Economía, explicaciones más claras y verdades que pesan

Sergio G. Villarroel Böhrt 

Recientemente, el ex Ministro Arce trató de justificar otra vez el derroche de recursos en su gestión, recurriendo a viejas y sesgadas interpretaciones que no aguantan una evaluación de primer año de economía. Empezaré por el tema tributario que hoy me atañe como cabeza de sector. Arce indica que las actuales políticas estarían poniendo en peligro las fuentes impositivas y no hay nada más alejado de la verdad. Las recaudaciones a diciembre gozan de buena salud, ya que la meta anual agregada que él mismo impuso a la Aduana y al Servicio de Impuestos en el Presupuesto 2019, fue alcanzada e incluso superada por aproximadamente 1,8%, a pesar de los conflictos promovidos por él y su partido entre octubre y noviembre.

Arce también hace referencia al incremento de ingresos como consecuencia de la ‘nacionalización’ de hidrocarburos, y que esto podría revertirse con las supuestas políticas neoliberales del Gobierno de transición. Aquí solo cabe aclarar que los que entienden de política económica siempre supieron que lo que hubo en Bolivia no fue una nacionalización, sino más bien una renegociación de contratos de exploración y explotación; y que el flujo de recursos fue como resultado del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), creado el año 2005 antes de la gestión de Arce. Hoy en día, la excesiva carga fiscal a la que están sujetas las empresas petroleras, que inhibe la inversión en exploración, está siendo analizada, pero por simple racionalidad económica y no por un afán neoliberal que, entre otras cosas, fue la palabra favorita del ex Ministro para descalificar todo aquello que no entendía o no podía defender con argumentos técnicos.

Pasando ahora a lo que Arce considera como ‘lo más importante’, es decir el incremento del PIB, una de las primeras cosas que se aprende en cursos de macroeconomía es que las comparaciones de series temporales no pueden efectuarse en términos nominales, sino más bien en reales, simplemente porque la inflación podría estar explicando gran parte del incremento observado en los datos nominales. En este caso el exministro trata de confundir pasando los datos nominales a dólares, pero olvida que incluso el dólar experimenta cierta inflación de año a año. Aplicando la metodología de forma correcta, lo que correspondería es comparar el PIB boliviano de 2005 en dólares constantes (base 2010), que equivale a $us 15.696,6 millones, con el de 2018 que llegó (repito en términos constantes) a $us 29.058,5 millones. Así se puede ver que dicho PIB real ni siquiera llegó a duplicarse, echando por tierra la interpretación antojadiza de que se habría incrementado en ‘5 veces más’.

Respecto al sustancial incremento de la inversión pública y su repercusión en la economía, no cabe duda que la misma tuvo un impacto importante al principio, como es usual en condiciones de tipo de cambio fijo y libre flujo de capitales, pero luego los rendimiento de dicha inversión se hicieron gradualmente decrecientes y lo que consiguieron es desplazar a la inversión privada, provocando lo que en la literatura se conoce como ‘crowding-out’ (seguramente alguien allá en México podrá ayudarle a traducir el término). 

El error de principiante fue considerar que una política fiscal expansiva, normalmente útil en el corto plazo para estabilizar el ciclo e incrementar el PIB, podía convertirse en una alternativa de crecimiento a largo plazo, apelando al atractivo argumento de que el motor que estaba dinamizando el crecimiento era la ‘demanda interna’. 

Esta confusión de temporalidad entre el corto y largo plazo de la política económica es muy común, pero en cursos más avanzados de crecimiento se evidencia que fomentar de manera permanente la demanda interna a través de políticas fiscales y monetarias muy expansivas, solo induce a un sobrecalentamiento de la economía y ejerce presión sobre el tipo de cambio. A largo plazo lo que promueve el crecimiento es la acumulación de capital (físico y humano), la productividad laboral y la tecnología; y a muy largo plazo la solidez de las instituciones. Nada de esto fue debidamente debatido en los últimos 14 años.

En cuanto a los bonos y la reducción de pobreza, ciertamente la política del anterior Gobierno tuvo un impacto, pero igual con varios bemoles. Existen estudios como el de PNUD (2013), que muestran como el crecimiento de la economía determinó la reducción de pobreza en 56,9%. 

Esto puede ser muy volátil, puesto que ante una reversión del shock externo positivo, y su posterior repercusión en la ralentización del crecimiento, las familias que salieron de la pobreza volverían a estar en situación de vulnerabilidad. En realidad, más que los bonos fue la política de incrementos salariales permanentes la que permitió reducir la pobreza, pero a costa de introducir rigideces en el mercado laboral y contraer la oferta agregada. 

También cabe hacer notar que los tan mentados bonos son en realidad Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE) no fueron un invento del anterior Gobierno, puesto que se vienen implementando en toda la región Latinoamericana desde finales de los años noventa y principios del milenio. 

En Bolivia las TCE representan de forma agregada un monto muy bajo cercano al 1,4% del PIB y la focalización de beneficiarios deja mucho que desear, ya que una buena proporción de los que reciben dichas TCE en realidad no las requieren en su integridad. Esto recuerda al potentado que gana $us 10.000 y distribuye para limpiar su conciencia apenas $us 140 entre un puñado de indigentes, sin percatarse que, en realidad, algunos de ellos llevan disfraz. 

El actual Gobierno ya anunció que continuará con estas TCE, pero a las próximas autoridades electas de manera democrática y transparente, les tocará evaluar no su eliminación, sino su administración de forma más eficiente.