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BOLIVIA

El caso del puente caído logró sortear 16 pericias

Los dos últimos alcaldes de Cochabamba están en el ojo de la tormenta. El avance de sus casos recuerda la historia de la liebre y la tortuga. Pero pese a la lentitud, el caso de Edwin Castellanos avanza, y él irá a juicio acusado de dos delitos.

La justicia permitió que el exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos se defienda en libertad y, durante el proceso, le concedió reducirle medidas sustitutivas como el arraigo y le flexibilizó la orden de presentación ante la Fiscalía de semanal a quincenal. Mientras, la acusación del caso del puente Independencia, que se cayó hace dos años y medio en Cochabamba, enfrentó un proceso técnico en el que se han presentado 16 pericias que retrasaron la fase preliminar de investigación.

Sin embargo, se logró una acusación en la que la exautoridad quedó imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El  viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, resaltó que ese no es un hecho menor, porque habría indicios en su contra y prometió que el Gobierno se convertirá en acusador en este caso. 

Pero todo eso sobrevino tras las denuncias relacionadas con el fiscal de Distrito de Cochabamba, Óscar Vera. En una grabación se lo escucha ejercer presión sobre tres subalternos para beneficiar al exburgomaestre del MAS. El hecho causó la susceptibilidad del alcalde José María Leyes por la velocidad con la que avanzó el caso mochilas, frente a la lentitud de la indagación del puente.

Tras la presentación de ese audio se hizo notar el cambio de tres fiscales que no acataron las órdenes del fiscal de Distrito de Cochabamba luego de la conversación grabada. El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía, Edwin Paredes, denunció que entre diciembre del año pasado y abril de 2018 se han cambiado siete fiscales. “Castellanos modifica sus medidas sustitutivas cuando quiere, otros implicados, igual.

La jueza ha suspendido decenas de audiencias, es por eso que nosotros incluso la denunciamos”, complementó el funcionario.

Se han realizado 14 pericias administrativas y dos técnicas emprendidas por la defensa de la empresa ejecutora y la supervisora porque la investigación se ha centrado en determinar cuáles fueron las causas que llevaron a la caída del puente. 

Castellanos aseguró  que la Alcaldía no ha colaborado, por eso se generó el retraso, “y que se ha abierto una batalla de las partes para presentar peritajes, pero todos llevan a que fue una falla en la construcción”, aseveró.

Paredes le respondió que cuando se trata de delitos que afectan al patrimonio del Estado, a partir de la sentencia que se logre en el proceso penal, igual se llegará al resarcimiento civil.

¿Hubo corrupción?, se le consultó. “Aunque sea un tema técnico, el no controlar la calidad de la obra es un delito de incumplimiento de deberes enmarcado en la corrupción. En cuanto a la conducta antieconómica, se generó daño al Estado; el alcalde no cumplió con su mandato”.
Como muestra, en el cuaderno de investigaciones se encuentra una pericia realizada por el Instituto de Investigaciones en Metalurgia realizado por la Universidad Mayor de San Andrés.

Cuando el supervisor de la obra, Nelson Vega, pidió la pericia, la Alcaldía no aceptó. De hecho, esa discusión –y el ingreso de un segundo perito– se enfrascó en un intercambio de memoriales que se tomó casi un año. 

La silicona, según el informe, genera una base de ácido acético y, al estar cerrado dentro de la estructura de hormigón, no permite la evaporación del ácido. Por eso este, en lugar de evaporarse, desciende, debilita la estructura porque corroe los dientes de las cuñas, los cimientos del puente, se detalla en el reporte. Fue así que, tras nueve meses, cayó el primer anclaje y, por efecto dominó, todos los demás.

El abogado de la Alcaldía, Macedonio Acebey, explicó que esa pericia fue mal realizada. “No nos opusimos, observamos su procedimiento y su resultado. Quien la metió no notificó a su perito y nos demoró, pero al final quedó fuera de curso en el expediente”. 

Para la concejal denunciante, Rocío Molina, el tema del puente es un “pendiente para Cochabamba”. “Dimos el mandato al Ejecutivo para que coadyuve y se convierta en parte querellante. El reproche sería para el alcalde y sus funcionarios, ¿por qué no aceleran el proceso?, ¿por qué ahora, que están en problemas, denuncian que se retrasó y en su momento no alertaron que avanzaba lentamente?”.

Castellanos pagó al inicio una fianza de Bs 50.000. Tenía arraigo, pero admitió que ha logrado que este se levante, “en resguardo de su derecho al trabajo como artista”. La ciudad de Cochabamba no tiene alcalde. Paredes se preguntó por qué la justicia no trata a todos por igual. El MAS sostiene que el caso de las mochilas es demasiado evidente.