Las familias de las víctimas de ‘octubre negro’, que impulsaron el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, saludaron el primer fallo del jurado de la corte de Fort Lauderdale y después de 14 años, cinco meses y 20 días de la salida del exmandatario, encontraron justicia en una corte de EEUU.

Al término de la audiencia, los abogados que patrocinaron a las víctimas, el Centro de Derechos Constitucionales; la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard; y los bufetes de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, y Akerman LLP, encabezados por el joven abogado Thomas Becker, ofrecieron una conferencia de prensa en puertas de la Corte de Fort Lauderdale y dijeron que, por el momento, se debe esperar la resolución del juez, el 4 de mayo, pero que la respuesta del jurado fue lo que esperaban en este tiempo y por lo que trabajaron.
Mientras, en Bolivia, Patricio Quispe y el abogado Rogelio Mayta saludaron el fallo, pero llamaron a la prudencia porque aseguraron que los acusados no aceptarán la decisión sin realizar una acción legal.

“Pero aquí se demostró que las versiones de que en 2003 hubo dinero de Cuba, que llegaron guerrilleros para desestabilizar, eran falacias, Sánchez Berzaín se refugió en acusar a otros ministros de sus propios actos y Sánchez de Lozada se refugió en su edad para no responder por sus actos; pero diez jurados han encontrado responsabilidad y eso es lo que nos tiene que importar”, dijo el abogado Mayta.

Para todos
Quispe afirmó que no se puede pensar que la demanda millonaria que interpusieron será cobrada de inmediato y dijo que pasará mucho tiempo antes de que se efectivice ese cobro.



“No vamos a cobrar mañana, hay mucho camino, seguro que Gonzalo Sánchez de Lozada va  a apelar, entonces los abogados nos dijeron que tenemos que seguir y sabemos que Goni sigue teniendo influencia y, por tanto, hay que esperar primero el 4 de mayo”, dijo a la prensa.

Asimismo, adelantó que el dinero que se logre de este juicio no solo beneficiará a los demandantes, sino al conjunto de las familias víctimas de la ‘guerra del gas’, “pero eso es adelantarse mucho, ya vamos a hablar más adelante”, dijo el dirigente.


En Chonchocoro

Dos familiares que perdieron a sus seres queridos en 2003, Olga Quelca y Carmen Calle, afirmaron que la intención de las víctimas nunca fue lograr el resarcimiento de dinero y que lo único que pensaron es ver a los dos responsables de las muertes presos en Chonchocoro.

“Los abogados nos han dicho que puede llegar, entonces que llegue, mi hijo no tiene precio, yo quiero ver en Chonchocoro a estos asesinos, ellos han matado y tienen que pagar para que otros presidentes tampoco maten al pueblo”, dijo Olga Quelca, una septuagenaria mamá que perdió a su hijo Fidel en 2003; era un muchacho que ese año debía salir bachiller del colegio José Ballivián, en Villa Ingenio.

“Mi esposo era Roberto Huanca y por culpa de ellos (las exautoridades) mis hijos no conocen Día del Padre, desde que él murió yo tuve que salir a trabajar y sacar a los dos adelante sin ayuda de nadie. Nosotros no buscamos dinero, nosotros queríamos sentar en el banquillo a estos delincuentes, los abogados dijeron que se podía y por eso impulsamos el juicio”, dijo Carmen Calle, que tiene dos hijos.