Luego de más de 30 horas de deliberaciones, el jurado civil que debe determinar si Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín son responsables de la masacre de octubre negro, no ha llegado a un acuerdo y no sabe cuándo podrá tener listo su veredicto, sobre el que lleva deliberando desde el lunes 26 de marzo.

El juez estadounidense James I. Cohn, a cargo de este juicio para determinar si los dos son responsables de las muertes de ocho civiles en las protestas sociales registradas en Bolivia en el año 2003, comunicó a las partes ese aviso que le hizo el jurado durante un receso de sus deliberaciones.

Cohn calificó como ‘inusual’ y ‘frustrante’ el que hayan pasado más de 34 horas reunidos y no le hayan comunicado si están cerca o si están progresando y tampoco le hayan hecho preguntas acerca de aspectos tratados en el juicio.

Al cabo de ocho horas y media de reuniones, el jurado, compuesto por 10 personas abandonó el tribunal sin haber dado un veredicto, por lo que mañana deberá seguir deliberando.

Ni los demandantes, familiares de ocho del más de medio centenar de personas muertas en las protestas que derivaron en la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada, ni los demandados acudieron hoy al tribunal en Fort Lauderdale (Florida).

Los abogados mostraron su inquietud por la tardanza del jurado en determinar si ambos acusados son responsables de las muertes y cuánto deberán pagar como compensación a los demandantes.

Los letrados que representan al expresidente y al exministro de Defensa apuntaron que, aunque no se haya dicho así, es evidente que hay un "punto muerto".

Se mencionó incluso la posibilidad de poner en marcha un mecanismo mediante el cual el juez puede ayudarles a salir del estancamiento sin influir en su decisión, pero Cohn precisó que solo podría activarse si el jurado comunicara que no puede ponerse de acuerdo, lo que no ha hecho.

El jurado empezó a deliberar el lunes 26, después de que ambas partes presentaran conclusiones finales, y desde entonces ni el dos veces presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) ni su ministro de Defensa han pisado el tribunal.

El juicio es consecuencia de una demanda civil presentada por Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.

Mientras que para Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, está probado que los dos   "precipitaron las muertes" de civiles al implementar el Plan República, para Ana Reyes, abogada de la otra parte, es “irrefutable" que no hay evidencia alguna de que el expresidente y el exministro ordenaran a los soldados matar civiles.