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BOLIVIA

Con la nueva ley aumentó la coca en dos regiones

En el trópico de Cochabamba hay 700 hectáreas más allá de lo permitido, mientras que en Yungas de La Paz hay 9.000

En el año en que se aprobó la Ley Integral de la Coca, en 2017, Naciones Unidas registra un crecimiento de los cultivos en el país que ahora se enfrenta a la coca excedentaria tanto en Yungas como en Chapare.

Así lo confirmó el monitoreo de coca de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), que alerta que el mayor incremento en la producción tuvo lugar en Chapare, con un alza del 17%. Es decir, de 7.200 hectáreas en 2016 a 8.400 el año pasado.

Mientras que en Yungas aumentó solo del 1%, de 15.000 hectáreas a 15.200. En general, hubo un alza del 6%. El monitoreo de 2017 demuestra que la superficie de sembradíos en Bolivia subió de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 en 2017.

Ahora hay en Cochabamba 700 hectáreas más que las permitidas en la ley, mientras que en La Paz se registra una producción excedentaria de 9.000 hectáreas.

Hasta antes de la gestión 2017 estaba vigente la Ley 1008, que fijaba un tope máximo de 12.000 hectáreas. Chapare era una zona en transición. En la gestión de Carlos de Mesa, el entonces dirigente Evo Morales logró, tras una larga protesta, que se legalice el cato de coca hasta que se concluya un estudio de consumo legal, que no se terminó hasta el 2006, cuando el cocalero asumió la Presidencia.

En febrero de 2017, su gobierno aprobó la nueva ley que fijó un tope de 22.000 hectáreas: 14.300 hectáreas para los productores paceños y 7.700 para Cochabamba.

El analista Roberto Laserna comentó que la ley de la Coca, como la 1008, es tributaria de una concepción prohibicionista cuyo fracaso los gobiernos y los organismos internacionales se niegan a admitir. “El aumento de cultivos en algunas zonas servirá para introducir ajustes al modelo, cuando debiéramos abrir una revisión crítica de lo que se está haciendo. No solamente hay problemas de destrucción del medioambiente o de expansión de actividades delincuenciales, también hay el debilitamiento del Estado y de la actividad productiva agrícola”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, prometió más controles y resaltó que el equilibrio está en que, como señala el reporte, aumentaron las incautaciones.