No existe el delito perfecto
William Herrera Áñez
JURISTA
Evo Morales y Álvaro García Linera tenían previsto eternizarse en el poder al estilo de los Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela, y planificaron todo el proceso electoral a la medida de sus objetivos e intereses políticos. El Órgano Electoral era, en esta trama delincuencial, el brazo operativo del fraude electoral en Bolivia.
La consumación del hecho delictivo se hizo en presencia de casi 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Estos veedores compartieron la “escena del crimen”, que consistió en el cambio de tendencia que estaba en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo nacional, que se realizó hasta las 19:40 del mismo domingo electoral, así como la suspensión abrupta del conteo por más de 20 horas, y cuando lo retomaron al 95% del total del conteo, el cambio inexplicable que dio como ganador al candidato oficial Evo Morales.
Las pruebas han demostrado que el andamiaje montado para el fraude, no fue obra sólo de los vocales imputados y detenidos, sino de un esquema político que planificó el crimen con meses de anticipación, con mucha minuciosidad, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico especialmente dirigido para lograr los propósitos del régimen. Y como la planificación del fraude era evidente, el gobierno aceitó toda la maquinaria estatal y montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional.
La ejecución del fraude comenzó, en efecto, con la abusiva habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Aquí se mostró de cuerpo entero el Tribunal Supremo Electoral que estaba al servicio de la reelección indefinida del gobierno masista. En realidad ya había desconocido el referéndum del 21 de febrero de 2016, y tenía allanado el primer paso para llegar al objetivo central: manipular los resultados y proclamar ganador al binomio ilegal e inconstitucional.
El gobierno de Evo Morales buscó minimizar el conflicto como si se tratara de una pequeña diferencia de votos; sin embargo, lo que comenzó como un acto delincuencial de manipuleo de votos y cambio de resultados dejó de ser un conflicto doméstico para convertirse en un mayúsculo problema político. No se trataba de un simple cambio de resultados (que no era un detalle menor) sino de la propia perversión del proceso electoral, y el robo del voto ciudadano. Todo el proceso electoral estaba contaminado y tenía que anularse por la salud de la democracia.
El Tribunal Supremo Electoral ha cometido, al menos, los siguientes delitos electorales: a) Ilegal ejecución del proceso electoral, ya que habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera en contra del mandato expreso del artículo 168 de la Constitución y el referéndum del 21 de febrero de 2016; b) Manipulación informática ya que cambiaron la tendencia y los resultados al realizar el cómputo nacional; Inducción al voto por parte de los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que se les permitió seguir con la propaganda política antes y durante la pausa electoral, camuflada de gestión de gobierno, así como el uso indebido de los bienes del Estado; c) Alteración y Ocultación de resultados, ya que ha habido una suspensión del conteo y cambio de los resultados, todos estos delitos se encuentran previstos y sancionados en el inciso a), j), k), e i) del art. 238 de la Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010. El Colegio de Abogados de Santa Cruz formalizó una denuncia y el Ministerio Público comenzó el proceso penal, y en cuestión de horas ya guardaban detención preventiva los vocales supremos María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz e Idelfonso Mamani, así como 34 vocales electorales departamentales.
En el proceso judicial tiene que ampliarse, investigarse y sancionarse a los candidatos fraudulentos, y demás co-autores del hecho penal, de modo de sentar un precedente para evitar que se repita semejante robo del voto ciudadano que no sólo degrada y pervierte los principios y valores democráticos sino además toda actividad política.
