Empresa Heinsohn hará respetar sus derechos ante Gestora Pública

La decisión del Gobierno de dejar sin efecto el contrato con la empresa colombiana Heinsohn encargada de proveer el software a la Gestora Pública, ya tiene su primera reacción: la firma extranjera anunció que hará respetar sus derechos e intereses, a tiempo de rechazar cualquier acto de corrupción.

Luis Fernando Jaramillo, representante legal de la firma extranjera aseguró que durante el proceso de contratación para la provisión de software especializado que iba a permitir la implementación del Sistema Integral de Pensiones de Bolivia, la empresa a la que representa siempre actuó correctamente y enmarcada en la legalidad.

Jaramillo remarcó que el documento notariado de intención de resolución de contrato que recibió de parte de la Gestora, indicó textualmente como causales: como consecuencia de caso fortuito (conmociones civiles, paros cívicos y bloqueos) producidos durante octubre y noviembre de la presente gestión en Bolivia precautelando los intereses del Estado.

“La Gestora no puso en conocimiento de nuestra empresa los fundamentos ni supuestas observaciones que originaron dichas causales, las que bajo ningún sentido son y podrían ser atribuibles al proveedor. Esto además lo confirma la información verbal que recibimos de la Gestora Pública en la última reunión, sostenida en La Paz el 23 de diciembre, en la que –sin mostrarnos los resultados– nos explicaron que la auditoría realizada por el Ministerio de Economía de Bolivia al proceso de contratación mostraba que las observaciones recaían única y exclusivamente en la responsabilidad interna de la Gestora Pública, no así en la empresa Heinsohn”, indicó Jaramillo.

Ante esta decisión, el representante legal aclaró que en sus 42 años de existencia, la firma, ni sus socios, ni sus empleados han estado ni están incursos en procesos por corrupción o similares en los países donde han desarrollado y desarrollan proyectos.

Por lo cual, el ejecutivo de la empresa precisó que Heinsohn hará prevalecer sus derechos, intereses e imagen institucional en cualquier foro y jurisdicción que así sea requerido.

 ¿Qué se viene?

El contrato con la firma foránea es de $us 10,9 millones y de acuerdo con Iver Von Borries, especialistas en contratos comerciales, lo primero que se debe conocer es la naturaleza jurídica del contrato y en segundo lugar la cláusula de soluciones de controversias.

El experto precisó que la naturaleza jurídica del contrato puede ser de carácter administrativo o civil-comercial.

“Considero que este contrato es de naturaleza administrativa, entonces si el Gobierno logra demostrar y comprobar que hay irregularidades, cualquiera sea la jurisdicción elegida para superar los problemas, este puede dejar sin efecto el contrato, pues se activa la cláusula de resolución de conflictos. Sin embargo, si no logra demostrar eso actos irregulares la parte afectada puede defender sus derechos y llegar a reclamar un resarcimiento”, analizó Von Borries.

Cabe recordar que Osvaldo Jáuregui, viceministro de Pensiones, el 27 de diciembre, explicó que luego de realizar una auditoría se detectaron distintas irregulares por lo que se optó por dejar sin efecto el contrato don la firma colombiana.