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La denuncia contra Carlos Mesa por caso Quiborax llega al Tribunal Supremo de Justicia

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe definir si remite el caso a la Asamblea Legislativa que tiene la facultad de autorizar o no un juicio de responsabilidades

La proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado presentada en la Fiscalía General del Estado en contra del ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax ya se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que en los próximos días definirá si remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene  la facultad de autorizar o no un juicio de responsabilidades.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla confirmó que la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado, fue remitida por la Fiscalía a la Sala Penal el pasado 23 de mayo y serán los magistrados de esa sala las que dispongan la remisión de la misma a la Asamblea Legislativa para autorización de juicio de responsabilidades.

"La Sala Penal está analizando esa proposición acusatoria", dijo Revilla.

La Procuraduría denunció ante la Fiscalia al expresidente por delitos en la reversión de una concesión minera en el salar de Uyuni y un tribunal de conciliación dispuso que el Estado boliviano debe pagar más de 48 millones de dólares a la empresa Quiborax.

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Carlos de Mesa defiende la expulsión de Quiborax como si de una nacionalización se tratase. El hombre que gobernó Bolivia entre octubre de 2003 y junio de 2005, exigió al Gobierno revisar su decisión de remitir a la Fiscalía el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones decidió que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa mapochina. 

Según el procurador general, Pablo Menacho, las decisiones de Mesa se enmarcan en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. 

El exmandatario, que aseguró que la denuncia se apega a un plan de destrucción de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera negligente, ya que la Non-Metallic Minerals, subsidiaria de Quiborax en Bolivia, no había invertido ni un millón de dólares al momento de ser expulsada. 

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