Informe revela que Sabsa no fue nacionalizada pese al pago de $us 38,2 millones

En 2017, producto del Decreto Supremo 1494, de 2013, donde se determina la nacionalización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), el Estado compró las 66.374 acciones que estaban en manos españolas, pero se olvidó de tres, por lo que a pesar de desembolsar $us 38,2 millones, no pudo concretar el proceso mencionado.

Esta ‘amnesia’ del Gobierno del MAS es detallada en el informe del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Mopsv), del actual Gobierno de transición, que en 17 presentaciones en PowerPoint brinda un apretado resumen de supuestos actos irregulares que son observados desde la cartera de Iván Arias, ministro de Obras Públicas y Vivienda.

En el documento se indica que en 2013 se determina la transferencia de las acciones de Sabsa al ministerio, mientras la empresa española Abertis, propietaria mayoritaria de esas acciones, demanda ante el Tribunal de Resoluciones de Disputas de París (Francia). Por lo que en 2017 el Estado debió pagar Bs 160 millones ($us 22,8 millones) a Abertis y en 2019 con el objeto de consolidar dicha nacionalización el Estado asumió pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales por un valor de Bs 108 millones de bolivianos ($us 15,4 millones).

Sin embargo, al no comprar las tres acciones restantes que están en manos de personas naturales el proceso de nacionalización nunca se completó, por lo que la institución quedó en un limbo legal. No ingresó a la Ley de Empresas Públicas y siguió funcionando como una S.A.

Al respecto, José Luis Linares, analista económico, dijo que esta situación permitió una administración y manejo discrecional de Sabsa en donde sus autoridades ejecutivas realizaron actividades irregulares, en donde los favores políticos y de amistad afectaron el desempeño de la institución.

“No concretar la nacionalización permitió que se puedan realizar los ‘maquillajes financieros’, la contratación excesiva de trabajadores, aprovechar el tráfico de influencias y realizar obras sin cumplir con los pasos formales y legales”, precisó Linares.

Transparentar la actividad

En el documento del ministerio se hace notar que de enero a septiembre de 2019 se pagó Bs 500.000 solo a cuatro funcionarios, mientras que en el periodo electoral se contrató a 70 trabajadores, generando un incremento en la planilla de salarios.

Al respecto, Roberto Cortez, gerente nacional de Sabsa, sostuvo que entre 2012 y 2019 la cantidad de trabajadores aumentó de 415 personas a 858, generando que la planilla de salarios suba de Bs 53,1 millones a Bs 124,9 millones, lo que significa un incremento del 135%.

“Este aumento injustificado y discrecional no hizo otra cosa que crear problemas en el desempeño de la entidad, que en breve tiempo tuvo dificultades para cumplir con sus trabajadores”, indicó Cortez, que remarcó que el favorecimiento con cargos a familiares, amistades de gerentes y autoridades de Gobierno se pudo concretar al suprimir las unidades de auditoría interna y transparencia.

En cuanto al tráfico de influencias, Cortez detalló que se destinaron para la compra de equipamiento e infraestructura unos Bs 412 millones, de los cuales el 61% se adjudicó en forma directa.

“Las adjudicaciones recurrentes a grupos de empresas ajenas al sector, la invitación a compañías inexistentes, la ejecución de obras sin contratos, la contratación de empresas sin experiencia específica en el sector aeronáutico, fueron el comportamiento habitual de las autoridades ejecutivas”, remarcó el gerente nacional de Sabsa.

Según la autoridad transitoria, los puntos más importantes que se deben modificar para transparentar la actividad de la institución son realizar una auditoría para verificar los distintos contratos y conocer en su verdadera magnitud la existencia de las empresas seleccionadas.

También se contempla reducir gastos administrativos que no generan beneficio y verificar los distintos trabajos realizados y así conocer la calidad de los mismos.