de contribuyentes con un NIT, a ser fiscalizadas través del levantamiento del secreto bancario. Es decir en adelante la AT podría requerir información a los bancos de toda persona esté o no esté registrada con un NIT o teniendo uno dentro de un proceso de fiscalización.

En segundo lugar, busca obtener ingresos adicionales para el Tesoro General del Estado con recaudaciones que ayudarán a mitigar el déficit y por último, beneficiar en menor medida a los contribuyentes con una reducción de sus deudas tributarias.

El perdonazo

Según el documento, las personas que tengan deudas y se registren hasta el 31 de octubre de 2018 y paguen al contado el tributo omitido, su mantenimiento y las multas tendrán una reducción del 95% de la sanción y no pagarán los intereses.

Hasta el 31 de enero de 2019 los infractores podrán pagar al contado sus impuestos y multas con un descuento de un 90% que no incluirá los intereses.

Kary Mariscal, diputada por Unidad Demócrata e integrante de la Comisión Económica de Diputados, sostuvo que este proyecto solo busca el ingreso de nuevos recursos que permita al Gobierno el pago de segundo aguinaldo en el ámbito público.

Desde la unidad de revisión de Diputados indicaron que la norma aún está siendo analizada en su parte técnica y legal y por ello no emitirán todavía un criterio.