Bolivia se encuentra entre los diez países con mayor sobrepoblación carcelaria en el mundo y es el cuarto a nivel latinoamericano. Se superó la escala crítica y este año se llegó al 256% de hacinamiento en los distintos centros penitenciarios. Y a eso se le suma otro condimento, que la situación de los reos es precaria e infrahumana. Este es un dilema que aún no fue resuelto por ningún Gobierno y cada día que pasa se convierte en una tarea casi imposible de cumplir.  

La Defensoría del Pueblo elaboró un documental en el que muestra la realidad de los 56 centros penitenciarios de Bolivia. Las imágenes  duelen por el nivel de vida que llevan los reos, que en realidad sobreviven en condiciones desalmadas e inclementes. 

“La situación es precaria, en su mayoría, infrahumana, como en la mayoría de los países del mundo. Lo más negativo es el hacinamiento, que excepcionalmente no existe en algunas cárceles de mujeres; conjuntamente se evidencia la falta de condiciones para las terapias de estudio y trabajo en términos generales, aunque en una parte de las cárceles un número importante de personas sí puede acceder”, relata el defensor del pueblo, David Tezanos-Pinto. 

La cifra de privados de libertad ya sobrepasó los 18.000 y las cárceles del país solo pueden albergar a 5.600 reos. La sobrepoblación llega al 256% y la cifra es una alerta para las autoridades. 

El director de Régimen Penitenciario, Jorge López, admite que existe un hacinamiento crítico y apunta que el 70% de los 18.000 privados de libertad no tienen una sentencia ejecutoriada. “El hacinamiento como fenómeno emergente de la sobrepoblación de establecimientos penitenciarios en principio es un resultado generado por la exagerada aplicación de la medida cautelar más gravosa en materia penal: la detención preventiva”, detalla. 

La autoridad, como plan gubernamental para mejorar la situación en las cárceles del país, enumera seis ejes temático: fortalecimiento institucional, coordinación del sector público-publico, público-privado, estrategias de reducción del hacinamiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento, programas de reinserción social estructurados y seguridad penitenciaria. Todos los planes tienen alcances a mediano y largo plazo, según López. 

“Consideramos que la temática penitenciaria, más allá de la voluntad política, encontrará solución cuando el sistema de justicia penal cambie de paradigma y considere que la privación de libertad no es la única respuesta al delito, y que la temática carcelaria se convierta en una transversal en todos los estamentos del Estado boliviano”, sugiere López. 

Récord negativo
Bolivia es el cuarto país en Latinoamérica con mayor cifra de hacinamiento carcelario, después de Haití, El Salvador y Venezuela. A escala mundial, 115 países se encuentran por encima del 100% de su capacidad carcelaria; 79 países superan el 120% de su capacidad, lo que se denomina un hacinamiento crítico; y 51 países están por encima del 150% de su capacidad, con un hacinamiento extremo. Bolivia se encuentra en este último peldaño, con porcentajes variados en las distintas penitenciarías, con un 256% de hacinamiento promedio. 

La cárcel de San Pedro, en pleno centro de La Paz, es un mundo dentro de una ciudad. Ahí existen nueve secciones y en todas se paga para poder sobrevivir. El dinero va directo a los delegados, quienes implementaron una especie de sistema de privatización en un penal público.
Horacio está en San Pedro hace tres años. Aún no tiene condena y prefiere no hablar del delito por el cual lo acusan. Se enfoca más en la situación dentro del penal. Llora, se amarga y algunas veces ríe. No tiene a ningún familiar en La Paz, él es de Tarija. Hizo pocos amigos en el panóptico y la mayor parte del tiempo se dedica a la carpintería, el oficio con el que mantenía a su familia antes de ingresar al mundo del delito. 

“Todo es dinero acá. Te cobran por el espacio donde duermes, que es muy pequeño y lo compartes con varios. Tienes que pagar para comer, tienes que pagar para vivir, prácticamente”, expresa Horacio, un hombre pequeño y que se califica con un buen jugador de fútbol. 

La misma situación atraviesa Pedro. Él admite que está acusado de robo. Está parado en la puerta central del penal de San Pedro junto a varios reos. Espera a los visitantes y les pregunta a quién busca. Le dan el nombre y corre gritándolo hasta dar con el individuo. De eso cobra cinco bolivianos. Ellos son los ‘taxis’ del penal.

Pedro pasa días difíciles. Está arrepentido porque arruinó la vida de su pequeña hija, que ahora tiene cinco años. Por ahora no tiene con quien dejarla y vive con ella dentro de la cárcel. Prefiere no mostrarla, pero seguro está perdida en el montón de menores que juegan entre acusados de asesinatos, violaciones u otros delitos. 

Relata que las noches son muy difíciles en San Pedro. Él abraza a su pequeña y ruega para que la oscuridad desaparezca. Quiere una mejor vida para su niña y está seguro de que en un futuro encontrará un familiar que la cuide mientras él cumple su condena. 

Como Pedro hay varios reos que viven con sus niños en el penal. Los niños y niñas tienen dos vidas. Una dentro y otra fuera de la cárcel. Son libres cuando salen a la escuela y logran distraerse por al menos unas horas, pero regresan y se vuelven a inmiscuir en ese mundo desalmado. 
San Pedro tiene nueve secciones: La Cancha, Los Pinos, Chonchocorito, El Palmar, Guanay, Los Álamos, San Martín, La Prefectura y La Posta. Para ingresar a esta última sección un reo debe pagar 4.000 dólares. Ya adentro, se le cobra por alquiler o anticrético del espacio donde dormirá. Lo mismo sucede en las otras áreas, pero con diferentes precios, que son manejados por delegados. 

La mano de la Iglesia

La Pastoral Penitenciaria, que es un brazo social de la Conferencia Episcopal Boliviana, identifica cada año los temas delicados que se viven en los recintos penitenciarios del país. En esta gestión se observa que los prediarios son insuficientes y que no llegan en los plazos que corresponden; el hacinamiento continúa debido a la lentitud de los operadores de justicia; el tema presupuestario y el proceso de rehabilitación de cada privado de libertad. 

El padre Leonardo da Silva Costa fue coordinador nacional de la Pastoral Penitenciaria de Bolivia. El sacerdote volvió a su país, pero explica que la organización religiosa tiene presencia en todas las cárceles y que cuenta con agentes que no cobran un salario. 

“Se intervino en todas las cárceles y tenemos el rol de animación, articulación, formación, monitoreo y el trabajo de incidencia”, destaca da Silva, quien además recalca que se asiste a los niños y niñas que viven en los penales y también se da ayuda jurídica a los privados de libertad. 

Tezanos-Pinto identifica a las carceletas de Montero, en Santa Cruz, Riberalta y Guayaramerín en Beni, como los centros con el nivel de hacinamiento más alto y dramático del país, lo que sobrepasa cualquier descripción. “El documental Cárceles y carceletas de Bolivia, producido por la Defensoría del Pueblo, es elocuente y para muchos es muy revelador”, elogia el defensor. 

Palmasola es otro caso crítico. Es considerada la cárcel más peligrosa de Bolivia, pero a eso se suma que también un reo, al igual que en San Pedro, tiene que pagar para poder sobrevivir en un mundo infrahumano. Tiene 33 sectores y todos ellos son administrados por los delegados de la cárcel. 

La más requerida

El área más requerida es el PC-4, donde los reclusos llegan a pagar hasta 3.000 dólares de alquiler por un lugar donde pasar su condena. Eso sí, el ambiente tiene todas las condiciones y hasta elementos de lujo, como un gimnasio particular, internet abierto y televisión por cable. 

En los otros pabellones se edificaron casas de dos plantas construidas por los mismos reos. Antes de alquilar piezas el preso es interrogado por los delegados o “encargados de disciplina”. Les piden sus datos personales, el de sus familiares, qué bienes tienen y basados en eso deben pagar el derecho de piso. El preso es investigado y si detectan que mintió, es castigado y la suma a pagar sube. Estos datos  comprobó EL DEBER en un reportaje realizado en junio de esta gestión.  

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, a mediados de este año, reconoció los problemas crónicos de la realidad carcelaria del país y apuntó el colapso de los reclusorios de Montero, además de admitir que los mayores índices de hacinamiento se dan en Palmasola y en el penal cochabambino de San Roque.

Igual que López, la autoridad considera que las decisiones judiciales de enviar a cárceles a detenidos preventivos es el factor principal para que haya sobrepoblación carcelaria en el país. 

“Podemos construir más cárceles, pero mientras el sistema de justicia aplique como regla la detención preventiva en casos que no se justifican, siempre tendremos una población penitenciaria creciente permanente”, apuntó.

Otro aspecto que se transformó en un reto es la necesidad de que los reclusos puedan reinsertarse en la sociedad luego de cumplir su condena. El defensor del Pueblo cuestiona las “carencias” que existen en la “crisis del sistema” para que un recluso pueda reincorporarse.
“Cuando se escucha a quienes se aprisiona preventivamente o condena, uno puede sorprenderse con el trabajo, esfuerzo y voluntad con el que muchos enfrentan su situación y el deseo de volver con libertad de locomoción a la vida en sociedad, pese a la insuficiencia o carencia de condiciones”. 

Unir esfuerzos, una solución

El defensor del Pueblo pide al Gobierno central y a los subnacionales unificar la batalla para solucionar el eterno problema carcelario en el país. El ministro Carlos Romero también pide lo mismo a los entes autónomos 

La reforma judicial es de lejos la mejor forma para que los detenidos preventivos no lleguen a colapsar las cárceles del país. Pero hay más propuestas y una de ellas la lanza el defensor del Pueblo, David Tezanos-Pinto, quien sugiere a las autoridades nacionales y regionales articular esfuerzos para mejorar la situación carcelaria de Bolivia. 

“Será determinante articular el concurso de los diferentes niveles de gobierno (municipal, departamental y central)  en el marco de un plan que puede ser quinquenal, cuatrienal o trienal. Asimismo, será importante dejar sin efecto aquellas normas punitivas. Todos los sistemas penales fracasan porque no son la solución a problemas o falencias en la prevención”, remarca el defensor del Pueblo. 

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hace eco de esa propuesta. La autoridad plantea la necesidad de apoyo en las inversiones de los gobiernos subnacionales para la construcción de más centros penitenciarios, algo que por ahora no está en mente de las gobernaciones del país por la reducción de sus recursos económicos. 

Como otra alternativa, Romero presentó en 2016 un anteproyecto de ley que autoriza el traslado de la cárcel de San Pedro a lo que es ahora Chonchocoro, el cual debería pasar a otro lugar. Para ese afán se invertiría Bs 100 millones. Hasta la fecha la iniciativa no fue aprobada y quedó estancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Como otros planteamientos para los demás reclusorios de Bolivia, el ministro Romero pide, en este proyecto de ley, más cámaras de seguridad, separación de funciones de seguridad y tareas administrativas de Régimen Penitenciario entre el ámbito policial y civil.   

Proyecto de Romero

control de llamadas.  El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó en 2016 un anteproyecto de ley con la intención de mejorar la situación carcelaria del país. La iniciativa, estancada ahora en el Legislativo, propone la instalación de cámaras de videovigilancia y de registro biométrico en las afueras de la cárcel. También plantea interceptar las llamadas que realizan los privados de libertad hacia afuera. 

Tecnología. La propuesta también reúne medidas tecnológicas para un mejor control a los privados de libertad. Una de ellos es la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los centros penitenciarios del país. Además, se habilitarían sistemas de control. 

Funciones. Otro aspecto es la separación de funciones de seguridad y tareas administrativas de Régimen Penitenciario entre el ámbito policial y civil. Es decir, la Policía cumpliría un rol netamente de seguridad y no se dedicaría a temas de administración. Esta función sería ejecutada por personal civil a cargo de Régimen Penitenciario. 

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