El ministro de Obras Públicas informó que solo el 40% de las soluciones habitacionales está ocupado por familias de escasos recursos. Interesados no podían cumplir requisitos o solo fueron promesas políticas

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8 de enero de 2020, 3:00 AM
8 de enero de 2020, 3:00 AM

Por varias irregularidades, tanto en su construcción como en los trámites de entrega, solo el 40% de las soluciones habitacionales edificadas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la anterior gestión está ocupado. El Gobierno de transición prevé un programa para dotar de estas viviendas a las familias necesitadas de un techo. Mientras tanto, se paralizarán los proyectos de construcción hasta que se entregue al menos un 90 a 95% de las ya edificadas.

“Varias edificaciones del programa de vivienda social del anterior Gobierno están fuera de norma y no hay el derecho de propiedad horizontal. Tenemos 17.000 soluciones habitacionales en departamentos o casas. De ese total, apenas el 40% está ocupado. Contamos con presupuesto y una planificación para construir 20.000 casas más. Pero sería un contrasentido que no ocupemos las que existen y empecemos a construir nuevas”, dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

Entre otros ejemplos, enumeró el condominio Altos de Cotoca en Santa Cruz, donde hay 960 departamentos totalmente vacíos. Lo mismo ocurre en un condominio estatal en Cochabamba.

En ese sentido, dijo que entre las prioridades de su ministerio está la aplicación del plan Construir Caminos a Casa, que tomará acciones para que se ocupe un 90 o 95% de las soluciones habitacionales que existen “para proceder a construir nuevas viviendas”.

Según el Gobierno del MAS, entre 2006 y 2019 se entregaron un total de 164.412 soluciones habitacionales en todo el país.

Otras irregularidades

En los informes preliminares que han obtenido las nuevas autoridades de esa cartera de Estado, se identifican otras irregularidades que habrían venido sucediendo en el campo de la vivienda estatal.

“Se construyeron condominios en lugares donde no se necesitaba. Como eran proyectos llave en mano, las empresas adjudicadas no cumplieron con los requerimientos, faltando inclusive a los contratos. Cuando se concluyeron, no se tienen documentos de propiedad horizontal o la autorización era para tres plantas, pero por órdenes superiores, se hicieron 12 pisos. Había obras que solo fueron promesas políticas”, denunció el viceministro de Vivienda, César Cladera.

Explicó que las auditorías que se realizan desvelarán el daño económico al Estado e identificarán los delitos. “En base a eso, se presentarán procesos”, añadió.

Se intentó encontrar a las exautoridades del anterior Gobierno, pero no se los encontró.

Beneficio de pocos

Por su parte, el diputado Amilcar Barral lamentó que estos programas de vivienda social hayan sido aplicados para beneficiar solo a pocos grupos de personas.

“La construcción de viviendas solo fue para beneficiar a unas cuantas personas y, sobre todo, a empresas que eran adjudicadas directamente. Hay lugares donde no se necesitaban estas viviendas y que igual las construían. Muchas de ellas, sin ser ocupadas y al final se vinieron abajo por la mala construcción y el robo del material. Todo eso fue un negociado con la necesidad de la población”, manifestó.

Daños anteriores

El año pasado, el entonces viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, exigió el esclarecimiento de un supuesto negociado en la construcción y adjudicación de las viviendas sociales de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en Chuquisaca.

En su discurso del 22 de enero de 2019, el expresidente Evo Morales daba a entender de irregularidades, cuando reveló que “algunos dirigentes se aprovechan del programa estatal de vivienda, logrando tener dos casas”.

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