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BOLIVIA

100.000 niños obligados a trabajar por la pobreza

Un total de 391.000 menores de 17 años que trabajan, muchas veces en oficios peligrosos, como ladrilleras, en obras de construcción e incluso en interior mina.

La respuesta más pronta que encuentran especialistas sobre la temática es que el trabajo infantil en Bolivia se da a causa de una situación de pobreza y también por situaciones "culturales" donde ello es aceptado. Sin embargo, existen voces de protesta que de ninguna manera aceptan justificación para que niños y niñas practiquen roles de adultos en desmedro de su formación y crecimiento.

 En Bolivia existen más de 100 mil niñas y niños trabajadores de entre siete y 12 años, según el Censo Nacional de 2012. Otros 289 mil son adolescentes entre 12 y 17 años, haciendo un total de 391.000 menores de 17 años que trabajan, muchas veces en oficios peligrosos, como ladrilleras, en obras de construcción e incluso en interior mina.

 Esas cifras colocan a Bolivia en los últimos lugares de protección infantil en el continente. La situación se agravó cuando el Legislativo aprobó en 2014 una ley que permitía que los menores de 14 años podían trabajar legalmente, algo que contravenía la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales suscritos por el país. Finalmente, en un fallo dado a conocer la semana pasada, el Tribunal Constitucional dictaminó que el artículo 129 del Código Niño Niña Adolescente es inconstitucional debido a esa causa.

 En un boletín del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) se detalla que los rubros donde se concentra la mayor cantidad de menores son el sector agropecuario, el comercio, manufactura y construcción. Además se establece que lo hacen por cuenta propia, con la familia o como aprendices no remunerados.

 En abril del 2016 el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que en el país existían más de 34.000 estudiantes (entre niños y adolescentes) "que trabajan, ganan un sueldo y estudian a la vez". Sumado a ello, según la representante de la Unión de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), Lizeth Reina Castro, en Bolivia hay más de 34.000 niños trabajadores que no estudian, indica un reporte de Página Siete de aquél año y mes.

 El trabajo infantil no se justifica

En más de una ocasión la polémica sobre este tema se ha instalado a nivel nacional e incluso internacional para con la situación boliviana. El principal punto de objeción y miramiento fue el artículo 129 del CNNA, de 17 de julio del 2014, que fija como edad mínima para trabajar los 14 años.

 Lo que causó controversia fue el parágrafo II de dicho artículo que permite autorizar de forma excepcional "la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral".

 Ante este escenario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mismo año de la promulgación de la norma, respondió que bajo ningún argumento se puede considerar estas actividades como algo "inevitable". "El trabajo infantil no puede justificarse como un 'mal necesario' ni como una estrategia de desarrollo. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil, entre otras medidas, mediante el establecimiento de pisos de protección social que los resguarden de la pobreza", se lee en un comunicado de la OIT al respecto.

 El cuestionamiento llegó al Estado también del lado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En un comunicado oficial, esta oficina indicó, al poco tiempo de darse a conocer el CNNA que una de las causas y consecuencia de la pobreza de un país es el trabajo infantil.

 Según datos de Unicef al 2014, el 58% de los niños trabajadores en Bolivia eran menores de 14 años y el 90% del trabajo de niños y niñas tenía un carácter informal.

 Ante todo este panorama, la investigadora del CEDLA Giovanna Hurtado Aponte, cree la persistencia del trabajo infantil en Bolivia se debe, entre otros factores, a que no se han desarrollado políticas activas para su erradicación y que más bien se han dictado medidas para facilitar el trabajo de los niños.

 "Mientras las políticas públicas continúen promoviendo un crecimiento económico con escasa generación de empleo productivo y mientras no se mejoren las condiciones laborales de los adultos, no habrán las condiciones para avanzar en su erradicación; más aún, mientras las políticas abran las compuertas a la demanda de trabajo infantil, el respeto integral de los derechos de los niños y niñas seguirá invariablemente amenazado", afirmó Hurtado a Brújula Digital.

 En esta misma línea, la Jefa de unidad de Defensa integral a la familia de la Defensoría de la Niñez de la alcaldía paceña, Jaqueline Llanos, es muy difícil erradicar el trabajo de niños y niñas. La necesidad de contar con políticas estatales de enfoque social y prevención sobre esta temática urge, afirma, para disminuir al máximo las cifras nacionales.

 El factor pobreza ahonda la situación

El psicólogo e investigador en temas de niñez Jorge Domic Ruiz, contactado por este medio, considera que el trabajo infantil está ligado a condiciones de pobreza familiar y también, más aún en el caso boliviano, a una situación cultural. En este último caso dice que "es más considerado como un valor social que coadyuva a su crecimiento y desarrollo".

 En ello coincide Llanos quien afirma que la pobreza y la carencia de roles parentales bien establecidos llevan a que los niños y niñas salgan a las calles a buscar sustento.

 "Hay situaciones que obligan a que los niños tengan que asumir roles de adultos, teniendo que ocuparse de la alimentación y vestido de ellos mismos y, muchas veces, de sus hermanos, de sus progenitores", comenta Llanos.

 Para la elaboración de esta nota periodística, Brújula Digital solicitó, de manera insistente, los puntos de vista de autoridades o especialistas del ministerio de Trabajo y de Justicia. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta de ninguna de estas instancias estatales.