El trabajo es extenso y por eso demandará sesiones prolongadas. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) prevé concluir hasta el jueves la lectura del informe de la comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, que analizó las gestiones gubernamentales desde 1985 hasta el 2005, y halló un daño económico de unos 21.000 millones de dólares.

Si bien el documento, de 2.700 páginas, dividido en tres tomos, identifica a 55 responsables, el MAS prefiere no anticipar las conclusiones ni tampoco las recomendaciones, aunque en su momento el titular de esa instancia, Rubén Medinaceli, anticipó que los pormenores del informe pasarán a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia y también a la Procuraduría General.

"La importancia de esta investigación no solo radica en temas de justicia histórica, de saber lo que pasó en el país, sino, para saber los daños económicos que se causaron al Estado en uno de los periodos más nefastos de la historia social y económica de Bolivia; es un tema de necesidad lógica, histórica y también de necesidad moral ante la historia de la que se requería hacer un balance del mismo y un informe muy estricto", señaló el vicepresidente Álvaro García Linera. 

La titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, afirmó que "todos esos gobiernos neoliberales incluidos los que hoy se postulan a la presidencia y vicepresidencia fueron parte de este proceso de capitalización (...) No se trata de investigar a personas, sino de un modelo económico que dejó a los bolivianos en la extrema pobreza, con la imposibilidad de desarrollo para nuestro país".

El texto abarca las acciones de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa e indica que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas; 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79%); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%).

Medinaceli adelantñó que el jueves se analizarán las acciones dentro de la administración de Carlos Mesa, hoy contrincante electoral de Evo Morales, mientras que las autoridades involucradas habrían incurrido en los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, ocasionando un daño económico al patrimonio del Estado.